El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) se encuentra nuevamente bajo escrutinio tras conocerse una serie de acusaciones de presuntas histerectomías y malas condiciones en un centro de detención de inmigrantes.
Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en ese país interpuso esta semana una queja en contra de una instalación privada bajo supervisión del ICE, en la que le acusan de negligencia médica, no poner en práctica medidas de seguridad por la pandemia de COVID-19 y de llevar a cabo un alto número de histerectomías sin el consentimiento de las pacientes.
La queja condena las prácticas y condiciones dentro del centro Irwin County Detention Center, en el sureño estado de Georgia, y se basa parcialmente en alegatos de Dawn Wooten, una enfermera empleada en el centro que decidió denunciarlo públicamente.
El ICE dijo en un comunicado que estaba tomando en serio las denuncias y que estaba “firmemente comprometida con la seguridad y el bienestar” de aquellos bajo su custodia.
Como parte de su queja, introducida el lunes ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (del que depende el ICE), Wooten advirtió sobre el alto número de histerectomías llevadas a cabo a mujeres hispanohablantes detenidas en ese centro.
La enfermera dijo que las mujeres le expresaron que no habían entendido del todo por qué debían someterse a la operación en la que se remueve parcial o totalmente el útero.
“I’m a single mother of 5. (Irwin County Detention Center) was my means of employment. But Because I began to ask questions about why we were doing no #COVID19 testing, I was demoted.” Nurse Dawn Wooten, who bravely shared her experience at ICDC. #ShutDownIrwin #AbolishICE pic.twitter.com/OZxPoqrSU1
— Project South (@ProjectSouth) September 15, 2020
La queja también denuncia una “perversa negligencia médica” durante la pandemia del coronavirus y argumenta que se les negaba la prueba a algunos detenidos sintomáticos y se inventaban registros médicos.
“Me convertí en una denunciante, ahora soy un blanco”, dijo Wooten durante una conferencia de prensa el martes. “Pero estoy dispuesta a ser un blanco”, dijo, en lugar de ser parte de lo que calificó como un sistema “inhumano”.
Al hablar con reporteros, Wooten denunció un comportamiento irregular en el centro con respecto a las precauciones de contagio del COVID-19 y dijo que le recortaron horas de trabajo tras haber protestado y al quedarse en casa por presentar síntomas del virus.
El periodista José Olivares, quien fue uno de los primeros en reportar acerca de esta queja, señaló en la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) que Wooten es madre soltera de cinco hijos y llevaba unos años trabajando para la instalación.
“Está técnicamente empleada por el centro, pero empezaron a recortarle las horas de trabajo desde julio y eso la ha afectado en lo personal. Dice que lo ve como una retaliación”, dijo.
Las organizaciones Project South, Georgia Detention Watch, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos y la Red de Apoyo a los Inmigrantes del Sur de Georgia introdujeron la denuncia en nombre de Wooten y otros inmigrantes detenidos.
De acuerdo con estos grupos, hay entre 500 y 800 detenidos en el centro, que a su vez tiene una capacidad para albergar a 1.200.
El documento, que incluye denuncias anónimas de detenidos, detalla que dentro del centro no se aislaba a personas con casos sospechosos de COVID-19, no se promovía el cumplimiento de las reglas de distanciamiento social y no se distribuían “materiales adecuados” de protección contra el virus.
También alegan retrasos en la atención médica debido al recorte de empleados de esta área.
En un testimonio escrito y enviado al Congreso en julio, la empresa encargada del centro, La Salle Corrections, aseguró que sus instalaciones estaban monitoreando los brotes del virus “actualizando con regularidad los protocolos de prevención y control”.
ICE le dijo a la BBC en un comunicado que “alegatos anónimos y sin comprobar, hechos sin especificidades o verificables, deberían abordarse con el justo escepticismo que merecen”.
En respuesta a los alegatos acerca de las condiciones de seguridad por causa de la pandemia, un portavoz de la agencia respondió: “Los epidemiólogos de ICE han estado monitoreando el brote, actualizando regularmente los protocolos de prevención y control, y emitiendo instrucciones al Cuerpo de Servicios de Salud de ICE (IHSC) para el monitoreo y manejo de una posible exposición entre los detenidos”.
La BBC contactó a LaSalle Corrections pero no obtuvo respuesta al momento de publicación.
Con respecto a los reportes de un número alto de presuntas histerectomías, funcionarios de ICE dijeron a medios locales que solo se habían practicado dos procedimientos de ese tipo en detenidas desde el año 2018 y negó que hubiesen sido sin consenso.
“Las acusaciones serán investigadas a fondo por una oficina independiente, sin embargo, ICE disputa con vehemencia el señalamiento de que las detenidas están siendo usadas para experimentación médica”, dijo Ada Rivera, directora de IHSC, en un comunicado difundido por el Washington Post.
“Para ser claros, las decisiones de cuidado médico concernientes a detenidas son tomadas por personal médico, no por personal de seguridad (…) Un procedimiento médico como una histerectomía nunca se llevaría a cabo sin la voluntad de la detenida”, añadió.
La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exigió una investigación el martes. Lo mismo hicieron otros representantes de su partido.
El documento indica que Wooten y otras enfermeras estaban alarmadas por “el ritmo en que se practicaban histerectomías” en el centro.
Wooten denunció que uno de los médicos removió un ovario equivocado a una joven detenida y que “todas las pacientes que lo ven tienen una histerectomía”.
“Nos hemos preguntado entre nosotras ‘Dios santo… está sacándole todo a la gente…’. Esa es su especialidad, es el recolector de úteros”, señaló en la queja.
Wooten no mencionó nombres de las presuntas afectadas por estos procedimientos y en la queja interpuesta ante el DHS tampoco aparecen testimonios en primera persona, solo referencias de detenidas entrevistadas por las organizaciones denunciando dichas prácticas médicas.
Una detenida, entrevistada por Project South, comparó al centro con “un campo de concentración en el que experimentan con personas” y añadió: “Es como si estuviesen experimentando con nuestros cuerpos”.
Una de las abogadas de la organización, Priyanka Bhatt, dijo el martes que ha habido reportes previos de problemas alrededor de la salud de las mujeres en esa instalación, incluida la falta de cuidado prenatal.
Los reporteros John Washington y José Olivares, de The Intercept, dijeron el miércoles en NPR que no habían podido contactar a mujeres que se hubiesen sometido a estas intervenciones médicas, pero que sí habían conversado con detenidas que confirmaron que les habían dicho que necesitaban someterse a estos procedimientos y que “no entendían por qué”.
“Un par de ellas se negaron a aceptarlo y una dijo que el médico se molestó ante su negativa”, dijo Washington.
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