La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) cumple 100 años de combatir el crimen, pero marcada por la polémica sobre sus notificaciones rojas, que algunos Estados utilizarían para perseguir a rivales políticos.
Más de mil funcionarios de todo el mundo se dan cita esta semana en Viena para la Asamblea General de la Interpol, organización nacida hace 100 años en la capital de Austria.
“Hemos pasado de una estructura de 20 miembros en 1923 a 196 miembros en la actualidad”, dijo a la AFP el alemán Jürgen Stock, secretario general de Interpol, en una entrevista esta semana.
Después de la II Guerra Mundial esta “plataforma de intercambio de información” instaló su sede en la ciudad de Lyon, centro este de Francia. La principal misión de la Interpol es transmitir a sus miembros avisos de búsqueda, conocidos como “notificaciones rojas”, emitidos por la justicia de un país.
El objetivo es facilitar el arresto de los sospechosos, calificados de “personas buscadas” (“wanted persons”). “Ayudamos a conectar continentes para identificar y localizar delincuentes fugitivos”, dice Stock, 64 años.
Las notificaciones rojas de la Interpol sirvieron para detener en 2008 a Radovan Karadzic, exlíder político serbio de Bosnia, prófugo durante casi 13 años, o al asesino en serie francés Charles Sobhraj, conocido como “la Serpiente”.
Con la ayuda de la Interpol, Italia también ha logrado en los últimos años reforzar su control sobre la ‘Ndrangheta, la mafia más poderosa de la península. La base de datos de la organización tiene 125 millones de archivos policiales y se realizan 16 millones de búsquedas diarias.
Además de su labor de lucha contra la delincuencia, la Interpol lanzó en mayo una campaña en la que pedía al público que identificara los cadáveres de 22 mujeres encontrados durante varias décadas en Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Gracias a esta iniciativa, una de ellas, llamada “la mujer de la flor tatuada”, asesinada en 1992, pudo recuperar su nombre, Rita Roberts.
Pero, detrás de estos éxitos, la organización está acusada de ser utilizada por ciertos Estados para rastrear a sus disidentes. En 2014, poco después de asumir el cargo, Jürgen Stock abordó este problema y formó un equipo de unos 40 expertos, encargados de controlar los avisos de búsqueda antes de su publicación.
“Por supuesto, analizamos la situación geopolítica en el mundo y verificamos el cumplimiento de los avisos (notificaciones rojas)”, asegura el secretario general de la Interpol. En 2022 fueron cancelados 1,465, de un total de unos 70,000 válidos, “un pequeño porcentaje”.
“Si un expediente tiene dimensiones políticas, militares o religiosas, si tenemos dudas, la Interpol se retira de inmediato”, asegura Stock. Varios Estados están actualmente bajo vigilancia de la organización, incluida Rusia, que ya no puede transmitir avisos directamente a otros miembros desde que invadió Ucrania. Ahora sus peticiones pasan primero por la secretaría general de la organización.
Aun así, “se pueden cometer errores, simplemente porque no existe una definición comúnmente aceptada de terrorismo”, reconoce Stock a la luz de los casos señalados por la ONG londinense Fair Trials.
El periodista Mathieu Martinière, que publicó en octubre junto a Robert Schmidvt una exhaustiva investigación sobre la Interpol, señala “la falta de recursos” de la organización, con un presupuesto de solo 155 millones de euros (unos 170 millones de dólares) el año pasado.
Martinière recuerda que, cada año, “más de cien personas inocentes escapan a los filtros y pueden ser extraditadas y luego encarceladas”, dijo a la AFP. Otro motivo de preocupación es la elección en 2021 como presidente de la Interpol del general emiratí Ahmed Naser al Raisi, objeto en Francia de una investigación por presunta complicidad en torturas.
Pero, ante esta polémica, la organización defiende su independencia y recuerda que el rol de presidente es esencialmente protocolario. N
