Al comenzar el presente gobierno en México, en 2018, la economía se encontraba anclada con sólidos fundamentales alcanzados luego de 30 años de estabilidad, amplio comercio exterior con Estados Unidos e inversión pública-privada en rangos crecientes. Pero si revisamos la historia económica de México, el país venía de tres sexenios francamente desastrosos que provocaron endeudamiento fuera de control y un aumento en el número de pobres, al mismo tiempo que destruyeron toda posibilidad del Estado para impulsar el crecimiento.
En los sexenios de Echeverría (70-76), López Portillo (76-82) y De la Madrid (82-88) no hubo crecimiento económico, pero sí un endeudamiento considerable aparejado a devaluaciones del peso. A partir de entonces las subsecuentes administraciones intentaron generar un mayor crecimiento y lograron el 2.5 por ciento de promedio en tres décadas.
A la luz de la historia económica (70-88) y lo que se pronostica para el sexenio actual de López Obrador (2018-2024), el 2.5 por ciento lucirá extraordinario sin realmente serlo. Luego de 30 años de integración comercial con Norteamérica es irrisorio seguir conformándose con 35,000 millones de dólares de inversión extranjera anual en virtud de que hablamos de la región con mayor capacidad del mundo.
Las cosas se tornan graves cuando observamos que el nivel de inversión de nuestro gobierno apenas alcanza 2.7 por ciento del PIB. El sube y baja de nuestra economía le ha hecho mucho daño a la sociedad, pasmada de observar cómo pasan los sexenios sin salir adelante.
A la falta de crecimiento podemos agregar la concentración excesiva de la riqueza que se ha generado en la historia económica de nuestro país. Mientras que en Europa y, posteriormente, en Estados Unidos, la atención, esfuerzo e incentivos se alineaban al desarrollo de patentes e investigación científica para generar bienes de gran valor, en México todo se enfoca en determinar quién era el beneficiario de la explotación de los recursos naturales.
Así, se han establecido acuerdos cupulares entre un selecto grupo de personas a las que no se les puede llamar empresarios y los gobernantes en turno para recibir el beneplácito de las concesiones en sectores tan importantes como las telecomunicaciones, minería, bancos, etcétera.
No es difícil explicar que sí la única fuente de riqueza depende no del esfuerzo sino de una sola voluntad omnipotente, la relación particular-gobierno se ha pervertido. Lo anterior es la razón por la que en cada cambio de sexenio las inversiones se frenan por completo, pues se sabe que el presidente que gane podrá cambiar el tablero de preferencias de quien debe ostentar la riqueza suprimiendo a placer estas concesiones o permisos.
A lo anterior se ha sumado la falta de estado de derecho, fundamental para dar certeza a todos los aspectos de la vida en sociedad. Lo que va desde los derechos fundamentales de las personas hasta los derechos de propiedad, todos absolutamente indispensables para fortalecer y mantener la actividad económica, única fuente de bienestar permanente.
Durante lo que se conoce como régimen de la revolución con el PRI bajo control total de la propuesta, aprobación y puesta en vigor de las leyes se estableció la práctica de edificar legislaciones perfectas en donde su articulado es, hasta la fecha, impecable, nada se escapa. Pero para que nadie las cumpla excepto quienes el gobierno decida que sí lo hagan.
Como ejemplo encontramos los impuestos que solo aplican para los contribuyentes cautivos, no para todos. Y, así, el marco legal del país tiene abundantes cantidades de códigos que amparan infinidad de derechos con pocas obligaciones y, más importante, contienen todos los medios para aplicarlas a quien incomode al régimen.
Finalmente podemos decir que un elemento adicional que ha impactado de manera determinante el desarrollo de México ha sido la cantidad de modelos económicos que se han tratado de implementar. Mientras Estados Unidos desde su independencia, en 1776, hasta nuestros días ha mantenido una sola visión del desarrollo sustentada en plena propiedad privada y libertad económica, nosotros todavía estamos buscando cuál es el modelo económico adecuado.
Es imposible que una nación se desarrolle otorgándole bienestar a millones de personas que nacen año con año y cambiando constantemente las reglas del juego, enfoque, estímulos, políticas y orientaciones de negocio, amén de presupuestos públicos y financiamiento. En este sentido, nos ha alcanzado el primer cuarto del siglo XXI y todavía no podemos definir cuál es el mejor arreglo para garantizar el abasto de energía eléctrica para más de 130 millones de personas. Lo mismo de un sistema de salud o educativo.
En suma, no ha habido capacidad de construir una visión única para que, en nuestro país, sin excepción, todos gocen no de letra, sino en hechos, de la satisfacción de sus necesidades básicas. En la interminable danza de mal implementadas ideas de desarrollo encontramos: visión de la revolución (1921-1934), socialismo-corporativismo (1934-1946), utopía de la industrialización (1946-1958), desarrollo estabilizador (1958-1970), dependentista (1970-1976), sustitución de importaciones (1976-1982), liberalismo económico y apertura comercial (1982-2018) y nacionalismo económico (2018-).
Es previsible que, si no todas, la mayoría de estas propuestas pudo haber sido la adecuada para llevar al país a niveles de desarrollo de primer orden. La cuestión ha sido que las condiciones de falta de equilibrios democráticos y la prevalencia de fuertes intereses creados por encima de millones de personas no han permitido hasta la fecha que cualquier propuesta económica se ponga en práctica, permanezca y rinda frutos. N
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Carlos Alberto Martínez Castillo es doctor en Desarrollo Económico, Derecho y Filosofía y profesor en la UP e Ibero. Ha colaborado en el Banco de México, Washington, Secretaría de Hacienda y Presidencia de la República. Correo: drcamartí[email protected] Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
