A UN MES de los tres feminicidios cometidos en Quintana Roo, entre ellos el de la salvadoreña Victoria Salazar, en Tulum, colectivos feministas, como Colectiva Feminista Tulum, se han movilizado para manifestarse y posicionarse en contra de las violencias de las que fueron víctimas las tres mujeres asesinadas en el Caribe mexicano.
El caso de Victoria Salazar se hizo viral en redes sociales debido a que la agresión que le quitó la vida fue grabada por las personas que se encontraban a unos metros. La mujer fue sometida por cuatro elementos de la policía que argumentaron que ella se encontraba en estado de ebriedad.
¡A Victoria la mató la policía!, fue una de las consignas en la manifestación que se llevó a cabo al día siguiente del feminicidio en Tulum. En esta brutal acción, uno de los elementos de la policía colocó su rodilla sobre el pecho de Victoria hasta que ella quedó inconsciente, como se vio en los videos difundidos en internet. Datos de la necropsia mostraron que lo que ocasionó su muerte fue una fractura en la columna vertebral.
El informe “Criminalización de mujeres migrantes. Análisis de seis casos en la frontera sur”, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Programa de Asuntos Migratorios y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A. C., exhibe casos de mujeres criminalizadas por delitos asociados con la trata de personas, recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil No. 4 en Tapachula, Chiapas.
En el informe se analiza el caso de seis mujeres, tres hondureñas, dos guatemaltecas y una mexicana.
De acuerdo con los datos proporcionados, “la confluencia de realidades migratorias, más su ubicación a escasos 20 minutos de la frontera con Guatemala, confieren a Tapachula y al Soconusco un contexto específico (…) de la frontera sur mexicana. A pesar de ser tan concreto y reducido el espacio geográfico en comparación con el resto del país, sigue siendo una zona de gran importancia estratégica en materia migratoria”.
Lo anterior es clave para entender la presencia migratoria centroamericana y de otras nacionalidades que intentan atravesar México para llegar a Estados Unidos. Cabe recordar que en este sitio también se encuentra el centro de detención para migrantes más grande del país, la Estación Migratoria Siglo XXI.
El informe menciona que las niñas y mujeres son las que más peligros sufren en su tránsito a México a partir de diversas vulnerabilidades, riesgos y omisiones políticas, convirtiendo a la frontera sur en una región en la que proliferan dinámicas ilegales, como la trata de personas, que atenta contra la dignidad y vida de las personas, en este caso de las mujeres migrantes.
Respecto al feminicidio de Victoria Salazar, quien huyó de su país debido a la violencia intrafamiliar de la que fue víctima por parte de su pareja, Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios (RNR), señala que ninguna mujer, sea migrante o no, deber ser tratada ni asesinada como sucedió en este feminicidio.
“Hay que ser realistas, este mismo trato no habría sido el mismo para una mujer blanca, y eso debe ser muy puntualizado porque estamos hablando de que las violencias se interconectan y aquí vimos diversas violaciones: violencia institucional por parte de la procuración de justicia; hay una violencia comunitaria donde nadie dijo nada; hay una violencia racista basada en la discriminación por el color, y hay un trato denigrante de objeto sin valor al cuerpo. Entonces, eso me parece lamentable y evidencia que estamos en un Estado ausente de derecho en el país”, explica Figueroa en entrevista con Newsweek México.
De las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red Nacional de Refugios en México, que se encarga de atender a mujeres, niñas y niños víctimas de violencias, este medio tuvo la oportunidad de obtener tres testimonios de mujeres migrantes.
A cada una se le ha dado un nombre distinto para proteger su identidad y la del refugio en el que se encuentran y así evitar represalias en su contra, ya que en su transitar fueron víctimas de múltiples violencias, entre las que predominaron la violencia física y sexual, amenazas de muerte e intento de asesinato, propiciadas por la violencia familiar o abusos, así como discriminación por parte de ciudadanos mexicanos.
Diana es de Honduras y tiene 24 años. Ella vivía en el departamento de Islas de la Bahía, donde los atardeceres en el mar son uno de sus momentos favoritos. Antes de llegar a México trabajó en una gasolinera y después, en un puerto de crucero. Salió de su casa y decidió migrar para tener una mejor vida para ayudar a sus padres. No tiene hijos, pero en un futuro, si decidiera ser madre, les gustaría darles una mejor vida.
