* Interpuso Acción de Inconstitucionalidad por querer ampliar catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, entre ellos, el robo y los atentados a pudor.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Congreso del Estado y el Gobernador de Aguascalientes para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, así como privar de derechos sucesorios (herencias) a los responsables de ilícitos como lesiones dolosas calificadas.
La CNDH reclama ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidez de las normas del decreto número 177 publicado en el Periódico Oficial de Aguascalientes con fecha 9 de julio de 2019, y mediante las cuales se consideran delitos graves y que ameritan prisión preventiva, los siguientes:
Atentados al pudor o atentados al pudor equiparado, previsto en el artículo 115, cuando la víctima sea menor de dieciochos años de edad, o que por cualquier causa no pueda resistir la conducta del sujeto activo; Desaparición Forzada de personas, robo calificado; abigeato calificado; abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
La Comisión de Derechos Humanos argumenta que ni el ejecutivo ni el legislativo local pueden determinar cuales delitos ameritan prisión preventiva, siendo esto facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Por otra parte, el organismo autónomo nacional consideró que el artículo 107 de la legislación penal de Aguascalientes que establece privar de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio a los responsables de lesiones dolosas calificadas, atenta contra los derechos humanos y se trata de una normativa vaga y sin fundamento.
