Las autoridades de El Salvador han detenido a 30,506 presuntos pandilleros desde que el presidente Nayib Bukele inició al cierre de marzo un “combate” contra esas agrupaciones para contener una ola de homicidios, informó este lunes la policía.
“536 terroristas fueron capturados el domingo 15 de mayo. En esa fecha se cumplieron 50 días de régimen de excepción. El total de capturas desde que inició la guerra contra pandillas es de 30.506″, aseguró la Policía Nacional Civil (PNC) en Twitter.
Bukele le declaró la “guerra” a las pandillas que operan en su territorio, tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo. Las autoridades han atribuido estos crímenes al accionar de estas agrupaciones.
Respaldada en un régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo a solicitud de Bukele, la ofensiva de seguridad ha detenido sin orden judicial a los presuntos pandilleros. Ello tras una escalada de homicidios.
El 26 de abril entró en vigencia una prórroga por 30 días del régimen de excepción. La medida restringe también la libertad de asociación, el derecho a la defensa. A su vez, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga y faculta intervenir las comunicaciones.
A pedido del mandatario, el Congreso también aprobó a inicios de abril una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de las pandillas.
La reforma también incluye castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros, de los cuales con la ofensiva de arrestos ahora un poco más de 46.000 están encarcelados.
A inicios de abril la ONU se pronunció en contra de la medida de Bukele. Apenas dos días después de que la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostrase su preocupación por las medidas de excepción adoptadas en El Salvador contra las maras, varios altos funcionarios de la Organización emitieron una declaración en la que expresan su solidaridad con los afectados y pidieron que se revisen tales medidas.
Con los recientes cambios en la ley penal juvenil del país, los niños y adolescentes que sean condenados por cometer un delito como parte de un grupo delictivo y que tengan entre 12 y 15 años podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión.
Los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión. Los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme. Así limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas. Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte.
En tanto, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, justificó el 5 de mayo ante delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el derecho del Estado a mantener la ofensiva contra las pandillas.
“Al Estado salvadoreño le asiste el Jus ad Bellum para defender al pueblo de la violencia criminal de las pandillas. El Jus ad Bellum es la rama del derecho humanitario que define las legítimas razones que un Estado tiene para hacer la guerra de manera legítima y justa”, aseguró Ulloa. N
Con información de AFP
