En el décimo aniversario de la revuelta que sacudió a Oriente Medio y el Norte de África, este es un recuento de lo que se ha ganado, de lo que se ha perdido y del impacto a largo plazo en los países involucrados.
HACE 10 AÑOS, el movimiento de protestas de la Primavera Árabe tomó por asalto Oriente Medio y el Norte de África, desencadenado en parte por la muerte, ocurrida en enero de 2011, de Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante tunecino. Bouazizi se prendió fuego dos semanas antes en un acto suicida para desafiar el orden establecido, lo cual avivó la llama del fervor revolucionario en toda la región.
Sin embargo, aunque los primeros días de la Primavera Árabe estuvieron definidos por la esperanza, la emoción y la indignación, en muchos países donde se realizaron manifestaciones masivas también se produjo una brutal represión, la afluencia de intereses y combatientes extranjeros y el surgimiento de guerras civiles, lo que enturbió el legado de la revuelta panárabe a favor de la democracia.
Una década después de la icónica autoinmolación de Bouazizi, Newsweek hace un análisis de los países más afectados por la Primavera Árabe y examina cómo se encuentran ahora.
El entonces presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali fue obligado a renunciar y huir a Arabia Saudita apenas diez días después de la muerte de Bouazizi, el cual fue un momento decisivo en cerca de un mes de protestas contra las políticas gubernamentales y la corrupción, a las que se culpaba por el alto índice de desempleo, la mala calidad de vida y las escasas libertades políticas.
Inicialmente, Ben Ali utilizó la fuerza de seguridad para erradicar el levantamiento popular, en el que murieron unas 300 personas. A pesar de la demostración de fuerza, no pudo controlar el creciente disenso en toda la nación. Su salida marcó una victoria temprana para los hastiados ciudadanos, que derrocaron a un líder con mucho tiempo en el poder y que asumió el cargo al dejar de lado al enfermo presidente Habib Bourguiba, en 1987.
Ben Ali, que moriría en el exilio en septiembre de 2019, fue sucedido en primera instancia por el vocero legislativo Fouad Mebazaa, según el protocolo. Posteriormente, Moncef Marzouki fue elegido por un organismo interno encargado de revisar la Constitución de Túnez. Gobernó hasta 2014, cuando perdió la elección ante Beji Caid Essebsi, quien se había desempeñado como primer ministro tras la caída de Ben Ali. Essebsi murió en el cargo en julio de 2019, y Kais Saied gobierna actualmente el país tras ganar las elecciones nacionales a finales de aquel año.
Aunque muchas personas consideran a Túnez como un modelo relativamente exitoso de la Primavera Árabe, el país sigue enfrentando desafíos económicos, exacerbados por la actual pandemia de COVID-19, además de problemas de seguridad entre los que se incluye la presencia del grupo militarista Estado Islámico (ISIS), lo cual ha llevado a establecer un estado de emergencia de cinco años de duración.
Dos semanas después de que Ben Ali huyó de Túnez, Egipto fue sacudido por manifestaciones, marchas y ocupaciones multitudinarias, encabezadas principalmente por los jóvenes del país, que exigían la renuncia del entonces presidente, Hosni Mubarak. El malestar fue generado por acusaciones similares de injusticias cometidas por el Estado y de descuido hacia la gente. Tras semanas de violentos choques y una cifra de muertos que se calcula en 800, Mubarak fue obligado a renunciar en febrero.
Mubarak asumió el poder en Egipto después de que el entonces presidente, Anwar Sadat, fuera asesinado en un audaz ataque islamista ocurrido en 1981, en el que los soldados que participaban en un desfile militar rompieron filas y atacaron el palco de honor donde se encontraba. Mubarak resultó herido en el ataque. Se mantuvo en el poder durante 30 años, pero fue arrestado poco después de su salida en 2011, aunque fue absuelto finalmente en 2017.
Mubarak fue sucedido por Mohammed Morsi, miembro de la alguna vez proscrita Hermandad Musulmana, que ganó la elección de 2012, en la que muchas personas consideran la primera contienda electoral verdaderamente competida en la historia de ese país.