Cuenta que, en Honduras, la vida es muy complicada porque no hay trabajo. “No hay nada donde usted pueda sobrevivir. Es muy difícil lo que están viviendo los países centroamericanos”, describe en entrevista telefónica desde un refugio en el norte del país en el que, hasta hace unas semanas, ya tenía un mes habitando.
Cuando Diana decidió migrar dejó “prácticamente todo”, como señala en la charla. Entre ello, su familia y amigos, con quienes disfrutaba de los atardeceres. “Es lo más bonito del mar, el ir a bañarse en familia. En mi caso, que vivo cerca de la playa, todos los días nos íbamos a caminar y estábamos en la arena viendo cómo se escondía el sol”, cuenta.
Sin embargo, la situación que atraviesa su país la lleva a migrar. Al no tener familia en Estados Unidos se fue a través de contactos. Logró juntar dinero para atravesar la frontera sur de México Y llegar a Estados Unidos. Diana viajó sola desde Honduras consiguiendo contactos a su paso para cruzar.
Ha gastado 5,000 dólares desde que migró. Durante su tránsito fue víctima de acoso por parte de los hombres, agresiones verbales y miradas morbosas. “Te dicen cosas obscenas”, cuenta.
“Se sufre porque si no vienes acompañado de alguien tienes que dormir donde te toque o buscar comida donde se pueda”, añade.
Tras llegar a uno de los estados fronterizos en el norte del país, Diana fue víctima de abuso sexual. Al ser un tema reciente, la víctima prefiere no hablar de ello. En su caso, las autoridades mexicanas la auxiliaron después de la violación que sufrió.
Aunque Diana sabía que podía ser víctima de alguna violencia en su camino, decidió salir de su país para ayudar a sus padres y alcanzar el llamado sueño americano. “No dejaba de pensar: ‘A mí no me va a pasar eso, yo voy a llegar bien y voy a llegar viva’. Tomé coraje pensando que a mí no me pasaría”.
Amanda es una niña de 15 años. Nació en Honduras y se vio obligada a migrar de su país por la violencia familiar de la que era víctima y en la que su agresor era su hermano; este, los fines de semana llegaba a la casa de su madre en estado de ebriedad y algunas veces drogado. Golpeaba y amenazaba de muerte a Amanda. En repetidas ocasiones llegó a tomar cuchillos con la intención de matarla, a pesar de que su madre intervenía para defender a su hija.
Entre sollozos, Amanda describe en entrevista telefónica que en tres ocasiones logró escaparse de su hermano porque él ya no quería verla ahí. “Le dije a mi mamá que tenía que buscar para dónde venirme porque no quería que ella se metiera a defenderme porque le podría pasar algo y por ella es que me vine acá; pero mi hermano sigue así, queriendo golpear a mi mamá. Aunque ya no esté allá él siempre me sigue buscando”, describe.
Hasta ahora, Amanda, una adolescente hondureña, lleva cinco meses sin ver a su mamá. Ante las agresiones que vivió en su casa ella ya no puede volver porque pondría en riesgo su vida, por ello, migró a México.
Cruzó con ayuda de unos tíos quienes, presuntamente, son coyotes, es decir, personas que son contratadas por migrantes para hacerlos pasar de una frontera a otra. Ambos tíos de Amanda intentaron sobrepasarse con ella, incluso, uno de ellos, en la última parte de su tránsito, comenzó a tocarla por la madrugada mientras ella se reponía de un dolor intenso en el estómago.
“Le pedí que me sobara el estómago porque no aguantaba el dolor y en eso me quedé dormida porque ya se me había calmado. En la noche me molestó el dolor, creo que él me escuchó quejándome y de seguro se levantó y empezó a sobarme y después empezó a tocarme las otras partes. Sentí más fuerte el dolor, me desperté y golpeé a mi tío. Me pidió que lo perdonara. Me salí pal parque, allá un oficial que estaba circulando por ahí me preguntó que qué estaba haciendo sola. Le dije que por qué, entonces él me dijo que denunciara a mi tío. Lo denuncié”, cuenta Amanda.
Amanda denunció a su tío en la Fiscalía de Chiapas. Hasta ahora no hay manera de que pueda ayudar a su mamá en Honduras y tampoco volver, por ello, decidió permanecer en México para continuar con sus estudios, ya que en su país se encontraba estudiando la preparatoria. Ella quiere ser policía porque le gustaría honrar a la patria, servir y proteger a su familia.
Rosa, también hondureña, tiene 25 años y es madre de dos menores. Ella salió de su país para alcanzar a su pareja en el norte de México, después de que, en repetidas ocasiones, la policía fuera al domicilio de su suegra en busca del esposo. Ella estaba embarazada y aun así decidió salir de Honduras.
