A casi ocho años de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este jueves nuevos detalles de la investigación sobre el caso Ayotzinapa. De manera inaudita, por primera vez se admitió públicamente que todos los indicios apuntan a que los estudiantes fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, en contubernio con autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó las conclusiones del informe Ayotzinapa. En donde destacó que en la desparición concurrieron criminales de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. En conferencia de prensa, acusó que las autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Además de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad.
“Fue un crimen de Estado (…) No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, subrayó.
Uno de los puntos clave que reitera el informe, es que todas las autoridades estaban informadas de los movimientos de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el día de su desaparición, es decir, la Sedena, CISEN, Policía Federal Preventiva, el gobierno de Guerrero, la Policía Estatal y municipales.
“Sus acciones, omisiones o participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas (…) No se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en la zona al momento de los hechos”, dijo.
El pasado 29 de marzo, López Obrador adelantó que miembros de la Marina eran investigados supuestamente por haber manipulado pruebas durante las primeras pesquisas, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de tres únicos alumnos identificados hasta ahora.
La desaparición de los 43 estudiantes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, en Guerrero, para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional. Encinas aseguró que el Ejército incluso tenía infiltrado a un soldado en la escuela, quien informaba de las actividades estudiantiles y cuyo paradero se desconoce también desde el 26 de septiembre, cuando envió su último reporte.
“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado”, dijo.
Una veintena de personas que daban información sobre el caso han sido asesinadas desde 2014, según el documento. La responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas no fue incluida en la llamada “verdad histórica” planteada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos. Lo anterior, al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis, rechazada por familiares de las víctimas. Así como por el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Como parte de las indagaciones, el gobierno de Peña Nieto aceptó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su tercer informe de marzo pasado, ese grupo denunció las manipulaciones en el basurero. También acusó a autoridades de haber ocultado información clave desde el día que ocurrieron los hechos. Según el GIEI, algunas instituciones -a las que no identificó- se resisten a entregar información necesaria para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia.
Encinas reiteró lo dicho por el GIEI en cuanto a que no hay indicios de que los jóvenes estén con vida. Sin embargo, apuntó que los 43 jamás volvieron a estar juntos tras salir de la escuela y por tanto se debe seguir la búsqueda de los restos en otros sitios. N
(Con información de AFP)
