Después de la aprehensión de Pablo Moreno Calva, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEPH), acusado de presunto peculado por 140 millones de pesos, Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), planteó que podría acogerse al criterio de oportunidad si garantiza la reparación del daño y brinda información de funcionarios de mayor nivel.
Explicó que esa figura jurídica extingue la acción penal de la persona imputada, pero, insistió, siempre que proporcionen datos que lleven a otros servidores públicos, que es lo que se está buscando. “Siempre lo he dicho: las procuradurías y fiscalías tenemos que convertirnos en academias de canto”.
Sobre el caso de la SEPH, Nieto Castillo indicó que hay varias situaciones que resultan “alarmantes”, pues además de que no se acreditó que dicha dependencia estatal fue víctima de hackeo, el contrato realizado por 140 millones de pesos se fue hacia una empresa con características de fachada, toda vez que se revisaron los dos inmuebles que tiene registrados en Ciudad de México y Guadalajara, pero no corresponden a una compañía en funciones.
Sobre posibles exfuncionarios de la dependencia estatal que pudieran estar involucrados en el desvío, dijo que son tres, de quienes se han estado integrando carpetas de investigación, aunque prefirió no dar más datos.
Sobre el rastreo del dinero desviado para determinar en donde se encuentra, indicó que se ha solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera para observar el flujo de los recursos; sin embargo, una parte de estos se sacó en efectivo de las empresas.
Nieto Castillo destacó que es importante determinar si los recursos pudieron haberse “sacado” previo a la campaña electoral de 2022 o incluso durante la misma, por lo cual siguen esa línea de investigación para rastrear el dinero.
Pablo Moreno Calva, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), fue vinculado a proceso por el delito de peculado por 140 millones de pesos durante la pasada administración estatal.
Ayer se resolvió la situación legal del exfuncionario implicado en la denominada Estafa Siniestra, ya que un juez de control ordenó cuatro meses de investigación complementaria para el caso.
Pablo M. C. enfrentará su proceso en prisión preventiva luego de ser detenido el pasado 5 de abril en un cateo realizado en Pachuca.
El caso está relacionado con una empresa vinculada con un caso de desvío de recursos en la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) durante la pasada administración, pues fue contratada para combatir supuestos hackeos, señaló Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Lo anterior se debe a que la madrugada del pasado miércoles se dio a conocer la detención de Pablo M. C., exsubsecretario de Administración y Finanzas en la Secretaría de Educación de Hidalgo, por su presunta relación en un desfalco en contubernio con una compañía fantasma.
Según Nieto Castillo, el delito en el que incurrió el imputado fue por firmar un contrato con una empresa fachada para supuestamente atender un hackeo a la SEPH por 140 millones de pesos.
Sin embargo, las investigaciones arrojaron que los dos domicilios que indicó la compañía en el contrato, uno ubicado en Guadalajara, y otro en Ciudad de México, eran falsos, además de que, días después de haber realizado dicha acción, esta modificó su razón social.
“Se trata de un caso vinculado con la Estafa Siniestra, es un convenio con una empresa fachada que tiene dos domicilios falsos y fue un contrato por 140 millones de pesos”, comentó.
Luis Godínez | Yuvenil Torres | Pachuca
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