Presentan Francisco Miguel Aguirre Arias integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes (CPC Ags) y Francisco Javier Ruíz López presidente de México Líder y ex presidente de Coparmex  Aguascalientes, 2 denuncias contra las y los Integrantes de la actual legislatura del Estado de Aguascalientes, derivado del reportaje “La Caja Negra de Aguascalientes”, donde se documenta que usaron empresas, algunas fantasma, para desviar 140 millones de pesos.

Las denuncias fueron presentadas la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes y ante la Fiscalía General de la República. En las denuncias, entre otras cosas, se solicita el reconocimiento de la calidad de víctima, ello con fundamento en lo previsto en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Esto con la finalidad de que durante todo el curso de litigio puedan constituirse los ciudadanos como víctima del delito y coadyuvante de la investigación y proceso.

Estas denuncias acompañan las recientes ideas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde, con este tipo de acciones, se pretende reforzar la relevancia de los particulares y las organizaciones no gubernamentales en la lucha contra la corrupción. Entre los dichos, La Corte advirtió la insuficiencia del Estado para combatir la corrupción, por lo cual se consideró necesario “la corresponsabilidad y la participación de la sociedad en el combate de la corrupción”, cosa que se materializa con estos hechos.

Atentos al nuevo régimen de responsabilidades administrativas, el denunciante “ha dejado de ser un simple vigilante para convertirse en un actor fundamental” del sistema, como según lo establece el Congreso de la Unión, la denuncia es “el elemento que permite hacer efectiva la rendición de cuentas constante y sistemática, que toda democracia necesita”.

Ello dota que este litigio en particular sea consistente en cuanto su interés jurídico.