En el transcurso de casi cinco años (2016-2021), el presidente municipal de Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez, benefició con contratos de publicidad oficial por un total de 52 millones 840 mil pesos a la televisora local Intermedia de Juárez (Canal 44), propiedad de sus padres, Arnoldo Cabada de la O (1934-20201) y Martha Alvídrez Sáenz; sus hermanos, Jesús Antonio y Sergio Alberto Cabada Alvídrez, también tienen cargos dentro de la empresa.
Durante el mismo periodo, el Municipio otorgó otros 19 contratos a cinco televisoras locales por un monto total de 52 millones 039 mil 234 pesos, es decir, que Canal 44 recibió 800 mil 766 pesos más que todas las televisoras juntas, demostrando así un favoritismo por la empresa de sus padres.
El Alcalde firmó el primero de seis contratos que se adjudicaron directamente al Canal 44, en marzo de 2017, por el que se terminaron pagando 11 millones 50 mil pesos.
El 12 de enero de 2018 se adjudicó un nuevo contrato por la cantidad de 7 millones 367 mil pesos; este también fue firmado y ratificado por Armando Cabada.
Después de que la Sindicatura, regidores de oposición y medios de comunicación informaran sobre este presunto conflicto de interés, el 7 de febrero se aprobó designar al entonces regidor independiente, Carlos Ponce Torres, para firmar los contratos siguientes.
Esta fue una maniobra legal para evitar el posible conflicto de interés entre el Alcalde y la empresa de su familia.
Bajo esta nueva modalidad, Ponce Torres, quien recientemente fue nombrado coordinador de asesores del Alcalde, firmó desde el 3 de octubre del 2018 hasta el 5 de febrero de 2021, cuatro nuevos contratos que favorecieron al Canal 44, representado legalmente por Jesús Cabada Alvídrez, hermano del alcalde con un monto total de 34 millones 423 mil pesos.
A pesar de que Armando Cabada ya no participó en el proceso de adjudicación de los contratos realizados desde 2018, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua en su Informe Individual de la Auditoría de Cumplimiento Financiero I realizada a la Cuenta Pública 2019 del Municipio de Juárez, emitió una observación: una relación empresarial de Carlos Ponce Torres con dos hermanos del Alcalde.
De acuerdo al Registro Público de Comercio y el acta constitutiva del 26 de octubre de 2011, la empresa Centro Geriátrico Especializado, S. A. de C. V., presenta como accionistas a Manuel Alejandro y Jesús Antonio Cabada Alvídrez, hermanos del Presidente Municipal, y a Carlos Ponce Torres, lo cual representa una relación comercial directa entre el funcionario y la familia del Alcalde.
Como respuesta a la Auditoría, Armando Cabada aseguró que Ponce Torres ya no era accionista y administrador único del Centro Geriátrico Especializado a través de una copia certificada del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Centro Geríatrico Especializado.
“No obstante, la copia certificada por notario no constituye una protocolización del acta de la supuesta Asamblea General Ordinaria, por lo que no es prueba suficiente de la transmisión de acciones por parte del C. Carlos Ponce Torres”, sostiene la ASE.
Ante ello la ASE promovió un ‘Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa’ en el Tribunal de Justicia Administrativa para que se continúe con las investigaciones pertinentes y en su caso, se sancione a los servidores públicos involucrados.
Tanto la familia Cabada como el regidor Ponce Torres no respondieron a las solicitudes de entrevista.
El auditor superior del estado, Héctor Alberto Acosta Félix, comentó en entrevista que el Presidente Municipal actuó conforme a la ley al excusarse de participar en la celebración de los cuatro últimos contratos con la empresa de su familia.
“Me parece que estrictamente, en la ley se hizo lo correcto; sin embargo la consecuencia generó otra observación en razón de que el regidor (Ponce Torres) que firma los contratos también tiene tiene conflicto de intereses en razón de que participa en algunos negocios con socios de la empresa Intermedia en otro tipo de actividades mercantiles. Exime al Presidente Municipal, pero quien firma también tenía presuntamente conflicto de intereses”, puntualizó Acosta Félix.
Respecto a los primeros contratos de su gestión que sí firmó, actualmente existe una denuncia interpuesta por el PAN que no ha registrado avances.
Cabada Alvídrez dejará pronto la Alcaldía para tomar el cargo de diputado federal plurinominal por el partido Morena, obteniendo así fuero constitucional de acuerdo al artículo 111 de la Constitución.
Otro caso peculiar de la administración de Cabada, es el del actual director técnico de Obras Públicas del Municipio de Juárez, Julio César Vargas Gándara, quien se tomó un receso de la administración pública para convertirse en contratista del Municipio de Juárez.
