Estados Unidos anunció que ha empezado a retirarse de dos bases militares de Afganistán, el mismo día en que deben empezar las negociaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes mientras se hace esperar un decreto de Kabul sobre el intercambio de prisioneros con los insurgentes.
Según el acuerdo firmado el mes pasado en Doha, con el que Washington quiere poner fin al conflicto más largo de su historia, todas las fuerzas extranjeras abandonarán Afganistán en un periodo de 14 meses, a condición de que los talibanes cumplan sus compromisos en materia de seguridad.
Según este acuerdo, Estados Unidos tiene que reducir inicialmente sus tropas de 12,000 o 13,000 a 8,600 hasta mediados de julio y cerrar cinco de las 20 bases que tiene en el país.
Las tropas empezaron a abandonar una base en Lashkar Gah, la capital de la provincia de Helmand, en el sur, y otra en Herat, en el este, indicó a la AFP un responsable estadounidense que no quiso identificarse.
A pesar de estas retiradas, las fuerzas estadounidenses siguen manteniendo “todos los recursos militares y la autoridad para cumplir sus objetivos”, dijo el lunes el coronel Sonny Leggett, un portavoz, en referencia a las operaciones de contraterrorismo en apoyo de las fuerzas afganas.
Helmand, que junto a la provincia vecina de Kandahar está considerada un feudo de los talibanes, fue el escenario de los enfrentamientos más duros de la guerra que empezó hace 18 años.
Omar Zwak, un portavoz del gobernador de Helmand, dijo a la AFP que entre 20 y 30 extranjeros abandonaron Lashkar Gah desde el pasado fin de semana.
Tras el acuerdo, los talibanes, que presumen de haber logrado una “victoria” ante Estados Unidos, siguen llevando a cabo ataques de baja intensidad contra las fuerzas afganas. Por el momento Estados Unidos sólo respondió a algunos de ellos.
El portavoz del ministerio del Interior, Nasrat Rahimi, informó sobre 32 ataques en igual número de provincias sobre las 34 que tiene el país, con balance de dos civiles y cinco miembros de las fuerzas de seguridad muertos, y 28 heridos.
Además, varios responsables afganos señalaron que había sido incautado un camión con diez toneladas de nitrato de amonio, elemento esencial para fabricar explosivos del tipo constatado en la frontera afgana con Pakistán.
Pero, el diálogo interafgano está supeditado a superar un obstáculo de peso: la liberación de unos 5.000 prisioneros talibanes contra 1.000 efectivos de las fuerzas afganas, a los que el presidente Ashraf Ghani se opone.
Esto podría postergar aún más las eventuales negociaciones.
Según los términos del acuerdo de retirada de tropas extranjeras, los talibanes deben impedir las acciones de los yihadistas y de los grupos como el Estado Islámico o Al Qaida, además de entablar negociaciones con el gobierno afgano.
Pero el gobierno en Kabul afronta una situación de verdadero caos y parece incapaz de ofrecer un frente unido en sus negociaciones con los talibanes.
Tanto el jefe de Estado oficialmente reelegido, Ghani, como el opositor Abdulá Abdulá –que alegó fraudes en las elecciones– se han declarado presidentes, en ceremonias paralelas, sumiendo en una crisis institucional al país.
Estados Unidos se opuso “firmemente” el lunes a la formación de un “gobierno paralelo” en Afganistán.
“Nos oponemos firmemente a cualquier acción para establecer un gobierno paralelo y cualquier uso de la fuerza para resolver las diferencias políticas”, dijo en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien mencionó el lunes un decreto para el intercambio de prisioneros que, este martes a las 22h00 locales (17h30 GMT) no se había concretado.
Asimismo, para los talibanes, para quienes éste sería un requisito ineludible, y dicen haber brindado una lista detallada a los estadounidenses con los nombres de los 5.000 prisioneros de sus filas, el gobierno sólo liberaría a una pequeña parte.
Un responsable talibán seguró a la AFP, que el gobierno “sólo prevé liberar a los prisioneros mayores, muy enfermos o aquellos que cumplieron sus condenas”.
Todo ello ocurre mientras este martes debe iniciarse el diálogo interafgano, que reunirá a talibanes, autoridades, oposición y sociedad civil, para tratar de hallar un espacio de consenso sobre el futuro del país. La división dentro del ejecutivo debilitará a Kabul y reforzará las posiciones insurgentes, coinciden los expertos.
