Fue justa la indemnización del gobierno estatal por más de 44 millones de pesos a favor del notario público, Arturo Guadalupe Orenday González, por la expropiación de un predio para la instalación de la segunda terminal del transporte público del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA), así lo aseguró el secretario general de gobierno estatal, Enrique Morán Faz, quien mencionó que la cantidad se fijó a partir de avalúos contrastados por ambas partes.

“Ahí están los avalúos que presentó el grupo de propietarios y están los avalúos que tiene el gobierno del estado, por un mecanismo que estipulan las expropiaciones, se busca un punto medio, y el precio medio fue entre el avalúo que nosotros teníamos y el avalúo que tenía el propietario”.

Incluso, mencionó que el propietario del predio de 21 mil 667 metros cuadrados, adjunto a la zona rústica denominada “La Jara” o “La Cruz”, a unos metros de la carretera Aguascalientes- Calvillo, solicitaba una cantidad mayor como indemnización, pero finalmente se determinó que el monto del proceso expropiatorio fuera por 44 millones 418 mil 88 pesos.

“No se compró porque el terreno traía algunos problemas de ocupación, por lo que se hizo un proceso de expropiación, que todavía tiene que ser más transparente”.

De esta manera, se fijó un costo promedio de 2 mil pesos por metro cuadrado, debido a la plusvalía y tamaño del predio, negando que en zonas aledañas el costo promedio de la tierra sea de 350 pesos por metros cuadrado, como se difundió en algunos medios de comunicación.

“El precio fue cercano a los 2 mil pesos por metro, ahí hay conocimiento de operaciones de gente que anda vendiendo a 2 mil 500 pesos por metro cuadrado, pero también había medios que decían que el valor del terreno era de 350 pesos, y les decimos que nos digan dónde y compramos el terreno”, agregó.

Morán Faz argumentó que el predio expropiado era el que reunía las mejores condiciones para albergar la segunda terminal del SITMA, al poniente de la capital, según un estudio previo de la Coordinación de Planeación y Proyectos del gobierno estatal (CPLAP).

“Hubo un estudio de la Coordinación de Planeación en el que se nos determinó punto por punto, las características específicas para poner estas cuatro terminales, ya se iniciaron las obras en la primera, son estudios para ver qué terrenos son los más idóneos, por acceso a carreteras, por servicios y otros conceptos, y ese terreno fue el que se decidió”, afirmó.

Para las dos terminales restantes –que se ubicarán en el norte y oriente de Aguascalientes- se cuenta con un terreno propiedad del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) y uno más que se adquirirá a un particular.

“Hay un terreno que era del IVSOP y se va a pasar a gobierno del estado, y otro en donde traemos negociaciones con particulares”.

Continúan en juicio 50 títulos de concesión de taxi entregados por CLT

En otro tema, el titular de la Secretaría General de Gobierno mencionó que la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado ya ha resuelto a favor del gobierno estatal 170 títulos de concesión de taxi, de las 418 que fueron otorgadas de forma irregular por la pasada administración, del priísta Carlos Lozano de la Torre, por lo que a partir de diciembre se iniciarán los trámites para el otorgamiento de 100 títulos a taxistas que acrediten antigüedad en el transporte público.

“170 concesiones ya están resueltas por parte de la Sala Administrativa, que resolvieron que estuvo mal dada esa concesión, se fueron al amparo y ya más de 100 han sido rechazados por los cuatro colegiados, quiere decir que ya diferentes salas de los colegiados resolvieron en el mismo sentido, de no amparar”.

Asimismo, dijo que todavía hay 50 juicios de lesividad en revisión en la Sala Administrativa, los cuáles podrían resolverse en los próximos dos meses, para ampliar las concesiones a otorgar por el actual gobierno.

No obstante, puntualizó que el proceso de entrega de las concesiones deberá ser transparente y apegado a la legalidad, por lo que ya se trabaja en la definición del procedimiento que se implementará para ello.

“Siempre será más la demanda que la oferta, tenemos una lista muy grande de taxistas que demuestran tener gafete desde hace 5, 10, 20 o hasta 40 años de antigüedad, y aquí habremos de buscar una fórmula para que no nos pase lo que en otras ocasiones, en donde se lo damos a un chofer que no tiene la estructura de organización o la capacidad para generar un crédito para un vehículo y ser su propio patrón, y a los pocos meses las venden o las rentan”, finalizó Morán Faz.