Una jueza federal en México dictó este lunes 26 de junio prisión preventiva contra ocho militares detenidos días atrás para ser investigados por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, Guerrero, informó el gobierno mexicano.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que a los uniformados los acusaron “por el delito de desaparición forzada“. A los militares los capturaron luego de que la Fiscalía General reactivara 16 órdenes de captura contra miembros del Ejército. Estas habían sido emitidas en septiembre de 2022, pero posteriormente fueron anuladas.
En marzo pasado, el gobierno de Guerrero anunció la detención de nueve policías por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa. La información de las detenciones la proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero por medio de un comunicado.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentó dicha orden en contra de siete elementos de la policía estatal y dos policías preventivos de Iguala. Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En aquel momento intentaban apoderarse de autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
En tanto, la detención de los militares llegó a poco más de un mes de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha investigado el caso, concluya definitivamente sus trabajos. El grupo no investigará más tras denunciar diferencias con el Ejército.
Carlos Beristain, uno de los expertos, explicó a la AFP que “el mandato del grupo termina el 31 de julio”. Señaló que aunque en dos ocasiones se había dado una ampliación, esta vez presentarán su informe final. La fecha de la publicación del informe se tiene prevista para la última semana de julio.
El 31 de marzo pasado, el GIEI denunció que las Fuerzas Armadas ocultaron de manera deliberada información sobre la desaparición de los estudiantes. “Eso para nosotros no es aceptable”, dijo Beristain. Anteriormente el abogado ya había reclamado la negativa de los mandos castrenses de entregar informes relativos al caso.
Para el GIEI es imperativo realizar investigaciones al ejército, principalmente porque en la zona de los hechos había un batallón que tuvo conocimiento de la tragedia. Se conoce que los jóvenes fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos. A su vez, se maneja la posible explicación de que pudieron haber sido asesinados por ese mismo grupo al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial del anterior gobierno.
El GIEI cuestionó la investigación del exfiscal general Jesús Murillo Karam, detenido en agosto de 2022 acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Pero una comisión del actual gobierno que investigó el caso sostiene que los delincuentes –en complicidad con policías y militares– buscaban recuperar droga escondida en un autobús tomado por los alumnos, sin que estos supieran de su existencia.
Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la comunidad judía en este país interceder ante el gobierno de Israel para que entregue a Tomás Zerón, exjefe policial que también es investigado por la desaparición de los estudiantes. N
(Con información de AFP)