Los intentos de Morsi de consolidar el poder presidencial y cambiar el sistema de gobierno secular de Egipto para adoptar la ley islámica le hicieron ganarse la antipatía de amplios sectores de la sociedad, entre ellos, el poderoso ejército. En el primer aniversario de su elección enfrentó protestas masivas que probablemente igualaron, e incluso superaron, aquellas que derrocaron a su predecesor; lo anterior hizo que el ejército organizara un golpe de Estado contra él en julio de 2013.
Un año después se realizó otra elección nacional, que llevó al poder al exministro de Defensa Abdel-Fattah el-Sissi, quien gobierna hasta el día de hoy en lo que muchas personas consideran como un regreso al gobierno militar.
El gobierno de Sissi ha luchado por restituir la maltrecha economía del país, mientras que muchas quejas relacionadas con las libertades civiles siguen sin abordarse. El país también enfrentó mortíferos ataques en el punto más alto del surgimiento de ISIS en la región y, aun ahora, debe hacer frente a la presencia del grupo en la Península del Sinaí, aunque su grado de inseguridad no se compara con el de otras naciones azotadas por el conflicto como Libia, uno de sus países vecinos.
Mientras Mubarak estaba a punto de ser derrocado en Egipto, una serie poco común de protestas comenzó a surgir en la ciudad de Benghazi, la segunda más importante de Libia. Muammar el-Qaddafi, que había dirigido el país en varios puestos desde 1969, ordenó a sus fuerzas de seguridad que eliminaran la rebelión armada, la cual se extendió cuando varias potencias occidentales apoyaron los esfuerzos para retirarlo del cargo, argumentando abusos contra los derechos humanos.
Mientras Libia caía en una guerra civil en toda forma, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó en marzo a favor de imponer sanciones contra Qaddafi y su círculo más cercano, y de establecer una zona de exclusión aérea en todo el país. Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros estados miembros de la OTAN emprendieron una campaña de bombardeos que causó graves daños a las fuerzas del gobierno libio y dio una ventaja a la oposición. Finalmente, los ataques aéreos se dirigieron al propio convoy de Qaddafi, lo que llevó a su captura e inmediata ejecución a manos de los rebeldes.
Muchos libios celebraron la muerte de Qaddafi, pero pronto surgieron desacuerdos entre las facciones de la insurrección, lo que generó profundas divisiones que llevaron a una guerra civil en 2014, la cual continúa hasta el día de hoy. Los dos bandos principales en conflicto son el Gobierno de Acuerdo Nacional, ubicado en Trípoli y reconocido por Naciones Unidas, y la Cámara de Representantes con sede en Tobruk, dirigida militarmente por el mariscal de campo Khalifa Haftar, que tomó el control del territorio durante su campaña militar contra las fuerzas islamistas que también contendían por el poder.
El conflicto se ha vuelto cada vez más internacional; por una parte, Turquía y Catar apoyan al Gobierno de Acuerdo Nacional, y por la otra, empresas militares privadas patrocinadas por los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Francia y Rusia respaldan a la Cámara de Representantes.
Libia continúa dividida, y Haftar aún controla gran parte del país, a pesar de las recientes derrotas sufridas en su campaña para tomar la capital y a que las condiciones de vida son peores que cuando comenzó la guerra. La campaña contra Qaddafi encabezada por la OTAN ha tenido efectos duraderos. Rusia expresó su indignación contra la política exterior de Estados Unidos en la región y ha pedido garantías de que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se conviertan en precursores de una intervención.
La ira de Rusia contra la forma en que Estados Unidos y sus aliados occidentales manejaron la crisis de Libia dio forma a la estrategia de Moscú en Siria, donde las numerosas protestas contra el autoritarismo también derivaron en un conflicto armado y una guerra civil en 2011. Cuando las potencias occidentales recurrieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para dar luz verde a la intervención, esta vez Rusia y China ejercieron su poder de veto en lugar de abstenerse, ofreciendo así una cuerda de salvación al presidente sirio Bashar al-Assad.
En 2000, Assad sucedió a su padre, Hafez al-Assad, que había gobernado durante 30 años. Con el apoyo directo de Irán y Rusia, ha cimentado casi medio siglo del gobierno de su familia en Siria. Assad ha hecho frente a una guerra cuyo número de víctimas se calcula en medio millón, y que ha forzado el desplazamiento de varios millones de personas más, al combatir una insurgencia que incluye elementos respaldados por Estados Unidos y sus aliados regionales, además de ISIS.
