De acuerdo al informe del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) sobre las cuentas públicas de las dependencias de gobierno estatal, los 11 ayuntamientos y los organismos autónomos, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, las observaciones e irregularidades detectadas ascienden a más de 419 millones de pesos.

De esta cantidad, el ayuntamiento de Aguascalientes es quien concentra el mayor monto de las cuentas públicas con alrededor de 320 millones de pesos.

En el caso de los otros 10 municipios, las observaciones equivalen a 70 millones de pesos, mientras que para el gobierno del estado se detectaron 25 millones de pesos que no fueron justificados en el ejercicio del gasto público en 2017.

Las principales observaciones consisten en conceptos como desviaciones presupuestales, incorrecta comprobación presupuestal y documental, la falta de justificación de erogaciones no presupuestadas o autorizadas, eventos pagados sin comprobación de autorización sin constancias de haberse realizado y falta de garantías entre otros, señaló en tribuna el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Manuel Gómez Morales, el único legislador de oposición dentro de la Comisión de Vigilancia.

Por su parte, el vicecoordinador de la bancada de MORENA en el Congreso del Estado, Héder Guzmán Espejel, criticó el proceso de análisis de los dictámenes ya que los diputados del grupo mayoritario del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano –con predominancia en la Comisión de Vigilancia- fueron los que tuvieron mayor tiempo para hacer la revisión de los documentos.

“Estamos en contra porque yo les comenté que se tenían que regresar las cuentas públicas a los órganos controladores para que a su vez, éstos fueran sancionados, pero hoy en día parece que la Comisión de Vigilancia no tiene injerencia, aunque el artículo 9 dice otra cosa (…); las cuentas públicas se nos turnaron en los últimos tres días y aparte es información que está muy cerrada, es información que no nos dejan ver”, afirmó.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Gustavo Báez Leos, aseguró que sí hubo un manejo transparente de los dictámenes en la última semana, en la que, dijo, la comisión sesionó de forma “permanente”.

“Desde el viernes la Comisión de Vigilancia les turnamos el proyecto de dictamen a los 27 diputados, si no tuvo tiempo de revisarlo durante su fin de semana o andaba de vacaciones, lo respetamos, pero el correo fue enviado en una cortesía política de que tuvieran el conocimiento los 27 diputados (…).

El diputado panista refirió que las observaciones realizadas por el OSFAGS serán turnadas a las contralorías y órganos internos de control de las entidades fiscalizadas para que se continúe con el proceso de rendición de cuentas, ya sea para justificar las anomalías señaladas, para resarcir el recurso utilizado de forma errónea o para aplicar las sanciones a los funcionarios públicos involucrados en las observaciones.

“Se acabó lo de que la Comisión de Vigilancia sea tapadera, como pasó en San Luis Potosí que estaban extorsionando a alcaldes para borrar las cuentas públicas. Nosotros estaremos revisando cómo se revisaron las cuentas públicas, las damos por revisadas y lo que estaremos observando es que los órganos internos de control sean los que definan la forma de solucionar cada situación de los problemas”, comentó el coordinador de la bancada panista.

Si bien, el municipio de Aguascalientes es el que presenta un mayor monto económico, los casos que más preocupan son los de los ayuntamientos de El Llano y Rincón de Romos, en donde se llevaron a cabo desvíos de recursos de sus presupuestos para utilizarse en otros rubros distintos a los proyectados originalmente.

“Se trata de modificaciones a su presupuesto, sin tener los movimientos adecuados, de un capítulo pasan a otro capítulo y al no estar aprobados tendrán que hacer un procedimiento resarcitorio, son desvíos de uno de tres millones de pesos y otro de 1.5 millones de pesos y ahí se podría abrir un proceso resarcitorio”, concluyó.