Aguas de Rosarito (AdR), empresa que tenía contrato para construir una planta desaladora en Playas de Rosarito, sigue sin recibir noticias sobre el reembolso de 51 millones de dólares que el gobierno de Baja California debe pagarle por cancelar el convenio.
Actualmente, la empresa con razón social Aguas de Rosarito S.A.P.I de C.V analiza la posibilidad de demandar el pago, que corresponde a su inversión, a través del T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá).
“Es una expropiación indirecta porque [los terrenos comprados para construir la desaladora] no nos sirven a nosotros para nada al cancelar, y esto está claramente sancionado en el T-MEC”, dijo Milton Rubio, director AdR.
El reembolso de 51 millones, que equivalen a más de mil 50 millones de pesos, comprende lo invertido en terrenos y planificación de la desaladora, que tendría un costo total de 500 MDD o más de 10 mil millones de pesos, según el tipo de cambio actual.
La otra opción que tienen los inversionistas es dejar que el asunto continúe su curso legal en México.
Los 90 días que el gobierno de Jaime Bonilla tenía de plazo para pagar o enviar una contrapropuesta vencieron el 7 de enero pasado.
Desde entonces la empresa dice haber mandado solicitudes, documentación y cartas para saber la postura del gobierno estatal y seguir el procedimiento, pero no han recibido ninguna respuesta.
“A lo mejor quieren que demandemos. Nosotros estamos en espera de la respuesta para que nos paguen y ahí termine todo”, explicó Milton Rubio.
En junio del año pasado, el gobierno de Baja California notificó a AdR la rescisión de este convenio, pactado bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), argumentando la inviabilidad financiera del proyecto, el costo del financiamiento y operación, así como el tipo de cambio peso-dólar.
Aguas de Rosarito tuvo dos acercamientos con el gobierno del estado antes de la cancelación, donde vieron la posibilidad de modificar el acuerdo, tanto en el costo como la cantidad de suministro de agua, sin embargo días posteriores recibieron la notificación de cancelar el contrato, dijo el directivo.
Según Rubio, el gobierno estatal quiere que la empresa demande y así dejar el adeudo al próximo gobierno del estado.
