La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la arquitectura de paz y seguridad internacional, ordenó este viernes 26 de enero a Israel “tomar todas las medidas” posibles para “prevenir” un genocidio en Gaza, así como facilitar la ayuda humanitaria para los pobladores de esa región de Palestina.
Asimismo, “Israel también debe tomar medidas efectivas para impedir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos comprendidos en el ámbito del artículo segundo y el artículo tercero de la Convención sobre el Genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza“, dijo el tribunal.
“El tribunal considera además que Israel debe tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza”, agregó la Corte.
No obstante, la Corte no se ha pronunciado sobre el cese de las operaciones militares por parte de Israel, tal y como había solicitado el Estado de Sudáfrica denunciando una “conducta genocida” en Gaza, aunque los jueces sí exigen que Israel “garantice con efecto inmediato que sus militares no cometan” actos de genocidio.
Las medidas provisionales, que son “de obligado cumplimiento” si bien el tribunal no dispone de medios para hacerlas cumplir, son un tipo de medida cautelar antes de que se adopte una decisión definitiva sobre el litigio, sobre el que es probable que pasen años antes de que se dicte sentencia.
La Corte Penal Internacional admite en la explicación de su decisión que “al menos algunos de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicita protección son plausibles”. En concreto, asegura la CIJ: “Este es el caso con respecto al derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio y actos prohibidos conexos (…) y el derecho de Sudáfrica a exigir el cumplimiento por parte de Israel de las obligaciones de este último en virtud de la Convención”.
En varios párrafos, la corte explica en qué basa esas afirmaciones. “El Tribunal observa que la operación militar llevada a cabo por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 ha causado un gran número de muertos y heridos, así como la destrucción masiva de viviendas, el desplazamiento forzoso de la gran mayoría de la población y grandes daños a la infraestructura civil”, indica el tribunal.
Y añade que, aunque las cifras no pueden verificarse de forma independiente, “la información más reciente indica que 25,700 palestinos han muerto, se han registrado más de 63,000 heridos, más de 360,000 viviendas han quedado destruidas o parcialmente dañadas y aproximadamente 1.7 millones de personas han sido desplazadas internamente”.
La Corte también recoge los informes de una misión al norte de Gaza de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que indicó que, a 21 de diciembre de 2023, “un porcentaje sin precedentes del 93 por ciento de la población de Gaza se enfrenta a niveles de crisis de hambre, con alimentos insuficientes y altos niveles de malnutrición”.
El informe agregaba que, al menos uno de cada cuatro hogares, enfrenta “condiciones catastróficas”: experimenta una falta extrema de alimentos e inanición y ha recurrido a la venta de sus posesiones y a otras medidas extremas para poder permitirse una simple comida.
El tribunal también refleja otras declaraciones de diferentes agencias humanitarias de la ONU en las que se recoge que “este ha sido el mayor desplazamiento del pueblo palestino desde 1948 y que la actual guerra afecta a más de dos millones de personas, literalmente toda la población de Gaza” o que la crisis de Gaza “se ve agravada por un lenguaje deshumanizador” de los palestinos.
“La Corte también toma nota de un comunicado de prensa de 16 de noviembre de 2023, emitido por 37 relatores especiales, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo que forman parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el documento expresan su alarma por la retórica claramente genocida y deshumanizadora de altos funcionarios del gobierno israelí”. indica.
Los abogados de Israel afirmaron, por su parte, que las medidas provisionales, en caso de concederse, equivaldrían a “un intento de negar a Israel su capacidad para cumplir sus obligaciones con la defensa de sus ciudadanos”, en referencia a los ataques de Hamás el 7 de octubre, que causaron 1200 muertos, la captura de 250 personas como rehenes y el desplazamiento de 110.000 personas, según datos de Israel.
La mayoría de las medidas cautelares expresadas por la Corte fueron tomadas por una inmensa mayoría de los jueces (que variaron entre 15 a favor y dos en contra o 16 a favor y uno en contra). El Estado de Israel deberá presentar un informe al Tribunal sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a las órdenes del Tribunal en el plazo de un mes a partir de ahora.
Estados Unidos insistió este viernes en que las acusaciones de que Israel ha cometido genocidio en Gaza son “infundadas”, después de que el máximo tribunal de la ONU dictaminara que las autoridades israelíes deben esforzarse más para evitar la muerte de civiles.
“Seguimos creyendo que las acusaciones de genocidio son infundadas y tomamos nota de que el tribunal no se pronunció sobre el genocidio ni pidió un alto el fuego en su fallo”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.
En tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, condenó la violencia “atroz e imperdonable” del movimiento islamista Hamás en Israel y criticó el “resurgimiento del antisemitismo”, durante una intervención frente a la comunidad judía.
“Los hechos de violencia aberrantes ocurridos el último 7 de octubre son atroces e imperdonables”, dijo el presidente ultraliberal en un acto en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, refiriéndose al ataque ese día de Hamas en territorio israelí.
La Autoridad Palestina afirmó este viernes que el dictamen de la máxima instancia judicial de la ONU, según el cual Israel debería hacer todo lo posible para impedir cualquier acto de genocidio en Gaza, muestra que “ningún Estado está por encima de la ley”.
“La orden de la CIJ [Corte Internacional de Justicia] es un recordatorio importante de que ningún Estado está por encima de la ley”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al Maliki, en un video.
Tras el veredicto de la CIJ, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) rechazó este mismo viernes las acusaciones israelíes de “colusión” entre ese organismo de la ONU y el movimiento islamista palestino Hamás.
“Esas falsas acusaciones son nocivas y pueden poner en peligro a nuestro personal que arriesga su vida al servicio de las personas vulnerables”, afirmó en la red social X el director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus. N
