Para David Huerta, el agua es el peor enemigo de los mineros. En 2012 vivió un accidente similar al que mantiene desaparecidos a diez compañeros en un socavón inundado del norte de México.
Ese día vio la luz del casco de un colega acercarse rápidamente a él. “El vato (chico) gritó ‘¡agua, agua!'”, recuerda. Lo que siguió fue correr, raspándose con las toscas paredes de la mina de carbón y golpeándose la cabeza contra los pilotes que apuntalaban el lugar.
“El agua es el ‘coco’ (espanto) de nosotros”, dice David, de 35 años, y quien trabajó casi 13 en las minas de Sabinas (estado de Coahuila), donde ocurrió el siniestro el pasado 3 de agosto.
Su cuñado, Sergio Cruz, no tuvo tanta suerte. Es uno de los desaparecidos en la mina El Pinabete, luego que los trabajadores abrieran un hueco en una pared y el agua de un yacimiento contiguo -abandonado hace 30 años- anegara su galería. La inundación es el mayor obstáculo para rescatar a los mineros, de quienes no hay señales de vida. Otros cinco lograron escapar. Durante días se trabajó con bombas extractoras, pero los niveles volvieron a crecer y se optó por sellar primero las filtraciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido rescatar a los mineros, pero el caso evoca su compromiso incumplido de recuperar los cuerpos de 63 trabajadores fallecidos por una explosión en la mina Pasta de Conchos en 2006, uno de los peores accidentes registrados en Coahuila.
Parte de la extracción de carbón en México se realiza mediante los llamados “pocitos”, método artesanal en que los mineros, en precarias condiciones laborales y de seguridad, descienden por estrechos fosos. Los del Pinabete tienen unos 60 metros de profundidad.
En Sabinas hay unos 67 pequeños y medianos productores de carbón, según cifras oficiales. Aunque López Obrador defiende que su gobierno -iniciado en 2018- no ha entregado concesiones mineras, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) alienta la explotación artesanal.
Entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021, la zona produjo 2 millones de toneladas del mineral para las plantas carboeléctricas de la empresa en Coahuila. Pero los costos para los mineros -que ganan entre 150 y 200 dólares semanales- y sus familias son altos. La ONG Familia Pasta de Conchos, que exige justicia por el accidente en esa mina, documenta unos 3,100 mineros fallecidos en la zona desde 1883, la mayoría a inicios del siglo XX.
Desde esa fecha los métodos de extracción parecen haber evolucionado poco. David cuenta que los mineros trabajan “casi encuerados (desnudos)” a unos 35 grados centígrados, sin ventilación adecuada.
La poca altura (máximo dos metros) de las galerías obliga también a los obreros a pasar hasta seis horas -el maltrato físico no permite más- trabajando encorvados. Por ello, muchas veces maniobran de rodillas tumbando y sacando el carbón, expuestos a enfermedades respiratorias por falta de mascarillas.
“No traen equipo más que el casco y la lámpara”, dice Cristina Auerbach, directora de Familia Pasta de Conchos. “Llevan el casco porque, si no, no tienen dónde poner la lámpara. Si se lo pudieran ahorrar (los dueños), también se lo ahorraban”.
Para mineros y especialistas, la mayor negligencia de los empleadores es el escaso conocimiento de las condiciones geológicas.
“No contratan ingenieros, no hacen cálculos, no están midiendo producción, sino simplemente sacan, venden y hasta ahí”, señala Diego Martínez, del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Advierte que en El Pinabete aparentemente nadie revisaba planos ni orientaba las maniobras. De hecho, no tenía planos actualizados, según autoridades locales. David ignora de dónde obtienen información técnica los “encargados”.
A su juicio, la atractiva veta de El Pinabete, superior al promedio, es una razón poderosa para que la empresa desdeñara los peligros. “¡Al dueño le vale (no le importa) con tal de que saquen carbón!”, expresa.
La compañía registrada como dueña de la concesión guarda silencio en torno al caso y hay opacidad sobre quiénes son sus propietarios.
La minería en Coahuila es la más sancionada por incumplir medidas de seguridad en México. El gobierno ha suspendido actividades en 27 explotaciones, un 84 por ciento de todas las sanciones decretadas en minas del país desde 2018.
Sin embargo, la falta de medidas más severas en la zona carbonífera obedece a cacicazgos políticos, según Auerbach.
“La CFE ejerce el control político sobre la región porque controla a todos estos políticos dándoles contratos, aunque los muertos los ponen los mineros y sus familias”, denuncia.
Sin vincular a la CFE, López Obrador también refiere la existencia de gamonales que impiden que los mineros -sin contratos- se sindicalicen.
“Es muy raro el patrón que te pone el seguro (social). La mayoría de los pozos son clandestinos”, comenta David.
La reserva siniestrada fue concesionada hasta 2053. Aunque legal, es uno de los lapsos más amplios en Latinoamérica, arriba de los 30 años en Colombia o 25 en Ecuador. Pese a ello, la minería es la única fuente de empleo para muchos en la zona. “Siempre hemos trabajado en esto (…), es muy difícil dejarlo”, admite Luis Ontiveros, sin perder la esperanza de ver con vida a sus diez colegas. N
(Con información de AFP)
