La exhumación de los restos que debían ser los de su melliza fallecida acabó con las dudas. Sus ADN no correspondían y María José Picó comprendió entonces que su hermana, a la que continúa buscando. Este caso es uno de los numerosos sobre “bebés robados” durante la dictadura del franquismo en España.
“Era aquí”, afirma esta auxiliar sanitaria de 60 años, con los ojos llorosos y la voz entrecortada, señalando la fosa común del cementerio de Alicante (sureste), donde su hermana fue oficialmente enterrada.
“Mi hermana melliza falleció a los dos días [de nacer], según le dijeron a mi madre en el hospital”, explica María José a la AFP. Pero “nunca dejaron ver ni el cadáver de ella. Ni la dejaron llevar a enterrar a Elche, que es la ciudad de donde somos”, recuerda sobre lo ocurrido en 1962.
Hace unos diez años, cuando los primeros casos de “bebés robados” saltaron a los medios, María José y sus padres advirtieron enseguida que estas historias tenían muchos puntos en común con la suya.
La familia comenzó entonces a revisar unos documentos llenos de irregularidades antes de recurrir a la justicia, que ordenó la exhumación en 2013.
Desde entonces, esta sexagenaria, que preside una asociación dedicada a los bebés robados, no ha dejado de buscar. Su ADN está en varios bancos genéticos, con la ilusión de que su hermana haya tenido las mismas dudas y pueda buscarla.
“Esperanza de que la justicia haga algo por nosotros no tenemos ninguna. Es el trabajo propio y sobre todo el ADN, que es nuestra esperanza”, explica reiterando su anhelo de recibir un día una llamada de un laboratorio.
Aprobada definitivamente el miércoles por el Senado, esta ley clave para el gobierno de izquierdas reconoce por primera vez como víctimas del franquismo a los bebés arrebatados a sus familias durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).
En la represión que siguió al conflicto, este robo institucionalizado pretendía inicialmente separar a los bebés de sus madres republicanas, acusadas de haberles transmitido el “gen” del marxismo.
A partir de los años 1950, sin embargo, comenzó a extenderse a niños nacidos fuera del matrimonio o en familias pobres o numerosas.
Gracias, en general, a la complicidad de la Iglesia católica, estos bebés eran declarados muertos después de nacer. Ello se afirmaba sin presentan pruebas a sus padres. Después eran entregados a parejas que no podían tener hijos, en su mayoría cercanas al régimen “nacional-católico” de Franco.
Tras la muerte del dictador en 1975, el tráfico se mantuvo por razones principalmente económicas hasta la creación en 1987 de una ley que reforzaba el control de la adopción.
Los robos de bebés también se produjeron durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Así como en el régimen militar en Argentina. En ese país la organización de las Abuelas de la Plaza de Mayo estima que unos 400 niños nacieron en cautividad y fueron entregados ilegalmente.
En España no hay ninguna valoración oficial, aunque las asociaciones de víctimas cifran estos “bebés robados” en varios miles.
Según una estimación realizada por la justicia española en 2008, más de 30.000 hijos de republicanos fallecidos o encarcelados durante la Guerra Civil, algunos de los cuales pudieron ser “robados”, pasaron a estar tutelados por el Estado franquista entre 1944 y 1954.
La Justicia registró 2.136 denuncias entre 2011 y 2019, pero ninguna prosperó, principalmente debido a que los hechos habían prescrito.
A pesar de las dificultades judiciales, algunos españoles sí que han conseguido encontrar las huellas de sus familiares, como le ocurrió a Mario Vidal.
“Mi padre adoptivo me dijo que ellos habían pagado 125,000 pesetas [750 euros] por mí”, explica este arquitecto técnico de 57 años que vive en Denia. El hombre comenzó en 2011 a buscar a sus padres biológicos.
Tras investigar durante tres años en los archivos de la región de Madrid, donde nació, consiguió saber quién era su madre, pero ya era demasiado tarde: había fallecido 16 años antes.
“Ese día fue uno de los más duros que he pasado en mi vida”, confiesa sobre las “sensaciones contradictorias” que experimentó al ir a buscarla y descubrir lo sucedido.
Miembro de una familia muy conservadora, su madre biológica lo tuvo con 23 años y sin estar casada. A pesar de que un documento oficial decía que lo abandonó, ella intentó sacarlo del orfanato en varias ocasiones, según le contó un allegado, pero no solo se le impidieron, sino que también llegó a ser detenida por ello.
Mario consiguió encontrar también a su hermanastro, que falleció tres años después, pero sigue sin saber quién es su padre biológico.
“Somos hijos de una época en la que quien tenía el poder lo ejercía conforme a la que le daba la gana”, resume. N
