DADO que la campaña de Trump solo se ha anotado una victoria hasta ahora en las más de 30 demandas que ha presentado en seis estados, no fue precisamente una sorpresa cuando una corte de apelaciones de Filadelfia a finales de noviembre se convirtió en la más reciente en rechazar un desafío del presidente al resultado de la elección. Lo que vale la pena destacar es la naturaleza mordaz de la decisión escrita por un juez nombrado por Trump, quien desestimó el caso por “no tener méritos”. Algo también importante, pero que pasó en gran medida inadvertido conforme el drama electoral consumía a Estados Unidos: la serie de fracasos legales y desestimaciones que sufrió la campaña solo es una de varias derrotas importantes que las cortes le han infligido a Donald Trump este otoño en una gama amplia de asuntos y que, a pesar de la gran cantidad de jueces que el presidente ha nombrado durante su mandato, dichas derrotas han ocurrido comúnmente durante su presidencia.
Por ejemplo, nada más hace un par de semanas, un juez federal de California anuló la política de la administración de reducir la elegibilidad y aumentar los salarios mínimos para los empleados extranjeros que vinieran a Estados Unidos con visas laborales de alta cualificación. Los jueces federales este otoño también dictaminaron que dos personas nombradas por Trump —Chad Wolf, como secretario en funciones de Seguridad Nacional, y William Perry Pendley, como administrador de la Oficina de Manejo de la Tierra— fueron instaladas ilegalmente, lo cual significa que mucho de su trabajo en dichos puestos debe ser anulado. Otro revés este octubre: TikTok, el sitio para compartir videos, demandó exitosamente para bloquear un decreto del Departamento de Comercio que obligaba a las tiendas de aplicaciones a dejar de ofrecer el servicio. Y ese mismo mes, los intentos de Trump de hacer que el Departamento de Justicia interviniera y lo representara en una demanda por difamación presentada por una escritora que lo acusó de abuso sexual fueron destruidos por un juez federal en Nueva York.
Aun más, los dictámenes, tanto en las demandas relacionadas con la elección como en las cuestiones no electorales, los dieron jueces de todo el espectro político: conservadores y liberales, demócratas y republicanos, incluidos algunos nombrados por Trump.
De hecho, en una época en la que el Congreso rara vez ha presionado contra expandir la autoridad presidencial y en la que ningún escrutinio mediático ha amedrentado las acciones persistentes del presidente de demoler normas, una institución fundamental ha sido la única que le ha dicho no —y se lo ha dicho en repetidas ocasiones— a Donald Trump: las cortes.
“A pesar de sus intentos de desdeñar el imperio de la ley, cuando Trump ha actuado de forma atroz fuera del alcance de su autoridad, las cortes lo han noqueado”, dice la abogada Marisa Maleck, exsecretaria proyectista del juez Clarence Thomas, quien fungió como consejera general del Partido Republicano en el Distrito de Columbia antes de renunciar en 2016 después de que Trump ganó la presidencia.
De hecho, Maleck fue una entre las docenas de eruditos legales conservadores que firmaron una carta antes de la elección de 2016 advirtiendo que Trump no era apto para ser presidente, porque ellos no “confían en que él respetará los límites constitucionales en el resto de su conducta en el cargo”. Resultó ser que estaban en lo correcto al ponerse nerviosos por el interés de Trump de exceder sus limitaciones o darle nueva forma al Poder Judicial. Para el 2 de diciembre, Trump había confirmado 229 nombramientos judiciales, con un promedio de 57 jueces cada año que ha estado en el cargo. Esto rebasa por mucho a sus dos predecesores, George W. Bush y Barack Obama, quienes confirmaron 41 jueces por año. (Solo otro presidente de un solo periodo, Jimmy Carter, tuvo un promedio más alto que Trump, con más de 65 por año).
En una cantidad sorprendente de casos, incluso la cada vez más conservadora Suprema Corte de Estados Unidos desconcertó al presidente. Cuando Trump intentó por decreto rescindir el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el cual les permitía quedarse a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, la Corte rechazó la idea por un margen de 5 contra 4. Cuando Trump quiso añadir una pregunta sobre la ciudadanía al Censo de 2020, la Corte de nuevo rechazó la idea por un margen de 5 contra 4, porque sus agencias no pudieron “dar justificaciones genuinas para decisiones importantes, razones que pudieran ser escrutadas por las cortes y el público interesado”, escribió el juez presidente John Roberts.
