“La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restablecer un indulto presidencial y poner en libertad al expresidente Alberto Fujimori es un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno”, advirtió un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
“Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia. Esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas”, dijeron los relatores.
A su vez señalaron que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.
“A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho. Así como una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”, añadieron.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y secuestros.
Su condena ha sido elogiada internacionalmente y considerada un importante logro en la lucha contra la impunidad.
“La decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos. Los cuales restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad,” dijeron los expertos.
El indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 se había justificado por razones humanitarias debido a la avanzada edad de Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó “serias preocupaciones” sobre el cumplimiento de los requisitos legales en la concesión del indulto presidencial.
En 2018, la Corte Suprema de Perú revocó el indulto, lo que provocó su regreso a prisión. En 2021, Fujimori presentó un recurso de habeas corpus para anular la sentencia de la Corte Suprema de 2018 que revocó el indulto.
Los relatores firmantes aseguran que “sólo las enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos. Sin embargo, tales beneficios no pueden otorgarse en respuesta al mero paso del tiempo, la edad de la persona, o la situación general física o mental”.
“En estos casos, los Estados deben garantizar el derecho a la salud”, dicen, explicando que Fujimori disfruta de unas condiciones de detención adecuadas en la prisión de Barbadillo.
“La comunidad internacional reconoce la necesidad de restringir el uso de los beneficios procesales que favorecen a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Ello para que no tenga el efecto de hacer ilusoria la justicia penal. Esto podría minar la confianza de las víctimas y de la sociedad en el Estado de Derecho y en las instituciones de gobierno”, señalaron.
No está claro cómo afectará la decisión del Tribunal Constitucional a las acusaciones y juicios pendientes contra Fujimori. Incluidos los relativos a la matanza de Pativilca de 1992 y a las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres, en su mayoría indígenas.
Los expertos de la ONU son: Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Morris Tidball Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y Luciano Hazan (Chair-Rapporteur), Aua Baldé (Vice-Chair), Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni, Henrikas Mickevičius, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. N
