Puebla, Pue- El dictamen de decreto que fue aprobado en materia de seguridad, dejará a los ediles “vulnerables” a ser encarcelados aun estando dentro de los 90 días que tienen para hacer un diagnóstico que les permita iniciar con el proceso de certificación de sus policías, así lo explicó la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia.
Esto se dio a conocer luego de que en sesión de Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y Asuntos Municipales del Congreso local fuera aprobado “sin modificaciones” el dictamen que permitirá castigar hasta con 6 años de cárcel a los alcaldes y autoridades municipales que contraten policías o jefes de mando sin que tengan la certificación.
Una vez que se dé su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE), quienes permitan ser contratados como policías o directores de seguridad aun sabiendo que no cuentan con los exámenes de control y confianza podrán ser castigados con 3 meses y hasta 7 años de prisión.
Durante la discusión, Mónica Rodríguez Della Vecchia hizo una propuesta modificatoria para que no solo los ediles fueran castigados por ser omisos sino también el Gobierno del Estado al tener una corporación policial a su mando.
La panista afirmó que los municipios no cuentan con los recursos que les permitirá cumplir con esta disposición, además de que los resultados de los exámenes tardan más de 6 meses en recibirse y los ayuntamientos no pueden quedar acéfalos de personal de seguridad.
Recordó que en Puebla solo se tiene un Centro de Certificación Policial y a decir del propio titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, no se da abasto en avalar los uniformados de los 217 municipios.
Pese a esto, los planteamientos modificatorios a la Ley de Seguridad fueron desechados con 6 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención.
Otra de las peticiones que quedó fuera estuvo planteada por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva, quien solicitó que a partir de que se hiciera la publicación de esta iniciativa en el Periódico Oficial del Estado (POE) los alcaldes tuvieran 90 días para hacer un diagnóstico minucioso de la situación de sus policías.
Y hasta entonces, una vez cumplido ese periodo de 90 días naturales, se procederá a aplicar las reformas en el Código Penal para poder sancionar a los alcaldes omisos, pero tampoco fue incluida en la aprobación.
La diputada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Tonantzin Fernández comentó que para el Ejercicio Fiscal 2023, el Gobierno del Estado tendrá para el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública un presupuesto de 411 millones de pesos.
Por su parte, la priista Isabel Merlo Talavera aclaró que esta iniciativa enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa no es para iniciar una “persecución política” contra los presidentes municipales.
Señaló que, con estas medidas, se termina con los “caldos de cultivo” en materia de inseguridad dentro de las corporaciones de seguridad.
La aprobación se dio con diez votos a favor y dos abstenciones de las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Karla Rodríguez y Mónica Rodríguez Della Vecchia.
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