Sentada en su sofá, con una taza con la leyenda “Destruyamos el patriarcado” en la mano, Lori Lamprich recuerda su aborto 15 años atrás en su natal Misuri, un estado conservador del medio oeste de Estados Unidos en el que recibir este procedimiento no era tan difícil como lo es ahora. En 2020, esta estadounidense de 39 años se incorporó a la Midwest Access Coalition (MAC), una asociación que ayuda a las mujeres que desean realizarse una interrupción voluntaria del embarazo (IVG) en Illinois. “Todo lo que pueda hacer para que el proceso sea más fácil lo voy a hacer”, dice a la AFP.
En su casa de San Luis, cercana a la frontera natural con el estado vecino de Illinois, Lamprich dice que abortar fue para ella todo un desafío. Ahora es simplemente ilegal.
Planned Parenthood, la última clínica de San Luis en realizar abortos, tuvo que cesar sus operaciones el 23 de junio. Este estado republicano se convirtió en el primero de Estados Unidos en prohibirlo tras la decisión tomada el mismo día por la Corte Suprema que anuló la sentencia “Roe versus Wade”, que en 1973 garantizó el derecho al aborto a nivel federal.
Ahora, autorizar o prohibir el aborto dependerá de cada estado. Según el Instituto Guttmacher, 26 estados acabarán declarándolo ilegal; una docena ya lo hicieron.
Desde San Luis, una ciudad de 300,000 habitantes, Lamprich no tiene más que cruzar el puente sobre el Misisipi y un cartel le dice “Bienvenida a Illinois”. Allí, el aborto sigue siendo legal. “En apenas 20 minutos entras en un mundo completamente diferente”, dice.
Varias veces al mes, esta voluntaria ayuda a las mujeres a viajar a Illinois. Y tendrá cada vez más demanda. “Todas las personas que fueron a Planned Parenthood en St. Louis van a ser llevadas a Illinois”, anuncia.
Ella las conduce al centro de atención Hope Clinic for Women, en Granite City. En la entrada, los voluntarios acompañan a pacientes escondidas tras paraguas con los colores del arcoíris.
John, un activista contra el aborto, sostiene un cartel con la imagen de un feto ensangrentado. “Dense la oportunidad de amar a su hijo y sostenerlo en sus brazos”, les grita a las mujeres. Un poco más allá, una decena de fieles católicos rezan.
Para su párroco, que desea permanecer en el anonimato, la decisión del Tribunal Supremo no pone fin a su lucha. “Realmente no es una gran victoria. El aborto sigue siendo posible, solo debes tomar tu auto”, suspira.
En la clínica Hope el teléfono no cesa de sonar. “Todavía estamos aceptando citas”, le asegura una recepcionista a una paciente.
Illinois, un estado arraigado en el campo demócrata, está rodeado de feudos republicanos que ya han prohibido o están a punto de prohibir el aborto. A quienes deseen practicarse una IVG en esos estados conservadores solo les quedará Illinois a cientos de kilómetros a la redonda.
En 2020, el 20 por ciento de las 46,000 mujeres que abortaron en Illinois procedían de otro estado.
Según Planned Parenthood, entre 20,000 y 30,000 mujeres más podrían desembarcar en Illinois cada año.
El gobernador demócrata J. B. Pritzker condenó la decisión “abyecta” de los “extremistas” de la Corte Suprema. Y prometió hacer de su estado un “santuario” para el aborto.
Una de las lideresas de Hope Clinic, Julie Burkhart, estima que las IVG podrían duplicarse o triplicarse. “La gente viaja muy lejos para acceder a un aborto. Somos un recurso importante para las personas de los estados del sur que están a punto de perder por completo ese derecho”, señala.
La clínica tendrá que contratar más empleados y podría enfocarse únicamente en practicar abortos.
Otros establecimientos se están preparando para una afluencia masiva de pacientes. En 2019, la filial de Planned Parenthood en Saint-Louis se había anticipado a la realidad actual y abrió una segunda clínica del lado de Illinois de la frontera.
En Tennessee, Choices Clinic-Memphis inaugurará un nuevo local a tres horas de distancia, en Carbondale, Illinois, una ciudad universitaria elegida por disponer de una estación de tren y estar ubicada estratégicamente en las fronteras con Misuri, Arkansas, Kentucky y Tennessee.
Las mujeres más pobres serán las más perjudicadas por la decisión de la corte. Un aborto cuesta entre 500 y 2,500 dólares, a lo que deberán sumar transporte, hotel, días de trabajo perdidos… La asociación MAC, que ya ayuda a estas mujeres, tendrá que encontrar más dinero.
Algunos analistas temen que los estados conservadores demanden judicialmente a las personas que ayudan a las mujeres a abortar en otro estado.
“Me da miedo, pero eso no me va a frenar. Para mí, es algo demasiado importante”, concluye Lori Lamprich. N
