Aunque el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) y los tribunales federales han emitido sanciones en contra de ciudadanos y actores políticos de la entidad a los que se les acreditó violencia política de género, hasta el momento no han sido agregados al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres del Instituto Nacional Electoral (INE).
Se trata de un listado público de todas las personas que sean sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, con el que se busca inhibir más casos de este tipo, facilitar la cooperación entre instituciones para la generación de información y la consulta de información previo al registro de las candidaturas.
El registro entró en vigor desde el 7 de septiembre del 2020, en el marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021.
Al día de hoy, la plataforma (https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/) cuenta con 176 registros de 155 personas que han sido sancionadas tras acreditarse que cometieron violencia política de género.
De esa cifra, 129 son hombres y 26 mujeres.
La entidad que tiene una mayor cantidad de registros en la base de datos es Oaxaca, con 41 carpetas, seguido de Veracruz, con 29, Baja California con 14 y Sonora con 9.
Otros estados que cuentan con registros son Chiapas (8), Quintana Roo y Tabasco (7), Campeche (6), Ciudad de México, Querétaro y San Luis Potosí (5), Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit y Nuevo León (4), entre otros.
Presidentes municipales y alcaldesas, los más violentadores
Según las estadísticas del registro, los presidentes municipales y alcaldesas son los funcionarios del servicio público con mayor cantidad de sanciones por violencia política de género, con 55 expedientes, lo que equivale al 23.2%.
De ellos, 49 corresponden a hombres y seis a mujeres.
Las acciones más comunes que derivaron en actos de violencia política de género en este nivel de gobierno fueron:
Además de los titulares de las presidencias municipales, las regidoras y regidores son los segundos funcionarios públicos con mayor cantidad de carpetas por violencia política de género, con 28 expedientes, representando el 18.06% del total.
Asimismo, suman 11 casos de aspirantes, candidatas y candidatos a algún cargo público de representación popular.
Pero no sólo se ha sancionado a actores políticos y servidores públicos, pues también suman 13 expedientes en contra de periodistas y 8 ciudadanas y ciudadanos.
De los 176 casos de violencia política de género, 58 ocurrieron entre pares, es decir, cuando el agresor y la víctima ocupaban cargos públicos del mismo nivel, que laboraban en las mismas dependencias o incluso en las mismas áreas.
En 55 casos no había ninguna relación entre el agresor y la víctima y en 33 expedientes había una relación jerárquica, de superior a subordinado. Sólo en ocho casos la relación era por ser oposición en una contienda electoral.
Reincidentes en violencia política de género…hasta en 10 ocasiones
De acuerdo al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, en 65 casos los agresores no recibieron ninguna sanción, a pesar de haberse comprobado la violencia política.
En 45 expedientes se impuso una amonestación pública y en 41 carpetas se impuso una multa económica o simbólica.
Cabe destacar el caso del presidente municipal de Altotonga, Veracruz, Ernesto Ruíz Flandes, quien acumula 10 sanciones por acreditarse violencia política de género entre los años 2020 y 2021.
Otro caso que resalta es el de Yolanda Adelaida Santos Montaño, a quien el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) le negó el registro como candidata de MORENA a la presidencia municipal de San Jacinto Amilpas, cargo al que pretendía reelegirse, luego de incumplir tres sentencias condenatorias por violencia política de género, actos cometidos en contra de regidoras del ayuntamiento.
Además de ellos, suman ocho personas con dos sentencias condenatorias dentro del registro.
Personas sancionadas durarán hasta 5 años en el registro
Según los “Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género”, la persona sancionada permanecerá en la plataforma del registro hasta por 3 años si la falta es considerada como leve, por 4 años si es considerada como ordinaria y por 5 años en caso de ser catalogada la falta como especial.
Cuando la violencia política en razón de género sea realizada por servidores públicos, funcionarios electorales, partidistas, aspirantes a candidaturas independientes, precandidatos o candidatos, periodistas o personas dedicadas a los medios de comunicación, la permanencia en el registro aumentará hasta en un tercio.
De igual forma, cuando la violencia política de género sea cometida en contra de mujeres pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, afromexicanas, mayores, personas de la diversidad sexual, con discapacidad o en otro grupo en situación de discriminación, la permanencia podría aumentar hasta en un 50%.
Finalmente, en caso de reincidir en este tipo de conductas, las personas sancionadas podrían permanecer en el registro hasta por seis años.
Al mantenerse dentro del registro, las personas sancionadas no podrían tener acceso a las candidaturas de representación popular, así como a cargos gubernamentales, a partir de las iniciativas y los lineamientos denominados como “3 de 3 contra la Violencia”, emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
