En 1989, cuando el PAN ganaba su primera gubernatura del país, Francisco Vega comenzaba su carrera política en Baja California y sus mejores años como empresario estaban por venir.
Sus primeras encomiendas fueron al frente de instituciones que administran las tierras del estado, y desde entonces ha realizado movimientos inmobiliarios en esta península por 213 millones 856 mil 492 pesos a su nombre, el de familiares y el de un testaferro: Enrique Rafael Victoria Espinoza.
Y aunque el monto exacto de su riqueza es desconocido, eso podría cambiar este año al terminar su gobierno, porque debe presentar públicamente su última declaración patrimonial y de intereses.
Ahora no podrá pedir que sea reservada como en los últimos cinco años, argumentando motivos de seguridad, porque el Sistema Nacional Anticorrupción lo obligará con un nuevo formato de declaraciones.
El politólogo Benedicto Ruiz dice que es importante conocer sus bienes porque el gobierno dispone de información privilegiada sobre los terrenos públicos para determinar dónde hay oportunidades de inversión.
“Estás abusando de ese puesto disponiendo de información que no tienen otros, y eso te da ventaja. Ahí estás usando al gobierno como un mecanismo para ejecutar tu riqueza, y me parece que este caso es el que representa a ‘Kiko’ Vega”, comenta.
Por eso ante la negativa del ejecutivo a transparentar su declaración, Newsweek Baja California reconstruyó con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPCBC), parte de sus transacciones inmobiliarias y de su patrimonio en el estado.
Esos documentos dicen que de 1980 a 2018, el gobernador hizo 256 ventas a particulares y familiares que ascienden a 218 millones 69 mil 142 pesos.
También realizó 12 compras incluyendo terrenos que eran públicos de miles de metros cuadrados, en los que después construyó o se asoció para construir.
Y todavía posee 48 bienes, sólo en el estado que gobierna. Aunque los documentos consultado, no permiten calcular un monto preciso por el valor de los inmuebles que conserva.
Las operaciones y los montos que se desglosan en la base de datos creada para este reportaje, responden al acto inscrito más reciente en el RPPC de cada propiedad.
Según el director general de esa institución, José Antonio Araiza, no es obligatorio inscribir terrenos y viviendas, así que “muchas personas no las registran”.
“Tenemos 1 millón 300 mil [propiedades] registradas en el estado. No quiere decir que sean todas las que existen”, dice Araiza.
Y es que el gobernador, al ser cuestionado sobre sus bienes, responde que todas pueden ser consultadas en el RPPC.
“Si en cinco años nadie ha podido comprobar algo mal habido, quiere decir que ya a los seis difícilmente lo tendrán”, dice Vega de Lamadrid a Newsweek Baja California.
Para este reportaje, el empresario panista recibió una copia de la base de datos impresa con los bienes y operaciones inmobiliarias que aquí también se publican.
Se le preguntó si había alguna otra propiedad que debiera incluirse y contestó que no sabía.
Dijo que en el pasado otros reporteros le mostraron listas parecidas, pero es la primera vez que alguien documenta sus ventas.
Y éstas dicen que si al menos nueve años antes de ser funcionario público ya tenía un patrimonio, sus mayores ganancias fueron en 2015, su segundo año como gobernador de Baja California.
Según el registro, su punto más alto como empresario habría sido el 2006, cuando vendió en solo tres movimientos más de 72 millones de pesos.
Sin embargo, el monto se debe principalmente a que ese año Kiko le vendió un terreno a sus hijas, Zarema y Zaira en 35 millones 361 mil 369 pesos.
Seis meses después, ellas lo vendieron al prestanombres de Kiko en 36 millones 142 mil 748.
Sin estas operaciones, Kiko habría vendido únicamente 570 mil 500 pesos, frente a los más de 46 millones que movió en 2015 siendo gobernador.
Benedicto Ruiz dice que esta mezcla de negocios y gobierno no sólo desprestigió al mandatario, también puso al Partido Acción Nacional (PAN), “en puerta de la derrota electoral más impresionante que puede sufrir”.
“No ha sido el desgaste que pudiéramos suponer después de 30 años de acción nacional, sino que ha sido un personaje que descuidó totalmente la actividad del gobierno y ‘Kiko’ se ha mostrado muy soberbio en ese poder económico”, agrega el politólogo.
Los documentos públicos consignan que en el segundo año de su sexenio realizó 148 transacciones con un valor de 46 millones 446 mil 687 pesos, principalmente por la venta de 160 departamentos.
Estos fueron la continuidad del proyecto residencial San Carlos I que inició en 2007 con su hermano el arquitecto Enrique Vega, cuando construyeron 45 condominios en la colonia Guadalupe Victoria.
El RPPC dice que el gobernador planeaba construir 69 departamentos más en otra fracción del mismo terreno, pero canceló el régimen de propiedad de condominio registrado también desde 2007 bajo el nombre San Carlos Dos.
En su lugar firmó un convenio con Fraccionamiento Arnaiz S.A. de C.V. para edificar en dos etapas idénticas, cuatro edificios con 160 departamentos, en lo que hoy es San Carlos II y III.
Un alto directivo dentro de la empresa desarrolladora que tiene convenio comercial con Newsweek Baja California, y que habla en condición de anonimato, defiende el acuerdo con el gobernador.
Dice que dieron con el terreno en sus búsquedas continuas para nuevos desarrollos, y así supieron que era de Francisco Vega, quien tiempo atrás les rentaba un local para su negocio de empeños.
