Puebla, Pue. La discusión sobre la aprobación de la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo (LILE) no tiene por qué poner en riesgo la alianza legislativa que se reforzó ayer y que daría paso para mantener la alianza electoral entre el PAN y el PRI en el 2024, así lo consideró el dirigente estatal del tricolor, Néstor Camarillo Medina.
Si bien reconoció que el tema de la legalización del aborto en Puebla logrará generar posturas diferentes entre el PRI y la Bancada del PAN, eso no implica que se rompa el respeto que existe entre ambas fuerzas políticas para los temas electorales.
El priista aclaró que los acuerdos a los que se lleguen no puede traducirse en una “alianza limitativa”, es decir que no por estar en desacuerdo en un solo tema, la buena relación que se ha logrado reflejar en la alianza legislativa se tenga que romper.
Camarillo enfatizó que llegado el momento cuando el tema del aborto se retome en comisiones y logre tener en el Pleno del Congreso, él en su calidad de diputado su voto particular será a favor de los derechos reproductivos de las mujeres.
Juntas las dirigencias estatales del PAN y PRI, informaron que las reformas históricas al Poder Judicial del Estado de Puebla que se aprobaron ayer en sesión del Pleno del Congreso local, se hicieron sin tintes políticos ni colores partidistas.
Ambos partidos políticos, destacaron también que gran parte de las modificaciones que llevaron a perfeccionar la propuesta original se dio a propuesta del PRI y PAN, dos de los partidos que están luchando por mantener la alianza local de Va Por Puebla.
En un comunicado conjunto, el PAN como el PRI manifestaron que: las modificaciones impulsadas permitirán que el Consejo de la Judicatura resuelva aquellos casos donde Magistrados y Consejeros falten a su responsabilidad de impartir justicia, estableciendo en todo momento que el Congreso el Estado sea quien sancione.
Se garantiza el principio de la paridad de género estableciendo que el 0.5% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal podrán interponer acciones de inconstitucionalidad.
La Sala Constitucional podrá intervenir cuando un alcalde o el 33% de los integrantes del Ayuntamiento vayan en contra de los bandos de policía y buen gobierno y demás reglamentos o disposiciones previstas en la Constitución.
Con información de Diario Puntual
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