La Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) suspendió sus actividades luego de que un tribunal de ese país ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”, informó la institución este miércoles 16 de agosto.
“Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, dijo la UCA en una nota, en alusión a las protestas antigubernamentales de 2018 que dejaron más de 300 muertos.
La universidad explicó que la tarde del martes 15 de agosto recibió un oficio que notificaba la medida: “Se ordena que la incautación de todos los bienes descritos […] sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.
El Consejo Nacional de Universidades aseguró en un comunicado que “trabaja para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y posgrado de la extinta Universidad Centroamericana (UCA)” y llamó a “estar pendiente del llamado” para la reanudación de actividades.
El hecho se suma a la relación conflictiva que mantiene el gobierno del presidente Daniel Ortega con la Iglesia católica. Uno de los casos más cuestionados es el del obispo Rolando Álvarez, quien fue detenido en agosto de 2022 y condenado en febrero pasado a 26 años de cárcel por “menoscabar la integridad nacional”, entre otros cargos. Al menos otros dos sacerdotes están encarcelados acusados de delitos comunes.
Tras calificar de “terrorista” a la universidad, las autoridades nicaragüenses habían dispuesto el congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA la semana pasada, aunque no hubo un pronunciamiento de las autoridades.
El gobierno tampoco ha emitido comunicación sobre la denuncia del centro sobre la confiscación de bienes. “La Universidad Centroamericana suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”, agregó el centro académico.
La jefatura provincial centroamericana de la Compañía de Jesús consideró “totalmente falsas e infundadas” las acusaciones contra la UCA y solicitó al gobierno revertir “la drástica, inesperada e injusta medida”. La organización jesuita también indicó en su comunicado: “Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario”.
La UCA, fundada en julio de 1960 por sacerdotes de la Compañía de Jesús, cuenta con unos 5,000 estudiantes y se define como “institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana”. N
