Días después de que el estado estadounidense de Ohio prohibiera el aborto, la doctora Mae Winchester recibió a una paciente que necesitaba interrumpir el embarazo para salvar la vida. “Sabía lo que tenía que hacer médicamente. Pero legalmente…”
El 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos dinamitó el derecho al aborto que llevaba casi medio siglo garantizándolo. Esto dio paso a que una decena de estados conservadores prohibieran o restringieran mucho los abortos en sus territorios.
Desde este giro histórico, el panorama legal ha cambiado y ha dejado muchas áreas grises. Eso crea “un nivel significativo de estrés” en la profesión, señala Harry Nelson, abogado especializado en la defensa de los médicos.
En Ohio, donde trabaja la doctora Winchester, los abortos siguen siendo posibles, pero solo hasta las seis semanas de embarazo y la formulación sobre la “emergencia médica” es ambigua. Su paciente había sobrepasado este plazo, por lo que tuvo que consultar al departamento legal del hospital.
“Sé lo que debo hacer médicamente. Pero desde un punto de vista legal, ¿cómo la protejo? ¿Cómo me protejo yo? ¿Cómo protejo a nuestra institución? ¿A nuestras enfermeras y anestesistas que van a estar involucrados en este caso?”, le preguntó.
“Afecta a todos”, declara esta obstetra a la AFP.
Las leyes que prohíben la práctica del aborto van acompañadas de sanciones sustanciales para los profesionales de la salud. Oscilan entre fuertes multas y sentencias de hasta 10 años de prisión.
La amenaza de juicios y los costos legales que llevan asociados crean “una situación extraña, en la que los médicos están nerviosos incluso cuando prestan cuidados legítimos en casos con condiciones potencialmente mortales”, subraya Nelson.
El gobierno del presidente Joe Biden ha tratado de brindarles un poco de seguridad, asegurando que la ley federal “prevalece” sobre la estatal en materia de emergencias médicas. Si un médico cree que se necesita un aborto para “estabilizar” una emergencia, debe practicarlo, escribió el ministro de Salud, Xavier Becerra, al personal sanitario de los servicios de urgencias del país.
Sin embargo, el estado de Texas ha recurrido a los tribunales, acusando al gobierno demócrata de querer “transformar cada sala de emergencias del país en una clínica de aborto sin cita previa”.
El presidente de la poderosa organización de planificación familiar Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, estima que esta denuncia aumenta “la confusión y crea peligro de muerte en caso de embarazo ectópico, septicemia u otro problema vital”.
Más de 90 fiscales locales han dicho que no abrirán procesamientos por estos casos en sus jurisdicciones, pero otros están determinados a hacerlo. El fiscal general de Indiana, un ultraconservador, amenazó con demandar a una ginecóloga que ayudó a una niña de 10 años a abortar después de ser violada.
La niña se vio obligada a viajar desde su estado de Ohio porque había excedido las seis semanas de embarazo. Las interrupciones voluntarias de embarazo siguen siendo legales en Indiana, pero el fiscal general Todd Rokita acusó a la ginecóloga de incumplir con sus obligaciones de informar del caso.
Finalmente, los abogados de la doctora demostraron que sí lo había hecho. Nelson estima que este caso muestra cómo ciertos fiscales, funcionarios electos, pueden usar “tácticas intimidatorias” para desanimar a los médicos.
Los médicos no son los únicos que asumen riesgos. En Texas, Idaho u Oklahoma las leyes autorizan demandas civiles contra cualquier persona que ayude a las mujeres a abortar, lo que podría afectar tanto a un taxista como a una asociación que financia la intervención.
La vaguedad legal también resulta peligrosa para otras enfermedades, como por ejemplo los tratamientos contra el cáncer que pueden amenazar el embarazo.
“Debido a que cada situación es tan diferente, es muy difícil para nosotros redactar pautas, y todos piden pautas”, explica Kristin Lyerly, del Colegio de Ginecólogos estadounidenses que, junto a 75 organizaciones, denuncia interferencias legislativas en el trabajo de los médicos.
“El manejo del embarazo es complicado, pero lo tienen que hacer los médicos, no los políticos”, declara a la AFP.
Desde el fallo de la Corte Suprema, los ginecólogos se sienten “atrapados entre la espada y la pared”, dice. “¿Qué se supone que debes hacer: ¿Cometer malas prácticas o ir a la cárcel como criminal por practicar un aborto?”. N
