La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EUA) condenaron este lunes a la junta militar de Birmania tras aplicar la pena de muerte a cuatro opositores.
En la lista de ejecuciones se incluye a un antiguo diputado del partido de la exdirigente, Aung San Suu Kyi, y el activista por la democracia Kyaw Min Yu. Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw fueron los otros dos hombres ejecutados.
Esta es la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas, informó la prensa estatal. Las ejecuciones provocaron una condena generalizada y provocaron llamados a la comunidad internacional para que tome medidas más severas contra la junta ya aislada.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó enérgicamente estas ejecuciones. Estas se llevaron a cabo desoyendo las reiteradas peticiones de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que no se aplicaran las sentencias de muerte.
Bachelet expresó gran consternación por las muertes. “Este paso cruel y regresivo es una extensión de la actual campaña represiva de los militares contra su propio pueblo. Estas ejecuciones, las primeras en Birmania en décadas, son crueles violaciones de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de una persona y las garantías de un juicio justo. Que los militares amplíen su matanza sólo profundizará la crisis que ellos mismos han creado”, advirtió.
Asimismo, Bachelet pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos y otras personas detenidas arbitrariamente. Instó al país a restablecer su moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte como un paso hacia la abolición final de ese castigo.
Por su parte, el relator de la ONU para Birmania también ha pedido una respuesta internacional contundente tras las ejecuciones. Thomas Andrews se declaró “indignado y devastado“.
Los cuatro hombres ejecutados fueron declarados culpables de ayudar a llevar a cabo “actos terroristas” contra el ejército que tomó el poder en un golpe de estado el año pasado y desató una sangrienta represión contra sus opositores. Las condenas se produjeron en juicios celebrados a puerta cerrada celebrados en enero y abril.
Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de las peticiones mundiales de clemencia, incluidas las de varios expertos en derechos humanos de la ONU y de Camboya. Este país ostenta la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
La Unión Europea “condena enérgicamente” las ejecuciones “por motivos políticos” de cuatro presos, entre ellos dos opositores, por parte de la junta birmana, declaró el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.
“Estas ejecuciones por motivos políticos representan un paso más hacia el completo desmantelamiento del Estado de Derecho. Así como una nueva violación flagrante de los derechos humanos en Birmania”, señaló Borrell en un comunicado. Ahí mismo se reitera la oposición de la UE a la pena de muerte, un “castigo inhumano, cruel e irreversible”.
Estados Unidos también se pronunció contra las ejecuciones. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, denunció “el total desprecio del régimen por los derechos humanos y el Estado de Derecho”.
“Estados Unidos condena en los términos más enérgicos las ejecuciones por parte del régimen militar de Birmania de activistas a favor de la democracia y líderes electos Ko Jimmy, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw por el ejercicio de sus libertades fundamentales.
“Estos censurables actos de violencia ejemplifican aún más el completo desprecio del régimen por los derechos humanos y el estado de derecho. Desde el golpe de febrero de 2021, el régimen ha perpetuado la violencia contra su propio pueblo. Ha matado a más de 2,100, desplazando a más de 700,000 y deteniendo a miles de personas inocentes. Incluidos miembros de la sociedad civil y periodistas”.
El ejército gobernante de Birmania continúa con una sangrienta represión contra sus opositores. Con más de 2,000 civiles muertos y más de 15,000 detenidos desde el golpe de Estado, según una organización local.
También se enfrenta a acusaciones de genocidio contra los rohinyás. En 2017, más de 740.000 miembros de esta minoría musulmana se refugiaron en campamentos improvisados en Bangladés para huir de los abusos del ejército.
El golpe de Estado se llevó a cabo en 2021, cuando la junta militar derrocó a líder de Birmania, Aung San Suu Kyi.
En abril pasado un tribunal de la junta de Birmania condenó a Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por corrupción.
La Premio Nobel de la Paz de 76 años, ya condenada a seis años de cárcel, enfrenta una larga serie de acusaciones desde el golpe militar de febrero de 2021 que la pueden mantener en la cárcel por décadas. N