Incluso alguien nombrado por él, el juez Neil Gorsuch, quien se unió a la Corte en 2017, no siempre se ha alineado. Gorsuch escribió el dictamen de la mayoría contra la administración de Trump de acuerdo con la Ley de Derechos Civiles de 1964. Un mes después, tanto Gorsuch como la segunda persona nombrada por Trump, el juez Brett Kavanaugh, se unieron a un fallo de 7 contra 2 en contra de Trump cuando él trató de bloquear la publicación de sus impuestos y otros registros financieros ante un gran jurado en un proceso penal solo porque es el presidente en funciones.
“En nuestro sistema de gobierno, como a menudo lo ha declarado esta corte, nadie está por encima de la ley”, dice Pejman Yousefzadeh, un abogado de Chicago y otro signatario de la carta de 2016. “Con las acciones tomadas para crear una corte conservadora, me preocupaba que la corte fuera excesivamente deferente con él. Eso no sucedió”.
Este control sobre Trump es con lo que contaban los teóricos legales conservadores que lo apoyaron, menciona Richard Epstein, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York. “Nunca habríamos votado por él si en verdad pensáramos, por ejemplo, que se iba a hacer con el poder y evitar la transición” a un sucesor, comenta Epstein. “Pienso que el sistema básicamente se ha resistido a este asunto. Y pienso que es un elogio para el sistema, porque él en verdad tiene tendencias autócratas. No pienso que haya quien dude de ello”.
En ningún momento las cortes han obstaculizado tan uniforme y desdeñosamente a Trump como en los últimos dos meses, cuando jueces nombrados por ambos partidos políticos echaron abajo docenas de casos presentados por el presidente o sus aliados republicanos en aras de hacer más difícil la votación o anular la victoria del presidente electo Joe Biden.
Por ejemplo, el día anterior a la elección del 3 de noviembre, las fuerzas contrarias a Trump contuvieron el aliento cuando el juez de distrito federal Andrew Hanen, nombrado por el presidente George W. Bush y conocido por su estridente inclinación conservadora, consideró el desechar casi 127,000 votos tempranos emitidos en Houston en sitios de votación desde el coche. Hanen finalmente dictaminó que los votos contarían, la misma decisión que tomó el día anterior toda la Suprema Corte de Texas, en su totalidad nombrada por republicanos.
Semanas más tarde, hubo una oleada de cinco derrotas en un solo día en la Corte Suprema de Pensilvania, de mayoría demócrata, en casos que buscaban desechar miles de boletas, lo cual pareció precipitar la decisión del presidente de darle a la Administración de Servicios Generales el visto bueno para comenzar formalmente la transición con Biden. Las decisiones, otorgadas el 23 de noviembre, se dieron dos días después de que el juez de distrito federal Matthew Brann, un republicano reconocido y nombrado por Obama para la magistratura federal en 2012, desestimó una demanda de la campaña de Trump que buscaba invalidar millones de votos en Pensilvania.
En una decisión despiadada, Brann, quien fue recomendado a la magistratura por el senador republicano Pat Toomey de Pensilvania, dijo que la afirmación del equipo de Trump de incorrecciones generalizadas con las boletas por correo se basaba en “argumentos legales forzados sin mérito y acusaciones especulativas” y que “no estaban apoyadas en evidencias”. Cuatro días después, cuando el caso más reciente de Pensilvania llegó a la Corte de Apelaciones Federal, fue Stephanos Bibas, nombrado por Trump, quien repudió marcadamente las acciones del presidente de anular la elección de 2020, escribiendo: “Las acusaciones requieren alegatos específicos y luego pruebas. No tenemos ni unos ni otras aquí”.
