Venezuela pone fin al petro, una criptomoneda que el presidente Nicolás Maduro lanzó hace seis años para eludir las sanciones financieras de Estados Unidos. Sin embargo, tuvo un uso muy limitado y terminó envuelta en un gigantesco escándalo de corrupción.
A partir del lunes 15 de enero, “la Plataforma Patria cerrará los monederos y billeteras en criptomonedas”, anunció un mensaje del sitio web que gestiona bonificaciones y subsidios del gobierno venezolano, el único canal en el que este cuestionado criptoactivo era canjeable. Los fondos en la billetera virtual del petro vienen siendo convertidos a bolívares, la devaluada moneda local.
En contexto, Maduro anunció a finales de 2017 la creación de esta criptomoneda estatal, respaldada por las vastas reservas petroleras de Venezuela y sus recursos minerales. Ante las restricciones impuestas por las sanciones de Washington, el petro iba “a permitir nuevas formas de financiamiento internacional”, prometía el mandatario socialista.
Tasada por Venezuela en 60 dólares por unidad (1,020 pesos), el valor de un barril de crudo venezolano en aquel momento, la criptomoneda fue lanzada en 2018. Sin embargo, fue retrasada por problemas en la cadena de bloques —el registro de transacciones con criptomonedas— dispararon las dudas, que rodearon al plan desde el inicio.
“No hay confianza en el petro, porque no hay confianza en el emisor”, dijo entonces el economista Henkel García, director de la firma Albus Data.
El uso del petro siempre fue escaso y, aunque Maduro al principio calificó la iniciativa como “un éxito”, estuvo básicamente restringida a operaciones con el Estado. Un ejemplo fue el pago de impuestos.
Más que como una criptomoneda, el petro funcionó en la práctica como una referencia de valor en medio de la crónica inflación y la constante depreciación del bolívar.
Las multas de tránsito, por ejemplo, se establecían en petros, aunque no podían pagarse en “criptos”. Y el gobierno obligó a los bancos a presentar saldos en bolívares y petros. En la Plataforma Patria, los usuarios recibían transferencias en petros y podían canjearlos a bolívares a través de un sistema de subastas, el único disponible.
Maduro llegó a anunciar el “anclaje” de los sueldos a la cripto estatal. Pero esa promesa nunca se cumplió y el salario mínimo en la actualidad apenas sobrepasa el equivalente a tres dólares mensuales.
“Muere oficialmente el petro (PTR). La junta reestructuradora de la SUNACRIP (la estatal Superintendencia Nacional de Criptoactivos) decide apagar definitivamente lo poco que quedaba de este ecosistema”, publicó el miércoles pasado en la red social X la plataforma privada de criptoactivos CryptoLand Venezuela.
El petro recibió una estocada mortal con el escándalo de corrupción que estalló en mayo del año pasado en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En este caso estuvieron involucrados responsables de la SUNACRIP.
El hecho causó la renuncia del otrora poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, desaparecido de la vida pública desde entonces. La SUNACRIP quedó bajo el control de una junta reestructuradora tras el arresto de su superintendente Joselit Ramírez, y del jefe de operaciones de minería digital de la institución, Rajiv Mosqueda. Esto por denuncias de irregularidades con fondos de operaciones petroleras realizadas con criptoactivos.
La sede de la SUNACRIP se cerró tras la detención de Ramírez. Sin dar mayores explicaciones, Maduro ha dejado de hacer referencia a la criptomoneda estatal en sus apariciones públicas.
El uso de criptomonedas era alto en Venezuela mucho antes de la apuesta gubernamental por el petro, pues los criptoactivos fueron vistos como refugio frente a la inflación. Según una encuesta presentada en 2022 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, 10.3 por ciento de los venezolanos poseen criptos. Lo anterior, frente a 8.3 por ciento de los estadounidenses y 5 por ciento de los británicos.
El minado (proceso por el cual se crean nuevas unidades de criptomonedas a través de algoritmos generados por computadoras) también es alto en este país, por los bajos costos de la energía eléctrica. N