Asegura que ‘Kiko’ no quiso vender el predio, y por eso tiempo después acordaron el convenio donde sólo aportó la tierra y la empresa se encargó del resto.
“Ellos nunca participaron en lo absoluto ni en el proyecto, ni en la conceptualización, ni en la ejecución, ni en la comercialización de ningún tipo”, afirma el representante de la compañía inmobiliaria, refiriéndose al gobernador y a su hermano Enrique.
El acuerdo establece que el gobernador recibiría 277 mil 296 pesos por cada departamento vendido, lo que representa un total de 44 millones 367 mil 430 de pesos.
Únicamente para San Carlos III Vega de Lamadrid se comprometió a “aportar los recursos necesarios para la urbanización”, según el documento público.
La desarrolladora afirma que fue un buen negocio porque la ubicación ayudó a que todos los departamentos se vendieran pronto, pero un escándalo en 2015 —cuando medios locales revelaron este negocio con el gobernador— también dejó enseñanzas.
El directivo asegura que vigilan con mayor detalle sus proyectos, y no tienen más vínculos comerciales con ‘Kiko’ u otros funcionarios.
“No estoy para defender al gobernador en absoluto, simple y sencillamente nosotros hicimos un trato con alguien que era un ciudadano común y corriente, que después se convirtió en gobernador”, afirma el representante de la empresa.
Pero según su narrativa, las primeras pláticas con Francisco Vega fueron entre 2011 y 2012, lo que significa que ya era un personaje conocido en el estado.
En ese momento era diputado federal (2009-2012), había sido alcalde de Tijuana (1999-2001), y había competido dos veces en el Partido Acción Nacional (PAN), para conseguir la candidatura a gobernador que logró en 2013.
El convenio registrado en el RPPC, del que Newsweek Baja California tiene copia, fue firmado en febrero del 2014, cuando Vega de Lamadrid tenía tres meses como gobernador.
Frente a esto, el directivo de la compañía asegura que en más de cincuenta años de existencia es la primera ocasión que construyen con un acuerdo de colaboración, y es también la primera vez que se ven envueltos en polémica.
“No sé qué negocios tenga el gobernador […] pero este negocio es limpio, aquí no hay nada”, afirma con los documentos del desarrollo habitacional sobre el escritorio.
Por eso mismo, los especialistas consultados consideran necesario que el gobernador Francisco Vega informe sobre la totalidad de los bienes acumulados en su paso por los tres niveles de gobierno.
Opinan que el problema no es su riqueza, sino que ha continuado en el negocio inmobiliario aún siendo gobernador.
Víctor Espinoza Valle, director del departamento de estudios de administración pública en el Colegio de la Frontera Norte (Colef), dice que es el cargo más importante y demandante en la carrera de Francisco Vega, y que por eso debería dedicarse de tiempo completo.
Porque aunque no es ilegal que un funcionario tenga otras actividades, sí es una situación ilegítima, opina el también doctor en Ciencia Política.
“Es importante que todos conozcamos quién nos gobierna, con qué patrimonio llegó al poder y con qué patrimonio lo deja para evitar pensar que pueda haber enriquecimiento ilícito”, agrega.
Y esas dudas sólo pueden quedar resueltas si el gobernador Vega de Lamadrid aclara a los ciudadanos el origen y la cantidad exacta de los bienes que posee.
Francisco Vega es uno de los seis gobernadores mexicanos que al día de hoy se han negado a publicar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses en el portal de la iniciativa ciudadana ‘3de3’.
Ésta, es el antecedente directo del nuevo Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en noviembre pasado.
Alexandra Zapata, directora de innovación cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dice que este formato único y la declaración de intereses que antes no existía, serán obligatorios para funcionarios de los tres niveles de gobierno desde el último día de abril.
Deberán responder además de información personal y laboral, datos del cónyuge y/o dependientes económicos, así como intereses de estos con el sector en que trabaja el funcionario, empresas a las que pertenece, si tiene otras actividades económicas y nombres de sus socios comerciales, entre otras cosas.
El IMCO está siguiendo la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y las nuevas declaraciones forman parte de este nuevo esfuerzo por impulsar la rendición de cuentas con sanciones administrativas e incluso penales.
“En ciertos casos se ha visto que los gobernadores salen y dejan ese pendiente, pero la expectativa es que el gobernador llene esa declaración, la llene de manera honesta (…) más le vale incluir todas las propiedades que ustedes han encontrado”, comenta Alexandra Zapata sobre Francisco Vega.
Para el día del niño, los estados ya deberían poder vincularse a la plataforma nacional que concentrará todas las declaraciones del país.
Si esto no se cumple, los servidores públicos que deban presentar su declaración anual, de entrada o de fin del encargo como es el caso del gobernador de Baja California, podrán hacerlo con la legislación vigente que hoy no garantiza la transparencia.
La directora de innovación cívica del IMCO dice que la Secretaría de la Función Pública (SFP), es la responsable de empujar el cumplimiento de los estados, y quiere pensar que todos respetarán la ley.
“De ninguna manera estoy diciendo que lo que hay es perfecto, ni que lo que existe resuelve todo. Al contrario, creo que falta muchísimo trabajo para construir un andamiaje institucional que realmente ayude al estado mexicano a combatir la corrupción”, dice.
Así que mientras eso sucede y esperamos el resultado al terminar el mes de abril, éste es un esfuerzo por conocer algo de la riqueza del gobernador empresario.
—
Abigail Palacios, Alexandra Patrón, Emily Araujo y Liz Beltrán participaron en la elaboración de este reportaje.
