Hemos comentado que en México asistimos ya a una estanflación. En realidad, en este sexenio hemos estado fundamentalmente estancados. A partir de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los severos recortes al gasto del gobierno, la constante violación al estado de derecho y la confrontación con el sector productivo ha dado como resultado una dramática caída en la inversión y, por tanto, del crecimiento. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), sabemos, está compuesto por el índice subyacente que incluye los precios de los bienes y servicios que se comercializan: estudios médicos básicos, proteínas (pollo), medicinas de cuadro básico, etcétera. Tenemos también el índice no subyacente, que incluye aquellos bienes que se consumen, pero cuyo precio depende de factores no siempre apegados a la libre oferta y demanda, sino a políticas de gobierno, eventos geopolíticos e, incluso, fenómenos meteorológicos como sequías o huracanes: gas, gasolina, luz, petróleo.
En este proceso de formación de precios apreciamos, al mismo tiempo que ocurre, una forma distinta de ver la inflación y a la que están pendientes los mercados, analistas y bancos centrales cuyo sustento fundamental son las expectativas y el comportamiento de las tasas en el corto y largo plazos.
Esta otra forma de sentir y percibir la inflación es aquella que afecta de forma muy directa a la gente común alejada de los grandes mercados y que la componen médicos, jefes del hogar, personas trabajadoras, maestros o enfermeras.
Los precios en este nivel de la economía, si bien en ocasiones pueden ser el resultado de las grandes decisiones de mercado, afectan el poder de compra de la persona común. Esta afectación a las personas, justamente, es lo que realmente preocupa a los gobiernos y políticos que buscan el poder político.
Es, este proceso, el que involucra decisiones no económicas, sino más bien político-electorales como es actualmente el caso de México con el subsidio que el gobierno hace al precio de las gasolinas y que en tan solo medio año alcanza los 157 mmdp.
A nuestros gobiernos no les importa el deterioro a las finanzas públicas, sino las elecciones.
A pesar de que el gobierno mexicano ha querido insistir en que la inflación que vivimos es importada de Estados Unidos, Ucrania y la era poscovid, la realidad es que el 40 por ciento de este índice es totalmente responsabilidad interna.
Un ejemplo que describe nuestro problema inflacionario interno, que nos hace distintos a las demás economías, es la inseguridad creciente.
En efecto, México es uno de los países más inseguros del mundo. Los niveles de inseguridad son cada vez más altos y afectan directamente a los precios de los bienes que consume la gente común. El cobro de derechos de piso, las extorsiones, los robos en carreteras, generan excesivos costos a la planta productiva que, evidentemente, los traslada a los consumidores que estarían pagando un sobreprecio por su consumo.
Hemos llegado a tales niveles de acción del crimen organizado en el que su actuar, totalmente impune, está presionando constantemente los precios de las mercancías.
A lo anterior se suman los constantes bloqueos a las vías generales de comunicación —aeropuertos, vías de tren— que diversas organizaciones gremiales realizan para solicitar al gobierno dinero para sus líderes.
Estas acciones limitan considerablemente que la logística del país opere de manera eficiente en detrimento del mercado interno que, al presentar deficiencias, incide directamente en los precios finales.
Todos estos factores, aunados a los naturales de ciclo económico, merman de manera sistemática la capacidad de las personas para adquirir los productos de la canasta básica.
Al mismo tiempo, la inseguridad que vivimos provoca lo que se conoce como una doble imposición a través de la cual, ante la pobre actuación del Estado ante este problema, las personas en este caso, los empresarios grandes y pequeños, los profesionistas independientes, comercios en pequeño, entre otros, paguen a particulares por seguridad que no les proporciona el gobierno.
Así, empresas, restaurantes, hoteles, laboratorios, escuelas y muchos otros comercios formales se ven obligados a pagar sus impuestos puntualmente, lo que no les es correspondido con seguridad pública, por lo que a estas tributaciones se le suman gastos aparte en seguridad.
Al final del día este doble gasto lo termina pagando la sociedad aun sin importar el estrato social al que pertenezca. Hemos llegado al extremo de ver cómo en diversas partes el pollo se vende al precio que determina el crimen organizado. El aguacate es otro caso, su precio se determina para todo el país por el control que el crimen tiene en las regiones productoras.
En las naciones en desarrollo, no existe duda de que el control inflacionario no es exclusivo de los bancos centrales. Los gobiernos, con su actuar o no actuar, son corresponsales de la pérdida del poder adquisitivo de quienes dicen representar. N
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Carlos Alberto Martínez Castillo es doctor en Desarrollo Económico, Derecho y Filosofía y profesor en la UP e Ibero. Ha colaborado en el Banco de México, Washington, Secretaría de Hacienda y Presidencia de la República. Es socio de Excel Technical Services. Su correo es drcamartí[email protected] Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
