Ante la suspensión en la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrantes de la Asociación Nacional de magistrados de circuito y jueces de Distrito acusaron una “campaña de desprestigio en su contra”.
En conferencia de prensa realizada en la sede del Poder Judicial de la Federación del estado de Oaxaca, el magistrado del Circuito Penal y Administrativo, José Luis Legorreta Garibay señaló que detrás de la norma que prohíbe a los servidores públicos tener salarios superiores al del presidente, se encuentra la intención de “debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y con ello vulnerar el estado de derecho”.
“Hemos impulsado una amplia defensa que incluye la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideramos un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación, el cual ha sido dotado por la constitución de mecanismos de autorregulación”, indicó.
Arropado por magistrados y jueces, denunció los intentos por condicionar a los juzgadores han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para el ciudadano.
Señaló que “un salario acorde con la responsabilidad de resolver los asuntos más delicados que pudiesen afectar a una persona e institución del poder público” es fundamental.
Además, sostuvo, los jueces y magistrados deben tener sueldos que les permitan tener “independencia” para evitar las intromisiones de intereses ajenos a la ley por parte de cualquier autoridad y cualquier tipo de presión social o económica y del flagelo de la corrupción.
Legorreta Garibay denunció que “se ha querido posicionar un falso discurso que habla sobre percepciones excesivas de los jueces que viven a costa del erario público con ingresos de más de 600 mil pesos al mes, lo que no corresponde ni cercanamente a las percepciones, centrado la discusión en un tema de salarios y no de la independencia e imparcialidad de un juez”.
Advirtió que el riesgo de mantener la campaña de desprestigio contra los juzgadores haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.
“Los juzgadores federales queremos recordar que tener un cargo de esta responsabilidad implica asumir riesgos que se han hecho cada vez más evidentes por los momentos que vive el país, además de las presiones de los vaivenes políticos, enfrentan situaciones que los ponen en situación de inseguridad a ellos y sus familias”, concluyó.
