Con la decisión de convocar un referéndum sobre la redacción de una Constitución, una de las principales reivindicaciones de los manifestantes de este último mes, Chile parece decidido a pasar página a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La Constitución chilena fue aprobada el 11 de septiembre de 1980 en un polémico plebiscito durante el régimen militar. Su ideólogo fue el profesor de derecho y senador de extrema derecha Jaime Guzmán, asesinado en 1991 por un comando de extrema izquierda.
El texto fundamental se redactó a la medida de los sectores más conservadores de la sociedad para que permanecieran en el poder, incluso después del fin de la dictadura. El texto incluía quórum muy altos para cualquier cambio sustancial de la Carta Magna.
La Constitución tenía que redactarse de tal forma que “si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”, explicó en su momento Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la derecha conservadora.
Una ley constitucional también estableció un sistema electoral binominal de diputados y senadores que favoreció particularmente a los partidos de derecha.
A pesar de la transición política, Augusto Pinochet (1915-2006) no abandonó la política realmente hasta diez años después del final del régimen militar. Siguió siendo comandante en jefe del ejército hasta 1998 y senador hasta 2001.
Durante la transición, los partidos políticos democráticos “tuvieron que negociar la aceptación de la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura. Y eso condicionó luego todo el proceso político. Entonces claro, pudo haber habido razones de prudencia política, evitando que se entrampara la transición”, subraya Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales.
Desde la década de los 90, la Constitución chilena fue enmendada una decena de veces. Tras la reforma de 2005, que fulminó los principios más antidemocráticos, se puede despedir a jefes militares sin consulta previa al Consejo Nacional de Seguridad, un organismo que tuvo gran peso durante la dictadura, y no hay senadores vitalicios.
Esta reforma fundamental se produjo bajo el mandato del presidente de centroizquierda Ricardo Lagos (2000-2006), luego de alcanzar un importante acuerdo político.
La presidenta socialista Michelle Bachelet, en su segundo mandato (2014-2018), sometió a votación un cambio del sistema electoral que reemplazó la elección binominal por un sistema proporcional moderado que garantiza una representación más amplia de las fuerzas políticas.
Por otro lado, la Constitución chilena no establece que deban ser privadas la salud, la educación ni el sistema de pensiones, que son los tres pilares de las reivindicaciones de los manifestantes en las calles.
“Pero establece principios que limitan la acción del Estado y promueve la actividad privada”, explica el profesor de derecho constitucional, Sebastián Zárate, de la Universidad de los Andes.
Unos días después de asumir su segundo mandato en 2018, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que no permitiría que se revisara un nuevo proyecto de ley sometido en el Congreso por Bachelet para una nueva reforma de la Constitución.
Este proyecto incluía la inviolabilidad de los derechos humanos, establecer el derecho a la salud y a la educación, así como la igualdad salarial para hombres y mujeres.
Ante la presión de la calle, Piñera ha tenido que abrirse a un eventual cambio constitucional que podría afectar los intereses económicos de su electorado, particularmente en sectores, en gran parte privatizados, como la salud y la educación.
Hasta ahora, el presidente había descartado la idea de una Asamblea Constituyente, como lo exigen la oposición, varias organizaciones sociales y los manifestantes, que además quieren que se haga con una “amplia participación ciudadana” para garantizar la “legitimidad” del nuevo texto.
El acuerdo alcanzado ayer permitirá a lo chilenos votar si el órgano encargado de modificar la Carta Magna es una Asamblea Constituyente, una idea que ya había surgido en el debate de la campaña electoral de 2013, cuando una movimiento de la sociedad civil bautizado “Marca tu voto” invitó a los electores a escribir la mención “AC” (por Asamblea Constituyente) en su boleta electoral.