Aun cuando casi todas las decisiones recientes relacionadas con la elección han sido en contra de Trump, algunos expertos legales señalan que las cortes sí le dieron a Trump varias victorias importantes previas a la elección sobre el proceso de votación y algunas victorias claves en otros asuntos también. Por ejemplo, la Suprema Corte revirtió los fallos de cortes menores que ampliaban el periodo de recepción válida para las boletas en ausencia en Wisconsin y para facilitar la votación en ausencia en Alabama y Texas. La corte superior, en casos previos durante su periodo, también le permitió a Trump redirigir los fondos federales para construir el muro fronterizo, incluso después de que el Congreso se negó a asignar el dinero; retrasar la entrega de sus registros fiscales a los comités de la Cámara de Representantes que lo investigaban, y prohibir la inmigración de un grupo selecto de naciones con mayoría musulmana, expresa Erwin Chemerinsky, decano de la Escuela de derecho de la Universidad de California campus Berkeley.
“Sí, las cortes han hecho más para controlar al presidente Trump de lo que ha hecho el Congreso, pero es un historial ambivalente”, dice Chemerinsky. “Mi miedo más grande era que las cortes emitieran una orden para la administración de Trump y Trump dijera: ‘No me importa qué digan las cortes, lo voy a hacer o no lo voy a hacer de todas maneras’. Entonces, el imperio de la ley se ha terminado”.
La crisis constitucional que temían Chemerinsky y otros expertos legales nunca se materializó. Pero el decano de Berkeley sigue alarmado por el fracaso de las cortes de moverse con más rapidez en la acción legal pendiente que acusa a Trump de violar la cláusula de emolumentos de la Constitución, la cual le impide a un presidente beneficiarse personalmente con su puesto, incluida una demanda en la que está involucrado Chemerinsky. Como parte del equipo legal que representa a los Ciudadanos por la Responsabilidad y Ética, él demandó a Trump tres días después de que fue juramentado en 2017. Casi cuatro años después, después de una gran victoria de CREW en el nivel de apelaciones, el caso está pendiente ante la Corte Suprema.
“Esto no va a ser dictaminado dentro de los cuatro años de la presidencia de Trump”, explica Chemerinsky. “Ha habido otras dos demandas por la cláusula de emolumentos que tardaron los cuatro años completos en el nivel procesal. La afirmación era que el presidente todos los días viola la Constitución, y aun así la corte ha pasado todo el tiempo entre que si el demandante está en posición o no de demandar. He ahí un lugar en el que las cortes no han controlado al presidente”.
Yousefzadeh dice que el equipo de Trump también usó el ritmo lento de la corte para crear obstáculos para los intentos del Congreso de forzar testimonios en un abanico de investigaciones por corrupción, que incluyen aquellas relacionadas con la intromisión extranjera en la elección de 2016 y las acciones de Trump de persuadir a Ucrania de iniciar una investigación penal sobre la posible participación de Biden en la destitución del fiscal general de dicho país. Decenas de citaciones fueron desafiadas con afirmaciones de que las discusiones con Don McGahn, el exjefe de gabinete, y John Bolton, asesor de seguridad nacional, con Trump estaban protegidas por el privilegio del ejecutivo. El representante Adam Schiff, presidente del Comité Selecto sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes y un líder en las acciones de investigar al presidente, comentó que él siguió adelante sin oír a aquellos testigos para presentar los dos artículos de desafuero que se aprobaron en contra de Trump, porque litigar esas citaciones habría demorado muchísimo. “No vamos a permitirle a la Casa Blanca que nos meta en un juego prolongado de tenernos contra las cuerdas en las cortes”, comentó Schiff en octubre de 2019.
“Uno de los legados que en verdad me preocupaban de esto era que, si las cortes no hacían cumplir las citaciones para dar testimonio frente al Congreso, y si el Congreso no las hacía cumplir incluso durante los procedimientos del desafuero, ¿por qué alguien habría de cumplirlas?”, pregunta Chemerinsky. “Las citaciones ahora no tienen sentido”.
Aun así, dice Maleck, Trump perdió más en la corte de lo que ella esperaba, un hecho que, según cree, también sorprendió a un presidente que, durante su campaña de 2016, le dijo a un público cristiano evangélico: “Si son mis jueces, ya saben cómo van a decidir ellos”. Él repitió comentarios similares muy a menudo durante su mandato, desdeñando muchos juicios que fueron en su contra de parte de jueces nombrados por Obama por tener motivaciones políticas, lo cual se lo refutó el juez presidente Roberts. “No tenemos jueces de Obama o jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton”, dijo Roberts a la Associated Press en 2018. “Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que dan lo mejor de sí para hacer el mismo bien a quienes se presentan ante ellos”.
