La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, será la encargada de elaborar el proyecto correspondiente de resolución sobre todos los amparos que el gobierno de Chihuahua presentó relacionados con la causa penal de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, según informó el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés.
La audiencia para desahogar las pruebas que determinarán la culpabilidad o la inocencia de Gutiérrez Gutiérrez, se llevará a cabo el próximo 29 de marzo.
De acuerdo con Espinoza Cortés, “luego de que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, admitió y aceptó la facultad de atracción solicitada por los Tribunales Colegiados con residencia en la Ciudad de México, será la Suprema Corte la que resuelva en definitiva la causa penal de Alejandro Gutiérrez”.
El aspecto más importante por determinar es si el Estado de Chihuahua tiene el carácter de víctima dentro de la causa penal 24/2018, correspondiente al desvío de 250 millones de pesos.
Además, según el consejero jurídico del gobierno estatal, “si el sobreseimiento de dicha causa penal, decretado por el juez penal Marco Antonio Fuerte Tapia, a solicitud de la entonces Procuraduría General de la República, fue ajustado a derecho o bien, concede los amparos para efecto de que se reponga el procedimiento correspondiente y en su caso pudiera regresar a Chihuahua la causa penal.
Desde hace 27 años, pertenece al Poder Judicial de la Federación y cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Así, será el 29 de marzo a las 10:00 horas, cuando se desarrolle el juicio oral 22/2019 correspondiente a la causa penal 4094/2017.
La novela jurídica…
El empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez y exsecretario general adjunto del PRI, fue detenido en diciembre de 2017, acusado por el gobierno de Chihuahua del desvío de 1.7 millones de pesos en servicios que una empresa de mantenimiento de aviones de su propiedad, debía otorgar a la flotilla aérea del estado y no lo hizo, pero sí cobró durante la administración de César Duarte.
Asimismo, fue señalado del desvío de 250 millones de pesos por medio de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al gobierno de César Duarte y luego hacia las campañas de dicho partido en 2016.
En junio del año pasado, un juez ordenó que Gutiérrez Gutiérrez, permaneciera en Chihuahua a pesar de que las autoridades federales buscaban procesarlo en la Ciudad de México.
Dos meses después, en agosto de 2018, un juzgado federal lo exoneró de la acusación de los 250 millones de pesos, sólo lo mantenía en el penal de Chihuahua el supuesto desvío de 1.7 millones de pesos, sin embargo, el tipo de delito y la cantidad le valían para continuar el proceso en libertad.
Desde septiembre pasado, salió con un brazalete electrónico del reclusorio de Aquiles Serdán y vive en la ciudad de Chihuahua, de donde no puede salir hasta que se defina su situación jurídica y se dicte sentencia.
A partir de ello, el Gobierno del Estado interpuso otro recurso legal para que a Chihuahua se le dé el reconocimiento como víctima y de lograrlo, Gutiérrez Gutiérrez perdería los beneficios legales que obtuvo con juzgados federales y volvería al penal.
