Derivado de los comicios del 6 de junio para la elección de diputados locales, federales y ayuntamientos, se presentaron 44 denuncias por presuntas actividades ilícitas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Aguascalientes (FEDE), de las cuales ya se han resuelto más de la mitad, según informó su titular, Oscar Guillermo Montoya.
“Nosotros le damos seguimiento a las denuncias, inclusive ya ahorita hemos determinado más de la mitad porque no se ha acreditado la responsabilidad o el ilícito, yo termino mi cargo el 28 de julio y espero dejar determinadas casi un 90 o un 85% de todas las denuncias que se nos presentaron; se interpusieron 44 denuncias en este proceso electoral pero aún nos siguen llegando carpetas a través de la FEPADE y probablemente al menos ocho carpetas se judicialicen”.
Las conductas denunciadas son variables y van desde la utilización de recursos económicos y humanos de los gobiernos municipales para beneficiar a algunos candidatos y partidos políticos, hasta la compra de votos y la violencia política de género.
“No nada más es decir que van a dar prebendas, como son despensas u otras cuestiones, sino también utilizar al personal de la función pública para apoyar a favor o en contra a un candidato o partido político, eso es prisión preventiva oficiosa”.
En las más recientes modificaciones al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo el uso de programas sociales con fines electorales, por lo que quiénes incurran en este tipo de prácticas podrían ir a prisión.
En este sentido, Oscar Guillermo Montoya aseveró que en el proceso electoral se presentaron hasta seis denuncias por este tipo de situaciones, por lo que se sigue investigando para determinar si se configuró el delito y las autoridades gubernamentales que pudieran estar implicadas, quiénes podrían ser acreedoras a sanciones económicas o prisión preventiva.
“Nosotros lo que hacemos es pedirles la información y darles una periodicidad de tiempo para que cumplan, y si no lo hacen se les sanciona de manera económica, que se va incrementando hasta llegar a las horas de arresto, en esta ocasión por lo regular fueron autoridades municipales, principalmente de municipios del interior”, subrayó.
Previo a la jornada electoral del 6 de junio se interpusieron alrededor de 30 denuncias, mientras que durante y después de la votación se presentaron 15 querellas más por presuntos delitos electorales.
De acuerdo al fiscal, esta cantidad representa un aumento de hasta el 25% a comparación de las denuncias presentadas en los anteriores procesos electorales.
Otra novedad en esta ocasión fue la inclusión de la violencia política de género como un delito electoral, situación por la cual se interpusieron dos denuncias en el proceso electoral y una más que se dio vista por parte de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos de ellas en las que candidatas acusaban a medios de comunicación y periodistas de haber efectuado violencia política de género en su contra.
“Desde el inicio del proceso electoral hasta ahorita tuvimos tres denuncias por violencia política de género, dos de ellos de manera directa y uno a través de la Sala Especializada, y de ellos el único que tiene injerencia con el proceso electoral es el que hace una candidata en razón de que diversos medios de comunicación estuvieron hablando mal de ella y denostándola a través de Facebook, entonces nosotros estamos investigando estos casos”.
A decir del fiscal electoral, conforme se vaya difundiendo el contexto de la violencia política de género, en qué consiste y las sanciones que hay para quienes incurran en esta práctica, la cantidad de denuncias podría incrementarse en los próximos procesos electorales.
“¿Por qué no se han denunciado más delitos electorales?, la verdad no sé, tal vez hace falta redoblar esfuerzos por parte de esta fiscalía, por parte de los demás organismos públicos, de que existen ya delitos en contra de esta violencia política de género hacia las mujeres, es muy nuevo este tipo de delitos, pocos lo conocen”, concluyó.
