El rey emérito de España, Juan Carlos, reclama este martes 8 de noviembre inmunidad legal en Inglaterra hasta su abdicación en 2014, intentando mitigar una demanda por acoso presentada por su examante, en un caso enturbiado por la publicación de un polémico pódcast sobre su romance.
Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres escuchan durante todo el día a los abogados del exmonarca, de 84 años, y de la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 57 años, con quien mantuvo una relación entre 2004 y 2009.
Los magistrados no se pronunciarán sin embargo hasta dentro de varias semanas. Denunciando ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria —divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen— presentó en 2020 una demanda civil por acoso en Londres, donde vive.
Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar “regalos” que incluyen 65 millones de euros (un monto similar en dólares). Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento. No hay riesgo de cárcel o extradición al padre del actual rey Felipe VI.
Juan Carlos, que vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, niega las acusaciones. Ninguno de los dos compareció en la vista del martes. El equipo jurídico del rey emérito defiende desde 2021 que no puede ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978.
En marzo, un juez de la Alta Corte de Londres le denegó dicha inmunidad, argumentando que tras su abdicación en 2014 dejó de ser miembro de la casa real, e incluso antes sus presuntos “actos de acoso” no se beneficiarían de dicha protección.
Pero el Tribunal de Apelación accedió a reexaminar la cuestión, aunque únicamente mientras fue jefe de Estado y en caso de que actuase como tal.
“La inmunidad es un obstáculo procesal, no tiene en absoluto en cuenta la legalidad o la moralidad de la conducta aludida”, defendió el martes el abogado del exrey, Tim Otty. “La conducta sigue siendo imputable al Estado aunque el agente del Estado actúe con abuso de poder”, agregó.
Los jueces deberán decidir, entre otras cosas, si al solicitar al general Félix Sanz Roldán —director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— que visitara a Sayn-Wittgenstein en Londres en 2012, cuando ella afirma que la amenazó, Juan Carlos lo hizo como jefe de Estado recurriendo al jefe del espionaje español, o como favor privado entre amigos.
Recientemente los abogados de Sayn-Wittgenstein modificaron su demanda, eliminando toda referencia al CNI para dar a entender que ambos actuaron de forma privada.
Pese a todo, el abogado de Larsen, James Lewis, insistió el martes en que la inmunidad solo se aplica a actos realizados “en el desempeño de funciones oficiales” y “no por placer o interés propio” del jefe de Estado. Y subrayó que el rey de España no tiene control o autoridad sobre las operaciones del CNI.
El caso se vio enturbiado por la publicación el lunes de dos episodios de un pódcast titulado “Corinna y el Rey”, cuyas siguientes entregas aparecerán semanalmente hasta mediados de diciembre.
En él, los periodistas londinenses Bradley Hope y Tom Wright relatan el romance real junto a Larsen y otros entrevistado y aseguran que al venirse abajo “abrió la ventana a un mundo peligroso y lleno de codicia, corrupción y crimen”.
Un avance a la prensa la semana pasada causó polémica en España por la coincidencia temporal con la causa en Londres. En documentos judiciales presentados el martes, los abogados de la empresaria aseguran que aunque Juan Carlos entregó los 65 millones a su amante alegando “un afecto por ella y sus hijos que no podía reflejar en su testamento, sus motivos eran más siniestros”.
“Debido a cambios en las prácticas bancarias suizas” que requerían al monarca declarar dichos fondos, este “consideró que podía ocultarlos como un regalo a la demandante pero imponiéndole que le dejara utilizarlos”, afirman.
Y alegan que el supuesto hostigamiento comenzó en 2012 buscando controlar dicho dinero. Paralizada hasta que se resuelva el recurso sobre la inmunidad, la demanda por acoso debería proseguir después, dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad a partir de su abdicación.
Nombrado jefe de Estado en 1975, Juan Carlos I fue muy respetado durante décadas por haber permitido el retorno de la democracia a España tras la dictadura franquista. Pero una multiplicación de escándalos a partir de 2012, incluida la relación con Corinna Larsen, derrumbaron su imagen. N
