Ambientalistas del estado dieron a conocer el revés en el caso del intento de fraccionar el Bosque de Cobos, después de que un Juez ponderó los derechos a la ciudadanía a un medio ambiente sano por encima del derecho legítimo de lucro del promovente del proyecto de fraccionamiento que devastaría a 130 hectáreas del Bosque de Cobos.

Ante esta decisión del juez, el promovente del fraccionamiento, “Banco Interacciones S.A.” se inconformó y apeló a una segunda instancia en febrero de este año, por lo tanto el caso se encuentra en revisión de un tribunal colegiado y se prevé que en próximas semanas se informe la resolución,

“Estamos seguros que respaldarán la decisión del juez de primera instancia porque no está negando su derecho a lucrar sino sólo pondera que es más importante el derecho humano al medio ambiente sano”, manifestó Agustín Bernal Inguanzo, miembro del Comité de Vigilancia Ambiental de la Sub Cuenca Cobos-Parga-San Francisco.

De ser resuelto en contra de los promoventes y al no contar el proyecto con la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística otorgada por la SEDUM; la SEMARNAT tendrá que negar la autorización en materia de impacto ambiental tal como lo marca el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, agregó.

Actualmente el proceso está detenido en la  delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hasta que no se resuelva definitivamente una demanda interpuesta por el promovente del fraccionamiento en contra de la misma SEMARNAT y de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal (SEDUM); esto bajo el argumento de que el anterior alineamiento y compatibilidad urbanística que recibió el promovente en 2015, es un derecho adquirido por lo que se le debía renovar dicha autorización automáticamente al vencer en 2018.

Recordó que el Bosque de Cobos es un polígono bien definido de 353 hectáreas, donde hay varios dueños, una zona de área de conservación e infiltración en el Programa de Desarrollo Urbano, un predio municipal de 115 hectáreas que está en proceso de ser declarada área protegida de carácter municipal; 170 hectáreas de propiedad estatal al sur del Arroyo antes Rancho Los Pargas, que también está en proceso de declararse protegido.

“Vemos que es un pulmón patrimonio natural, con cientos de especies nativas de flora y fauna, no podemos acabar con todo esto y más por un proyecto donde ni siquiera hay los servicios para hacer un fraccionamiento”. En febrero del el año pasado se tuvo un proceso de consulta pública del manifiesto de impacto ambiental, evento en donde se demostró la inviabilidad del proyecto así como el desconocimiento por parte de los promoventes de aspectos técnicos, biológicos y ecológicos; toda vez que no habían sido manifestados todos los impactos ambientales del proyecto ni dimensionados adecuadamente.

Se evidenció además que los promoventes no consideraron que el proyecto violaba el Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Aguascalientes (PDUCA 2040), pues pretendía realizarse sobre un área de conservación e infiltraciónAgustín Bernal aclaró que estas organizaciones civiles no son parte de la demanda, sin embargo, la ciudadanía debe de estar enterada de esta situación legal del predio para evitar que más pulmones en la entidad sean destruidos.