El gobierno ha recuperado el control de la mayor parte del país, mientras que cerca de un tercio está en manos de una milicia autónoma principalmente kurda, respaldada por Estados Unidos, conocida como Fuerzas Democráticas Sirias. Ambos bandos no han logrado reconciliarse, aunque los dos se oponen a un conjunto, respaldado por Turquía, de fuerzas de oposición e ISIS.
Los llamados para establecer reformas contra la brutalidad policiaca y a favor de mayores libertades políticas en Siria han sido acallados en gran medida por los sonidos de los morteros y de los ataques aéreos. Aun cuando la mayor parte del conflicto se limita a la provincia de Idlib, en el noroeste del país y dominada por los yihadistas, la crisis financiera y las sanciones internacionales han hecho estragos en una economía que actualmente se encuentra al borde del colapso debido a la pandemia de COVID-19.
La crisis humanitaria que se vive actualmente en Siria solo puede compararse con la de Yemen, donde lo que parecía ser una victoria temprana para la democracia se convirtió en un desastre en todo el sentido de la palabra.
A principios de 2011 surgieron protestas en todo el suroeste de este Estado de la Península Arábiga, inspiradas en los sucesos ocurridos en Túnez y Egipto. Se enviaron soldados para disolver los mítines por órdenes del presidente Ali Abdullah Saleh, que había gobernado Yemen del Norte desde 1978 y posteriormente dirigió el país unificado tras su consolidación en 1990.
El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, compuesto por seis naciones, intentó mediar una solución en medio del baño de sangre, acordando finalmente supervisar la salida de Saleh y su exilio en Arabia Saudita, en 2012. El vicepresidente, Abed Rabbo Mansour Hadi, asumió el poder después de las elecciones realizadas en ese año, pero los problemas de Yemen no hicieron más que multiplicarse. El movimiento musulmán zaidi chiita Ansar Allah, también conocido como Houthi, siguió avanzando hacia la capital, donde grupos militantes islamistas suníes como Al-Qaeda e ISIS intensificaron sus ataques mientras las protestas antigubernamentales continuaban.
Ansar Allah tomó el control total de la capital a principios de 2015, obligando a Hadi a trasladarse a la ciudad de Aden, en el sur del país. Una coalición encabezada por saudíes intervino militarmente, acusando a los rebeldes de servir de fachada a Irán. Estados Unidos, que había acusado a Ansar Allah de recibir tecnología de misiles de Teherán, sigue apoyando la coalición encabezada por los saudíes, pasando por alto las preocupaciones de derechos humanos entre los legisladores de Washington.
Mientras las facciones en guerra de Yemen continúan combatiendo, en ocasiones cambiando de aliados y fragmentándose, se ha llegado a un punto muerto relativo, en el que Ansar Allah mantiene el control de Sanaa. Mientras tanto, las enfermedades y la desnutrición siguen cobrando la vida de cientos de personas diariamente, haciendo que el número total de víctimas de la guerra de Yemen sea de cerca de 250,000.
En casi todas las 22 naciones de la Liga Árabe se realizaron manifestaciones con distintos grados de intensidad a principios de la década de 2010.
Baréin, una nación insular de mayoría chiita, gobernada por una monarquía musulmana suní, logró erradicar violentamente un levantamiento ocurrió en su territorio con el apoyo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Argelia, Jordania y Omán realizaron algunas reformas en respuesta a las demandas de los manifestantes, mientras que, en otras naciones, entre ellas Líbano, Irak y Sudán, se produjeron algunas manifestaciones callejeras, pero no experimentaron mayores disturbios hasta el final de la década.
Con la gran cantidad de ira, incertidumbre y frustración que se dejó sin abordar en la región, la frase popularizada por el movimiento de la Primavera Árabe, “el pueblo desea la caída del régimen”, aún puede oírse en mítines mientras los ciudadanos arriesgan su vida y su seguridad para desafiar a la autoridad, pero ahora totalmente conscientes del precio pagado por aquellos que se sumergieron en la turbulencia para luchar por una sociedad más justa y libre. N
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