En la serie de casos relacionados con la elección, Bibas no fue el único juez nombrado por Trump que lo desechó. El 19 de noviembre, el juez de distrito federal Steven Grimberg desestimó una demanda presentada en Georgia que buscaba desechar los resultados de la elección presidencial debido a los cambios en la forma que se verificaban las firmas de los votantes. “Interferir con el resultado de una elección que ya ha concluido no tendría precedentes y dañaría al público de maneras incontables”, escribió Grimberg, nombrado por el presidente el año pasado.
Comenta Maleck: “Ello subraya cuán fuerte es en verdad la separación de poderes”.
Epstein no está sorprendido. La selección de jueces le fue encomendada a Leonard Leo, vicepresidente de la Sociedad Federalista y un activista conservador de toda la vida, quien le dio a la administración listas de los jueces preferidos, dice Epstein. Aquellos que fueron aprobados tenían “una integridad intelectual y un compromiso real con la restricción judicial, los valores de la propiedad y la separación de poderes. Pensar que estas personas acatarían sus órdenes políticas, debes estar soñando. No iba a suceder”.
Otro frente en el que Trump fue desconcertado: ninguno de sus rivales o contrincantes políticos —Obama, su derrotada oponente demócrata Hillary Clinton o el hijo de Biden, Hunter— fueron enjuiciados por el Departamento de Justicia. Esto también es visto como un punto bueno de la fuerza del poder judicial, dado que el sistema de cortes no lo toleró, dice Yousefzadeh. “Lo que evitó que se llevaran a cabo los cánticos de ‘enciérrenlo’ o ‘enciérrenla’ es el hecho de que en realidad sí tenías gente buena en el Departamento de Justicia que dijo: ‘Esto es ridículo, esta idea es impensable’, e incluso el fiscal general actual se percató de que esto sería una acción excesiva y terrible”, comenta.
Irónicamente, los conservadores nombrados por Trump podrían terminar restringiendo el poder ejecutivo más adelante. En décadas recientes, conforme el Congreso se ha atascado, los presidentes han intentado cada vez más usar los decretos y normas promulgadas por las agencias para hacer política. Gus Hurwitz, profesor de derecho en la Universidad de Nebraska y otro de los signatarios de la carta de 2016 que expresaba los miedos sobre Trump, cree que el poder judicial moldeado por Trump —el cual está dominado por jueces originalistas que creen en interpretar la Constitución como se entendió cuando se escribió por primera vez y quienes reverencian especialmente el concepto de la separación de poderes— “probablemente va a estar en la vanguardia de revertir esa tendencia y decirles a las administraciones futuras: ‘No, necesitan regresar al Congreso y pedirles que clarifiquen o actualicen o cambien esta ley’ y ‘Congreso, necesitan clarificar o actualizar o cambiar esta ley’. Por ello, soy optimista con respecto a la viabilidad de nuestro orden constitucional y el papel de la separación de poderes y las ramas separadas del gobierno cumpliendo cada una sus propósitos”.
Por su parte, Epstein considera que todo el miedo sobre Trump ha sido exagerado. “Hazte a ti mismo la siguiente pregunta sencilla: ¿alguna vez Trump ha desobedecido una orden de la corte?”, comenta Epstein. “La respuesta es no. Nadie negará que tiene cierto tipo de tendencias autócratas o que tiene cierto tipo de inestabilidad intelectual. Él ha ganado a veces, ha perdido a veces, pero ladra mucho más de lo que muerde según puedo ver”.
No obstante, Yousefzadeh sigue inquieto con respecto a que el poder judicial ha sufrido un daño con Trump, quien les mostró a los futuros autócratas posibles las lagunas legales y debilidades a explotar, incluso si Trump en sí no fue lo bastante astuto para aprovecharlas por completo.
“Me gustaría pensar que las cortes seguirán siendo la última línea de defensa, incluso si el Departamento de Justicia estuviera completamente inclinado a la voluntad del presidente”, dice Yousefzadeh. “Pero hemos visto cómo muchas normas se han quedado a medio camino en los últimos cuatro años, y ello fue con un presidente relativamente incompetente. Me estremece pensar cuán peor podría ser si llegara un presidente que lo entienda mucho mejor a nivel personal y renueve el asalto a nuestras instituciones legales”. N
—∞—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
