Los hechos son amores, y no buenas intenciones”, reza un dicho del pueblo sabio y bueno. A lo anterior, valdría añadir otro dicho popular: “intención, más dinero, es verdad”
Estos dichos permiten poner en perspectiva las contradicciones que hay en el discurso del presidente de la República, y las decisiones que ha tomado respecto de varios programas públicos, a los cuales o bien les ha recortado presupuesto, o bien ha planteado, al menos discursivamente, su desaparición.
Por un lado, el titular del Ejecutivo se dice un demócrata, un liberal consumado quien prácticamente se asume como el azote de todos los que no son como él: los conservadores, categoría en que nos ha encasillado a todos aquellos que no compartimos su visión de mundo en todo lo que plantea y propone como acción de gobierno.
Desde esta perspectiva, importa plantear que un tema que el presidente y su equipo han pasado por alto: en democracia, en sentido estricto es irrelevante la moral personal del Ejecutivo; es decir, sus creencias religiosas, su espiritualidad o sus prejuicios personales no tienen por qué ser considerados al momento de tomar decisiones públicas, porque la responsabilidad exclusiva del Presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución; por lo que si cree en cosas similares o aún distintas a lo plasmado en la Carta Magna y en el orden jurídico nacional, eso debería ser marginal, pues al momento de gobernar, lo que cuenta es el adecuado, o no, cumplimiento de su mandato.
Por eso sorprende que el Presidente haya arremetido en contra de lo que podrían considerarse como tres agendas que, en sentido estricto, son indispensables en cualquier gobierno auténticamente democrático; y más aún de uno que se autodefine como progresista y de izquierda.
La primera de ellas es la agenda de la niñez; a regañadientes, el Presidente habla de las niñas y los niños. No comprende, por lo que ha dicho hasta ahora, los alcances del principio del interés superior de la niñez y el conjunto de responsabilidades que tiene el Estado, y él como jefe de Estado, respecto de la garantía integral de sus derechos.
La segunda de ellas, asociada a la anterior, es la agenda de la perspectiva de género, respecto de la cual aun no tiene un pronunciamiento relevante, por lo que es de esperar que el próximo 8 de marzo nos sorprenda no sólo con un buen discurso, sino con el anuncio de políticas públicas articuladas con una agenda transversal a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero también en todo lo relativo a la diversidad sexual.
La tercera de las agendas sobre las cuales es incomprensible la agresividad presidencial, es la relativa a la sociedad civil, a la cual califica, sin matices ni distingos, como “producto neoliberal”, desconociendo con ello las distintas tradiciones organizativas y de participación comunitaria que se ha forjado a lo largo de más de 500 años en nuestro país.
Respecto de estas tres agendas, hay mandatos constitucionales y legales específicos que el presidente ha decidido ignorar. Ello explica por qué el amparo otorgado en materia de estancias infantiles, mediante el cual un juez federal ordenó la emisión de reglas de operación 2019, similares a las que existían en 2018.
Por ello, convendría que el Gobierno de la República articulara un grupo de trabajo que, de manera mesurada y con base en una amplia visión de derechos humanos, lleve a cabo el sin duda necesario y urgente replanteamiento de muchas políticas públicas que sí tienen defectos; que sí deben ser mejoradas e incluso varias de ellas transformadas radicalmente.
Gobernar implica avanzar de manera acelerada hacia la generación de condiciones de bienestar cada vez mejores para la población. Pero hacerlo con prisa, sin mesura y sin considerar las dificultades y complejidad técnica de un gobierno anquilosado y corroído por la corrupción, es pecar incluso de ingenuidad, y caer en la trampa de la ineficacia.
