Hace unos meses acompañé a un integrante de Mexicali Resiste, movimiento que lucha contra la cervecera Constellation Brands y las desalinizadoras en el norte del país. Nos dirigimos al plantón afuera de la empresa Bonafont, ubicado en el municipio de Juan C. Bonilla de Cholula, en Puebla.
Era julio de 2021. Cuatro meses antes, el 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, diversos integrantes de los pueblos comenzaron un plantón en la empresa Bonafont para detener sus actividades de producción. Cuando llegamos al sitio nos recibió un plato de frijoles calientitos. Resultó ser un cobijo oportuno, pues comenzaba a bajar la temperatura. El plantón se encontraba perfectamente organizado. Un área para dormir, otra para cocinar, un pequeño lavabo y el área más importante: la larga mesa para compartir los alimentos.
Después de comer nos encontramos con algunos integrantes que medían e intentaban poner un baño seco. Dijeron que era cuestión de congruencia intentar ahorrar agua y usar opciones ecológicas en todos los ámbitos.
Al anochecer comenzaría la asamblea. Era visible la diversidad de posiciones, historias de vida y esperanzas dentro de quienes se encontraban ese día.
Señoras que realizan trabajo de cuidados, preocupadas por no poder hacer sus tareas cotidianas como lavar, muy articuladas alrededor de los párrocos y el sentido religioso. Periodistas jóvenes de ímpetu feminista, con ropa relajada y una mente inquieta por crear estrategias de comunicación. Algunos hombres jóvenes de la región que habían estudiado la universidad en la Ciudad de México y abandonaron la gran metrópoli para defender su casa. Integrantes de radios comunitarias e indígenas. Hombres de la tercera edad que escuchaban atentos y traían a cuenta referencias marxistas.
Me hizo sentido la heterogeneidad del grupo, así es la vida. Somos muchos y diversos, pero coincidían en que el cierre de la empresa Bonafont era en beneficio de su supervivencia como pueblos nahuas, quienes continúan ejerciendo la agricultura, cosechan y cocinan sus alimentos.
Por ello, cuando desperté con la noticia del desalojo por parte de la Guardia Nacional, el pasado martes 15 de febrero, intenté lo más pronto saber si estaban bien. Las historias de terror que he escuchado sobre el ejercicio de este cuerpo de seguridad me hicieron temer sobre su bienestar.
Aproximadamente un mes después de mi visita, el 8 de agosto de 2021, el día en que se celebra el natalicio de Emiliano Zapata, por medio de la asamblea se decidió cuál sería el destino para el espacio de la sucursal productora de Bonafont. Se creó Casa de los Pueblos Altepelmecalli, que sería un lugar para la educación, medios de comunicación comunitarios y servicios de salud que no provee el Estado.
En la asamblea de Los Pueblos Unidos de la región Cholulteca participaron delegados de San Juan Tlautla, San Gabriel Ometoztla, San Mateo Conalá, San Lucas Nextetelco, Santa María Zacatepec, Colonia José Ángeles, San Diego Cuachayotla, San Lucas Atzala, Santa María Coronango, Santa Bárbara Almoloya, San Sebastián Tepalcatepec, San Miguel Xoxtla, San Juan Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, San Martín Zoquiapan, San Francisco Ocotlán, Santa María Acuexcomac, San Buenaventura Nealtican, San Francisco Coapa, todos ellos en Puebla.
También contaron con el apoyo de miembros del plantón Mexicali Resiste, que opera en contra de una cervecera en el norte del país y de la comunidad otomí de Ciudad de México en resistencia.
La planta de producción de agua embotellada se convirtió en una casa comunitaria donde se ofrecían talleres y seminarios como el de “Territorios de Vida”. Además, inauguraron áreas de servicios de salud y televisión comunitaria.
Hablé con Camilo, integrante de Los Pueblos Unidos de la región Cholulteca, después del desalojo. Por fin, realizamos la entrevista que desde mi visita dejamos en el tintero. Yo le comenté: “Muchas personas dirán que el desalojo es justo. Que ustedes violaron propiedad privada y que deben de marcharse. ¿Qué les dirías a estas personas?”.
Camilo me contestó muy seguro de sí: “Esta empresa se instaló con una consulta falsa que se realizó en 1992, a la colonia Ángeles, preguntándoles si querían un poco de uso agrícola. Nosotros somos nahuas, sembramos la milpa. Y aceptamos la construcción de un pozo profundo, pero resultó que fue con fines industriales”.
De acuerdo con Camilo, el engaño en la consulta dio inició a la explotación del agua en la región por la empresa Arcoíris, que después se convertiría en la planta de Bonafont. Dicha empresa es acusada por las personas pobladoras de sobreexplotar los pozos y dejar a la comunidad en sequía. También, de malas prácticas laborales con los empleados de la región.
Camilo hace mucho énfasis en que su decisión está avalada por quienes viven en la región: “Nosotros tomamos la decisión de defender el territorio y un elemento vital y sagrado para nuestros pueblos y la humanidad. Las decisiones que tomamos han sido en asambleas y por derecho a nuestra autonomía. Es una demanda legítima contra una empresa que ha dañado mucho solo con intereses del capital”.
Insistí en saber si se encontraban bien, si hubo heridos o detenidos durante el desalojo por la Guardia Nacional. Camilo me dijo que no, pero que eso no significaba que no existiera un ejercicio de violencia.
“Desde que se realiza un desalojo es violento”, me dijo. “Que no haya violencia física no significa que no exista violencia por parte del Estado para intimidar a la población, con más de 50 patrullas y más de 300 elementos de policías fuertemente armados. Hubo un grupo de granaderos. La violencia está implícita en el mismo hecho”, describió Camilo.
El desalojo de Altepelmecalli se dio debido a una orden emitida por un juez de competencia penal, que decretó la restitución de la planta a favor de la empresa. Esta, anunció, podrá restablecer actividades, de acuerdo con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
Esta intervención de agentes que representan al Estado llevó a que preguntase a Camilo qué pensaba del Estado y su legitimidad.
“Desde el momento en que los tres niveles de gobierno se articulan para vigilar y proteger a una empresa privada que ha dañado gravemente a nuestra población, dan cuenta de que no sirven a los intereses comunitarios, sino a empresas trasnacionales”, contestó. “Es una clara muestra de como el Capital, las empresas y el dinero son los que están gobernando el país”.
Después de aquella asamblea, hace casi un año, tomamos té calientito con pan. Mientras iba acercándose la madrugada saltamos la cuerda para pasar el tiempo. Había niñas y niños en el plantón, muchos acompañaban a sus abuelas que eran quienes hacían de comer para todos.
Al dormir recuerdo mi sensación de nervio al ver pasar las patrullas. No me dejaba dormir la ansiedad de que en cualquier momento podrían venir y sacarnos. En México, la confianza en los agentes de seguridad es lo que menos aflora. No sucedió esa noche. Pero sí hace unos días.
¿La Altepelmecalli dejará de ser lo que era para la continuación de agua embotellada? N