Desde Octubre de 2016, Vargas Gándara estaba a cargo de la dirección de inversión de la Dirección de Evaluación y Planeación, dependencia encargada de gestionar el Fondo Fronteras del 2017, que contemplaba el proyecto de la ciclovía.
En febrero de 2017, Vargas Gándara renuncia al cargo y su constructora CPA Construcciones, Proyectos y Asesorías, es la ganadora de la licitación para obtener el contrato de la ciclovía que autorizaba 5 millones 526 mil pesos para llevar a cabo la obra, cifra que en su ejecución costó 6 millones 594 mil pesos.
Además de esa obra, Vargas Gándara obtuvo otro contrato OP-064-2017 para la pavimentación de tres calles en la colonia México 68, por 1 millón 271 mil pesos.
Posteriormente, Vargas Gándara regresó al servicio público el 20 de octubre de 2018, esta vez en el puesto de Director Técnico de Obras Públicas de Juárez, dependencia que licitó las obras para las que él fue contratado.
Sobre un posible conflicto de interés, el director de Obras Públicas, Francisco Javier Arroyos Salgado dijo a este equipo lo siguiente:
“Yo he tenido mucha comunicación, él en Planeación y yo en Obras Públicas (…) yo no le veo ningún tipo de interés porque al final de cuentas se tiene que buscar la manera de subsistir”, afirmó.
Arroyos Salgado recibió la obra de ciclovía cuando este era Director de Edificación. Tanto las firmas de Arroyos como de Vargas Gándara aparecen en el acta de entrega-recepción de la obra.
Para Cynthia López, representante de los colectivos ciclistas Fixibeat y Bicicleta Blanca Juárez y quien además fue nombrada ‘Alcaldesa de la Bicicleta’, la ciclovía está llena de baches y en abandono total.
“Está lleno de obstáculos, no solo la basura, sino que hay topes a la mitad de la ciclorruta, las vialetas se han caído. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos en la ciudad que se hace la obra y no se le asigna presupuesto para el mantenimiento y ha pasado en todas las ciclorrutas, que de nada sirve que estén segregadas si va a haber obstáculos atravesados, de nada sirve que se hagan si no se hacen bien porque es un riesgo que un ciclista ande en una ciclorruta así”, puntualizó.
El Director General de Obras Públicas, comentó a este equipo desconocer las condiciones actuales en las que se encuentra la ciclovía, pues de acuerdo con su versión, la dependencia encargada del mantenimiento es la Coordinación de Seguridad Vial.
La ley vigente de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua contempla que los proveedores que estuvieron en un cargo público hasta un año antes, no podrán celebrar contratos con el gobierno. Sin embargo esta reforma llegó hasta 2018, un año después de que las obras de ciclovía y pavimentación de calles fueran llevadas a cabo.
De acuerdo a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, René Carrasco Gómez, director general de Centros Comunitarios, otorgó más de 30 millones de pesos a las empresas Electrónica Médica K. U. K. O. para la cual él trabaja, y a Electromédica Tesla, cuyos dueños también participan como accionistas en la primera empresa.
El conflicto de interés está basado en la relación del cargo que ocupa Carrasco Gómez como Secretario del Consejo de Administración de la empresa Electrónica Médica K. U. K. O.
Dicha empresa es propiedad de Miguel Ángel González Portillo y Refugio González Paredes, este último también es accionista en la empresa Electromédica Tesla.
Según el informe financiero de la ASE: “René Carrasco Gómez, quien intervino en el proceso de contratación, tiene un conflicto de interés de negocios con los ciudadanos Refugio González Paredes y Miguel Ángel González Portillo quienes forman parte de la empresa Electromédica Tesla”.
A Tesla se le pagaron 14 millones 915 mil 147 pesos por la venta de 3 vehículos Mercedes Benz Sprinter Cargo Van modelo 2019, equipados con insumos para convertirse en clínicas móviles (dental, oftalmológica y de atención a la mujer).
La Auditoría Superior también encontró que se adjudicó un contrato a Electrónica Médica K. U. K. O., empresa en la que trabaja Carrasco Gómez y que recibió 1 millón 489 mil 300 pesos para proveer equipo de consultorios dentales a la Dirección de Centros Comunitarios.
Por lo anterior, se inició un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa para cada uno de los casos descritos anteriormente.
El auditor superior, Héctor Alberto Acosta Félix, señaló que entre las probables sanciones a las que Carrasco Gómez se haría acreedor es la suspensión temporal del empleo, la destitución del cargo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y sanciones económicas.