Pero nunca se encontró con su esposo, ya que, tras un intento de robo a una tienda de servicios, él fue detenido y recluido en la cárcel por un mes. En ese tiempo, la familia de su esposo, la cual radica en México, la buscó para amenazarla de muerte y secuestrar a su hijo.
De acuerdo con el relato de Rosa, ella migró a México por su seguridad y la de sus hijos. A un año de permanecer en el país y tras las amenazas que recibió por parte de la familia de su esposo, decidió hacer los trámites correspondientes para volver a su país y con su hermana, pues la familia de su esposo, presuntamente, se encuentra ligada con una organización criminal de narcotráfico en México.
Rosa denunció en la Fiscalía a la familia de su esposo por las amenazas que sufrió, pero la policía no hizo nada, a pesar de informarles dónde es que guardan y venden la droga que trafican y su cercanía con una organización criminal mexicana.
“Yo no iba a esperar a que me mataran o secuestraran a mi hijo y me fui. Estuve trabajando un tiempo. Después me quedé sin trabajo”, cuenta.
“He estado un año sola luchando con mi hija y con mi bebé. Trabajar se me hacía muy difícil y pues no conocía a nadie. No podía dejar a mis hijos solos, en una casa, todo el día. En Honduras está mi hermana, quien me ayuda con los niños y podré trabajar, es mi único apoyo”.
Respecto al feminicidio de Victoria Salazar, Rosa se queda en silencio por un momento y retoma la charla con un sollozo de impotencia y tristeza. Reflexiona acerca de su situación, ya que ella no dejó su país para tener una mejor vida. Sin embargo, “hay otras personas que vienen porque se están muriendo de hambre, no solamente por querer estar mejor, sino porque si se quedan, su familia y ellos, se mueren de hambre. En Honduras no existen refugios así, como en el que estoy, como en los que he estado, si allá una persona no tiene qué comer se muere de hambre y ya”, denuncia.
De acuerdo con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés), las mujeres y niñas refugiadas y migrantes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad ante las violencias.
En un posicionamiento desde la Mesa de Género y Migración de esta organización, comunican que “las mujeres y las niñas refugiadas y migrantes enfrentan formas de discriminación múltiples e interseccionales que parten de su género, origen nacional, estatus migratorio”.
De acuerdo con Mayela Chávez, directora de un refugio de atención a mujeres e infantes víctimas de violencias en la frontera norte, al año llegan a dar atención externa a 200 y 300 mujeres, con un promedio de 250 mujeres atendidas, entre las que llegan a recibir atención ambulatoria o bien, canalizarlas a refugio.
“No nos limitamos a nada, podemos atender a las mujeres que lleguen. En el caso de refugio, ahí sí estamos limitados por el espacio y porque ahí nosotros debemos tener un núcleo familiar para cada mujer que atendamos dentro del refugio donde ella y su familia deben tener una habitación propia. Le damos alimentación, vestido, calzado, artículos de higiene personal todo el tiempo que está ahí. Somos un refugio, que se podría decir grande, con capacidad para 11 núcleos familiares, es decir, 11 mujeres con sus familias”, explica en entrevista con Newsweek México.
De acuerdo con Chávez, al año llegan a atender alrededor de 50 a 55 familias. En el caso de las mujeres migrantes, muchas viajan con la pareja o sin otras redes de apoyo y al no tener raíces aquí, lamentablemente, estas resultan muy limitadas.
El 60 por ciento de las mujeres que atienden en refugio son migrantes, tanto nacionales como extranjeras. Es decir, si reciben entre 45 y 50 mujeres, un 15 por ciento son extranjeras, aproximadamente.
“Normalmente, el agresor siempre es la pareja, pero también nos hemos percatado de que, este año, hemos tenido dos casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente por los polleroso coyotes, o por las personas que les ofrecen pasarlos ilegalmente por los Estados Unidos. Las principales violencias, en el caso de la pareja, llegan a ser todas las violencias desde psicológica, económica, patrimonial, y en cuanto a los agresores que operan en las redes para pasarlos a Estados Unidos, generalmente es violencia sexual y económica”, añade.
Según datos presentados en el reporte Criminalización de Mujeres Migrantes, del Centro ProDH, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. C., esta situación no solo se asocia a la desigualdad social que reviste la frontera sur, sino también a la violencia de género, presente en todo el territorio mexicano tanto para mujeres migrantes como mexicanas. N
