La manifestación realizada este miércoles 8 de marzo en las calles del centro de la ciudad culminó sin reportes para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), informó su presidenta Yessica Pérez Carreón, quien dijo, el organismo seguirá abierto a recibir cualquier inconformidad.
En entrevista, la representante señaló que hasta este jueves no se ha tenido conocimiento de presuntos abusos en contra de los derechos humanos de las manifestantes, donde destacó, estuvo presente la mayor parte del personal de la comisión.
“Hasta ahorita no tenemos quejas, la Comisión de Derechos Humanos estuvo muy presente todo el tiempo, el trabajo que hacemos en la comisión entorno a la marcha es de observar que se respeten los derechos de las personas, que no haya abusos en el ejercicio de poder y ese fue el trabajo”, comentó.
Detalló que durante todo el recorrido de las manifestantes, estuvieron presentes 36 observadores y observadoras de la CEDH, tal como se ha realizado en marchas anteriores.
Indicó que las agentes femeninas pudieron presenciar todas las actividades desde el centro de la marcha, mientras que los elementos masculinos se mantuvieron en las periferias, con el objetivo de tener la mayor cobertura posible en el evento.
La presidenta de la comisión recalcó que la manifestación es un derecho humano, ya que, a través de esta actividad, los distintos grupos de la población pueden exigir la materialización de derechos que consideren pendientes por parte de las autoridades.
“Es importante la manifestación, es un derecho humano, cuando se hace la protesta efectivamente se protesta por los pendientes que quedan en la materialización de derechos humanos, pero la protesta en sí también es un derecho humano en reunirnos, en hacer las manifestaciones que tengamos que hacer”.
Recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones a las corporaciones de seguridad pública de Aguascalientes tras los hechos ocurridos en la marcha del 8 de marzo del año 2021, cuando se efectuó la detención de más de 20 mujeres.
Por ello, las recomendaciones giraron entorno al respeto al derecho de la manifestación y a la elaboración de protocolos de atención en este tipo de situaciones, los cuales puedan brindar certeza jurídica a los participantes.
