Sir Winston Churchill dijo alguna vez que la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás. También es el más caro y, a veces, poco representativo. Según Open Secrets, un think tank estadounidense especializado en gasto electoral, las elecciones estatales y federales intermedias de 2022 en Estados Unidos acabaron costando a partidos políticos y candidatos unos 16,000 millones de dólares, frente a los 7,800 millones de 2018.
Cinco de las diez contiendas más caras son las del Senado en Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada y Wisconsin, estados esenciales para que un partido controle el Senado. Entre los diversos grupos de presión que financian las contiendas electorales se encuentran las cadenas de televisión, que han gastado 327 millones de dólares destinados a legalizar las apuestas deportivas en línea, y 154 millones de dólares de opositores y tribus nativas que poseen casinos y se oponen a esta actividad que recortaría sus operaciones.
Gran parte del resto del financiamiento procede de grandes organizaciones: empresas médicas, farmacéuticas, automovilísticas, energéticas, de armas y de comunicaciones, todas ellas en competencia por comprar el apoyo de políticos de todos los niveles de gobierno.
Según Maplight, un centro de investigación no partidista y sin ánimo de lucro que sigue la pista del dinero en la política, los candidatos a la Cámara de Representantes que ganaron en 2012 obtuvieron un promedio de 1 millón 689,580 dólares en aportaciones de campaña. Eso significa unos 2,315 dólares al día.
Esas cifras aumentan sustancialmente si se trata de un aspirante al Senado. Los candidatos que ganaron un escaño en la cámara alta del Congreso recaudaron un promedio de 10 millones 476,451 dólares cada uno. Es decir, 14,351 dólares al día.
Según el Center for Responsive Politics (CRP), otro grupo no partidista que rastrea la pista del dinero en la política, la campaña presidencial de 2020 costó casi 5,200 millones de dólares. Solo en anuncios de televisión, el presidente Biden gastó 94 millones de dólares, mientras que el expresidente Trump gastó unos 41 millones (teniendo en cuenta que su comportamiento siempre escandaloso le dio mucha prensa gratuita).
Los pequeños donantes (menos de 200 dólares) representaron 22 por ciento de todo el financiamiento de las campañas en 2020, mientras que el autofinanciamiento de los candidatos supuso 18 por ciento. Ofrezco disculpas por bombardear a los lectores y las lectoras con tantas cifras y estadísticas, pero es esencial que comprendamos las ingentes cantidades de dinero que cuesta hacer campaña en Estados Unidos.
Como cabría suponer, los posibles candidatos deben pasar por “elecciones primarias financieras” antes de participar en las políticas. Si un candidato no puede reunir fondos suficientes, no puede hacer campaña. Si son elegidos para un mandato de dos años en la Cámara de Representantes, deben pasar buena parte de ese tiempo recaudando fondos para las siguientes elecciones en lugar de legislar.
También deben tener amigos con mucho dinero. Sam Bankman-Fried (el recientemente caído en desgracia consejero delegado de la bolsa de criptomonedas FTX, ahora en quiebra) y Larry Ellison (Oracle, una empresa de alta tecnología) donaron 38 millones y 31 millones de dólares, respectivamente, a varias campañas. Otros diez personajes adinerados habrían donado 500 millones de dólares más a distintos candidatos.
Cabe preguntarse si los funcionarios electos trabajan para los votantes que votan con el corazón o para los que votan con la chequera. Es claro cómo la Asociación Nacional del Rifle (NRA) financia a muchos legisladores para sostener leyes de armas permisivas a pesar de las protestas públicas por el número de tiroteos masivos que se producen cada mes en todo el país. La industria farmacéutica hace grandes aportaciones a las campañas de los legisladores para mantener los precios de los medicamentos artificialmente altos en comparación con los precios en otros países.
Y la lista continúa. Resulta evidente cómo un buen número de republicanos apoyó la campaña del expresidente Trump para declarar inválidas las elecciones de 2020 sin una pizca de evidencia y cómo se han resistido a cualquier intento del Congreso y del poder judicial de investigar y litigar contra quienes dirigieron y participaron en la sublevación del 6 de enero de 2021.
El electorado estadounidense está profundamente dividido en líneas partidistas y cualquier esperanza de crear un consenso nacional se ve remota. Los grandes donantes parecen salirse con la suya a la hora de conseguir las medidas legislativas necesarias para preservar sus intereses y los derechos que estiman les corresponden sin importar el costo para la democracia estadounidense.
¿Qué se puede hacer? ¿Podemos esperar que esos mismos líderes políticos que dependen de las donaciones masivas de grupos de intereses especiales legislen contra esos mismos grupos y corten su suministro de dinero en efectivo?
En mi opinión, no es muy probable. Estados Unidos se presenta como la mayor democracia del mundo y pretende ser el ejemplo a seguir por otros países. Sin embargo, a fin de cuentas, la democracia estadounidense parece garantizar que los estadounidenses tengan el mejor gobierno que el dinero pueda comprar: el gobierno de unos pocos para unos pocos. Para reflexionar. N
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Eduardo del Buey es diplomático, internacionalista, catedrático y experto en comunicaciones internacionales. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
