Derivado del ataque cibernético que sufrió el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de Aguascalientes a inicios del 2020, la Contraloría Estatal interpuso una denuncia ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, cuya resolución se emitió este lunes.

Lo anterior dio como resultado la destitución e inhabilitación de cualquier cargo del servicio público por seis años al director administrativo de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT) y al director informático del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, informó el contralor estatal, Arnoldo Hernández Gómez-Palomino.

“Se determinó unas omisiones por parte del director administrativo y del director informático del RPPC, por no haber respaldado correctamente la información y por no haber adquirido los softwares necesarios para la protección y blindaje de la información, no llevaron a cabo las medidas necesarias para preservar los datos”.

El motivo de las sanciones fue la omisión de ambos para llevar a cabo el respaldo de la información que fue objeto del ‘hackeo’, lo que dejó en vulnerabilidad jurídica el status de las propiedades inscritas en el registro, al haberse perdido la base de datos electrónica que contenía la información.

“Si hubieran llevado a cabo estas prácticas que se encuentran dentro de los lineamientos sobre el uso de software y resguardo de la información, no hubiera pasado lo que pasó”, destacó.

Ambos funcionarios aún podrían interponer un amparo para mantenerse en el cargo y para evitar la inhabilitación del servicio público, agregó el contralor.

“Los afectados pueden interponer todavía algún recurso legal, como puede ser el amparo, y estaría corriendo el plazo para ello”.

Carpetas de investigación de la administración lozanista ya prescribieron

Gómez-Palomino agregó que actualmente existen cerca de 650 carpetas iniciadas contra funcionarios públicos y ex funcionarios por diversas irregularidades administrativas, pero muchas de ellas ya han prescrito.

En este supuesto se encuentran prácticamente todos los expedientes relativos a la anterior administración estatal del priísta Carlos Lozano de la Torre, en donde únicamente se pudo aplicar la inhabilitación de 27 años del servicio público al ex director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante su gestión.

“Fueron procedimientos que, por el tiempo en el que llegamos, ya estaban caducos, ya habían terminado, y sin embargo hemos seguido investigando, traíamos un rezago de cerca de 640 investigaciones, la mayor parte de ellas caducas, y se procedió a depurar lo que pudiera atenderse”.

Los expedientes que continúan vigentes pertenecen a la actual administración estatal, destacando el caso de un ex funcionario del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), quien fue inhabilitado por cinco años por solicitar un cobro extra a cambio de permisos en el perímetro ferial.

“Hubo el caso de un ex funcionario del patronato de la feria que fue sancionado por andar cobrando para otorgar permisos en el área ferial, fue inhabilitado por cinco años y destitución del cargo, era un funcionario encargado de los trámites de informática y gestión, con contacto con la gente”, resaltó.

Asimismo, está en proceso la investigación de funcionarios públicos que fueron omisos en dar seguimiento a los apoyos otorgados por el gobierno estatal durante la contingencia sanitaria del Covid-19 a micro y pequeñas empresas, entre otros temas.

“Se entregaron los apoyos, pero no se le dio seguimiento para que fueran aplicados de la forma en la que habían sido pedidos; ahorita ya están en investigación y substanciación del proceso y estamos dándole seguimiento”, concluyó.