Estos casos señalados por la ASE no son los únicos en donde la dependencia encabezada por Carrasco Gómez adjudicó contratos a personas con las que guarda una relación de negocios.
En agosto de 2020 se contrató a Refugio González Paredes como proveedor particular para vender un mastógrafo al Municipio por 5 millones 793 mil 102 pesos. Cabe recordar que Refugio Paredes es accionista de Electrónica Médica K. U. K. O.
Otro de los hallazgos de este equipo demuestra que dos procesos de licitación pudieron haberse simulado para que siempre resultara ganadora una de las empresas con las que Carrasco Gómez tiene relación.
La licitación del contrato DCA/DGCC/102/2019 para la compra de equipo médico dental tuvo como participantes a la empresa Electrónica Médica K. U. K. O. y a José Arturo Rafel García Chávez, este último es a su vez accionista de K. U. K. O.
En el segundo caso, el de la adquisición de las clínicas móviles, se trató de una licitación pública, no obstante la única concursante y posterior ganadora fue Electromédica Tesla.
Mientras que en un tercer caso en el 2017 también se encontró esta probable simulación de licitación. En esta ocasión fue por medio de la modalidad de “invitación a tres proveedores”. Los proveedores invitados fueron: Electrónica Médica K. U. K. O., Margarito Mercado Sifuentes y Rafael González Paredes, quien también es accionista de K. U. K. O., empresa que ganó la licitación.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chihuahua en su artículo 70 considera como colusión cuando los particulares acuerdan celebrar convenios, contratos, arreglos o combinaciones entre competidores; por lo que, en caso de comprobarse la simulación de estas licitaciones, la ley la contempla como un falta administrativa.
Para Rita, una mujer de la tercera edad que vive en la periferia de Ciudad Juárez, las clínicas móviles representan acceder a servicios de salud en un área de la ciudad en donde es difícil encontrar atención médica gratuita.
“Sí está bien que presten un servicio así, ahorita con la situación pues sí sirve de mucho, ya ve que con esta situación de la pandemia pues estamos muy pobres”, comentó.
Sin embargo, la atención médica que se da en las clínicas móviles es itinerante, lo que quiere decir que Rita tendrá que esperar semanas para poder acudir nuevamente a consulta médica en tanto los vehículos regresan a su colonia.
Tanto René Carrasco, como los representantes de las empresas Electrónica Médica K. U. K. O. y Electromédica Tesla, se negaron a dar declaraciones al respecto.
Carrasco Gómez solo aseguró que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior habían sido solventadas, no obstante, el auditor superior del estado, Héctor Alberto Acosta Félix, desmintió el dicho del Director de Centros Comunitarios.
“La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que existe un conflicto de interés cuando una persona interviene, participa o tramita un asunto en el cual tiene un conflicto de interés personal, familiar o de negocios, en este caso lo que estamos detectando es que este servidor público debió abstenerse en la firma de los documentos del proceso licitatorio y de adjudicación con la empresa beneficiada (…) la observación no fue solventada, tan no fue solventada que se puede consultar en el informe de la auditoría”, sentenció el auditor superior.
El último caso documentado en este trabajo, corresponde a la contratación de las empresas Castro Villarreal Asociados y Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret la cuales fueron contratadas por el Municipio de Juárez a cambio de servicios de contaduría de los cuales no hay evidencia, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
El gobierno de Juárez pagó más de 41 millones de pesos por trabajos que no fueron comprobados, por lo que la ASE interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción de Chihuahua el 19 de abril de 2021.
El 01 de octubre de 2018 la tesorería municipal, a cargo de Gerardo Ronquillo Chávez, contrató a Castro Villarreal Asociados por medio de adjudicación directa. Dicha empresa tiene su sede en la Ciudad de México.
Al igual que los accionistas de estas empresas, quienes se desempeñan como contadores públicos en el centro del país, el titular de la tesorería municipal de Juárez también tiene un despacho contable, Ronquillo y Asociados. Gerardo Ronquillo mantiene una relación de amistad en su cuenta de Facebook con Pedro Alberto Bouret y este a su vez con Agustín González Cabrera.
Para Sergio Meza de Anda, director de la organización civil Plan Estratégico de Juárez, la administración municipal encabezada por Armando Cabada Alvídrez ha simulado legalidad en muchas de sus operaciones.
“Son actos con la intencionalidad profunda de desfalcar a la ciudad, esta administración ha resultado ser una maestra en el acto de simular la legalidad (…) es una intencionalidad clara de no querer recuperar la cartera vencida y de ver todas las circunstancias como oportunidad para sacar algo”, puntualizó.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Fotografías y video: Favia Lucero
Ilustraciones: Carlos Mendoza
