El gobierno de Nicaragua liberó el lunes a 50 opositores al gobierno de Daniel Ortega que fueron detenidos por participar en protestas, luego de que se aprobó el sábado una ley de amnistía que ampara también a los responsables de las represiones.
El Ministerio de Gobernación informó en un comunicado que “en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (…) ha puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúa preparando la liberación de presos por estos delitos”.
Los beneficiados con la liberación fueron encarcelados por participar en las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018 contra Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62,500 exiliados, según organismos humanitarios.
Tras la liberación, las personas fueron entregadas a sus familiares con un acta en la que se lee: “ha sido puesto en libertad por la ley de Amnistía”, según divulgaron en redes sociales sus familiares.
El sábado, el Congreso de Nicaragua aprobó, con el voto mayoritario del oficialismo, la ley de amnistía, que favorece a “todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018”, cuando estallaron las protestas, y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.
Incluye a los opositores que están presos por participar en las manifestaciones, quienes deberán ser liberados “de forma inmediata” cuando la disposición entre en vigencia, con su publicación en la gaceta oficial.
Establece, además, que los beneficiados deberán “abstenerse” de volver a participar en protestas.
La oposición estima que cerca de 800 personas fueron encarceladas por apoyar las marchas, aunque el gobierno ha dicho que son unas 350.
Unos fueron recluidos sin que se le formularan cargos y otros fueron acusados de “terrorismo” bajo una cuestionada ley de 2018 que criminalizó las protestas.
Uno de los detenidos es el líder campesino y opositor Medardo Mairena, condenado en febrero pasado a 216 años de prisión por terrorismo y otros seis delitos.
Al mismo tiempo, la amnistía cierra la posibilidad de investigar y castigar a quienes reprimieron las protestas, que estallaron el año pasado contra una cuestionada reforma al seguro social antes de transnformarse en una demanda de la renuncia de Ortega, en el poder desde 2007.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que reúne a más 70 grupos opositores, consideró que la amnistía “pretende proteger los crímenes que ha cometido (el gobierno) a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares”.
“El propósito (de esta ley) es evidentemente intentar consolidar la impunidad del régimen”, repudió en Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación de que la amnistía impida el procesamiento de los responsables de “graves” violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
“El gobierno (de Ortega) tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”, demandó en un comunicado.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, señaló en un tuit que “las leyes de amnistía que impidan la investigación de sanción a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos” son contrarias a la Convención Americana en la materia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales para Nicaragua (GIEI), de la CIDH, señaló en un informe presentado en diciembre pasado que “es posible afirmar que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad” en la represión de las manifestaciones y “criminalizó cualquier acto de parte de la ciudadanía” contra el gobierno.
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Con información de AFP
