Nervioso e inquieto, exhalando algunos suspiros mientras se formulaba la imputación en su contra, e incluso mordiéndose las uñas en varios momentos, el ex director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) en la administración estatal anterior, Francisco Chávez Rangel, reapareció en la audiencia inicial del juicio que se le sigue por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por la contratación irregular de los servicios profesionales del abogado Juan Collado Mocelo, a quien se le habrían pagado 7.4 millones de pesos por acciones, que presuntamente no se realizaron.
Durante casi cuatro horas de audiencia, la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por su titular, Jorge Humberto Mora Muñoz, formuló la imputación y presentó los elementos probatorios en contra del ex funcionario estatal y ex candidato priísta a la presidencia municipal de Aguascalientes en el año 2013, en relación a la denuncia presentada por la Dirección Jurídica del IEA el 17 de septiembre de 2018, cuando se detectó la contratación irregular de servicios profesionales “fantasma” del abogado Juan Collado –quien actualmente está vinculado a proceso por su presunta participación en una red de lavado de dinero que operaba a través de la constitución de empresas fachada, suplantación de identidades, entre otras acciones.
“No fui notificado de esta audiencia, me enteré por los medios de comunicación”, fueron de las primeras, y pocas, palabras que pronunció Chávez Rangel, ya que se reservó el derecho a declarar.
Los hechos
En la formulación de la imputación en contra de Chávez Rangel, el agente del ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción señaló que el IEA realizó tres contratos con el conocido litigante para la prestación de servicios profesionales por honorarios, por concepto de asesoría, consultoría y representación jurídica a favor del Instituto de Educación en dos juicios en contra de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen (UNACAR) por la compra simulada de equipo tecnológico del programa federal Habilidades Digitales para Todos (HDT), en el año 2011.
Por los servicios, se le pagaría al abogado la cantidad de 18 millones de pesos, divididos en tres contratos, de agosto de 2014 a diciembre de 2015, aunque de acuerdo a la documentación del IEA, sólo se pagaron 7 millones 420 mil pesos.
La UNACAR, a su vez, contrató a tres empresas que se encargarían de proveer el equipo de cómputo: Multiservicios Empresariales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. y Servicios Integrales en Computación R.R. y Prof Tech S.A. de C.V., las cuáles incumplieron con el contrato signado, por lo que se inició un juicio ante el Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil de la Ciudad de México. El caso quedó al descubierto en la investigación de La Estafa Maestra, en la que se reveló una red de triangulación de recursos entre instituciones de educación superior y empresas “fantasma”. (https://newsweekespanol.com/2017/10/gano-unacar-16-mdp-por-computadoras-fantasma/)
En ese proceso, foliado con el expediente 654/2014, el IEA fue notificado como tercer interesado.
Previamente, se inició el juicio 568/2013 en el Juzgado Quinto Mercantil, en el que el IEA reclamaba el pago de 283 millones 775 mil pesos a la UNACAR por el incumplimiento del contrato establecido para la proveeduría del equipo informático.
De acuerdo a los elementos presentados por el agente ministerial, no se obtuvieron informes en los juzgados de que el abogado Juan Collado haya tenido participación como representante jurídico del IEA en ambos casos. Asimismo, el litigante no entregó informes que avalaran la realización de los servicios para los que fue contratado. Tampoco contó con un poder notarial otorgado por el ex titular del IEA para representar a la dependencia en dichos juicios.
Incluso, se corroboró que fueron los abogados del instituto quiénes dieron seguimiento, específicamente el Lic. Fernando Torres Frausto, quien fungió como apoderado del IEA. En aquél entonces el instituto contaba con un área jurídica de 18 abogados especializados en la resolución de procesos legales que bien pudieron hacer el trabajo, añadió el agente ministerial.
A decir de la parte acusadora, Francisco Chávez tenía conocimiento de la contratación irregular del abogado porque los tres contratos fueron pactados a plazos de cuatro y cinco meses, plazos muy inferiores a los que normalmente se llevan en procedimientos civiles o mercantiles.
Además del ex director del IEA, también se investiga al ex director jurídico del instituto, Enrique Lomas Torres, a quien se le señala de no dar seguimiento y cumplimiento a los pagos al abogado Juan Collado.
Situación jurídica de ex titular se resolverá el próximo martes
Tras el análisis de las evidencias, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción solicitaron al juez de oralidad penal que vinculara a proceso al ex director general del IEA por su participación en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Sin embargo, la defensa legal de Chávez Rangel solicitó la ampliación del plazo a 144 horas para conocer más detalles del caso y preparar la estrategia jurídica a seguir, por lo que la audiencia se reanudará el próximo martes 17 de septiembre a las 09:00 a.m.
En caso de que el imputado no se presente, el juez giraría en automático una orden de aprehensión en su contra.
