El primer juicio contra Paul Manafort dejó algo muy claro: la demografía es lo más importante para elegir al jurado.

En 2013, meses antes del juicio de George Zimmerman, Robert Hirschhorn sabía exactamente qué tipo de jurado quería. En aquel momento, su cliente (quien mató a Trayvon Martin) era “el hombre más odiado de Estados Unidos”, recuerda Hirschhorn. “Quería un jurado con mujeres negras, pues había llegado a la conclusión de que, si a una mujer le golpeaban la cabeza contra el concreto y tenía una pistola consigo, estaría más dispuesta que un hombre a usar el arma”.

Un jurado, exclusivamente femenino, absolvió a Zimmerman del asesinato en segundo grado de Martin. El acusado afirmó que había disparado en defensa propia contra la víctima de 17 años, mas los críticos aseguraban que lo hizo por motivos raciales y que el adolescente murió porque era negro.

Para Hirschhorn -consultor legal desde hace décadas-, el proceso de selección del jurado se redujo a una sola cosa: encontrar individuos que, debido a sus experiencias o a su identidad, tuvieran más probabilidades de aceptar la versión de los hechos expuesta por la defensa.

El año pasado, el abogado Benjamin Brafman representó a otro hombre despreciado por todo el país: el “farma-bro” Martin Shkreli, quien había escalado en 5,000 por ciento el precio de Daraprim, medicamento para VIH/SIDA. La acusación contra Shkreli era fraude de valores, no el aumento de precio, pero la amplia cobertura negativa había enturbiado la percepción pública del acusado, así como las opiniones de los posibles jurados.

“Busqué personas que pudieran ser comprensivas”, explica Brafman. “Personas mayores, de clase media más que de clase superior, y personas que no se pasaran el día en la Internet, donde la presencia de Martin era constante y donde, por desgracia, algunas de sus declaraciones le habían convertido en su peor enemigo”.

Parece que Brafman eligió bien. Shkreli fue exonerado en cinco de los ocho cargos y sentenciado a siete años de prisión por fraude de valores y conspiración. De haberlo hallado culpable de todos los cargos, habría purgado décadas en la cárcel.

Los abogados defensores no esperan -ni siempre requieren- que el jurado perciba la absoluta inocencia del acusado. En 2005, John Gotti Jr. (mafioso estadounidense que encabezó a la familia criminal de los Gambino después que encarcelaran a su padre por cargos relacionados con la Cosa Nostra) fue representado por Jeffrey Lichtman durante su juicio por homicidio. “Buscamos personas que no repudiaran, completamente, el apellido Gotti y que opinaran que el gobierno a veces se extralimita”, informa Lichtman. “Llegó un momento en que cada [jurado potencial] que entrevistábamos, decía ‘Creo que es culpable, pero estoy dispuesto a mantener la mente abierta’. Esa fue la gente con la que tuvimos que trabajar”.

Pese a ello, Lichtman logró que desestimaran los tres cargos de conspiración para cometer homicidio, y lo hallaran inocente en una acusación por fraude de valores de 25 millones de dólares. Lichtman asegura que su elección de jurados tuvo un impacto “absoluto” en el resultado.

Pero, ¿qué sucede cuando el crimen o el acusado tienen un trasfondo político? Los tres abogados señalan que, en esos casos, la norma convencional para selección de jurados se vuelve inútil. Y eso quedó muy claro en agosto, con el juicio de Paul Manafort.

Ningún juicio celebrado este año ha generado más atención mediática que el de Manafort, exgerente de la campaña del presidente Donald Trump. Las acusaciones de fraude financiero no tenían relación directa con su trabajo para la campaña, sino que afloraron de la investigación del asesor especial, Robert Mueller, en torno de la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

El primer juicio de Manafort debía celebrarse en Washington, D. C., a mediados de septiembre, pero Mueller formuló acusaciones adicionales que obligaron a llevar el proceso en Alexandria, Virginia, el lugar de residencia de Manafort. Y como el acusado decidió no desistir de la jurisdicción, el gobierno tuvo que fusionar los dos casos. Gracias al juicio de Virginia, los defensores de Manafort tuvieron oportunidad de ensayar su caso ante un jurado seleccionado en una región más conservadora que D.C., donde solo 4 por ciento de los electores votó a favor de Trump en 2016.

El juicio virginiano de Manafort transcurrió con rapidez. El primer día, seleccionaron al juzgado, el primer testigo declaró, y la fiscalía presentó la infame chaqueta de avestruz de 15,000 dólares como prueba del suntuoso estilo de vida del acusado (sostenida con el fraude, según afirmaron). Tres semanas después, el jurado de seis hombres y seis mujeres condenó a Manafort por ocho de los 18 cargos relacionados con fraude fiscal y bancario, y por ocultar una cuenta bancaria extranjera.

“La evidencia era abrumadora”, reveló Paula Duncan, partidaria de Trump, entrevistada por Fox News tras anunciarse el veredicto. Fue la única jurado que se manifestó públicamente después del juicio. “No quería que Paul Manafort fuera culpable, pero lo era. Y nadie está por arriba de la ley”.

Sin embargo, no emitieron un fallo en las 10 acusaciones restantes, presuntamente porque una jurado (otra simpatizante de Trump) se negó a reconocer la culpabilidad de Manafort en todos los cargos. “Tratamos de convencerla del rastro de documentos, una y otra vez”, recuerda Duncan. “Y, aun así, insistió en que tenía una duda razonable”.

El segundo juicio se llevará a cabo el 24 de septiembre en Washington, D.C., aunque los abogados de Manafort han solicitado un cambio de tribunal. Sugirieron un juzgado federal de Roanoke, Virginia -una “localidad neutral y menos saturada por los medios”-, porque consideran que su cliente se ha “convertido en actor involuntario de un drama mayor entre el Sr. Mueller y el presidente Trump”, sobre todo porque Trump tuitea regularmente sobre el asunto del juicio.

No obstante dónde se celebre, los abogados que hablaron con Newsweek dieron un consejo al equipo para la defensa de Manafort: solo importa la política. Este argumento quedó demostrado con el primer juicio, y con las declaraciones públicas de la jurado “trumpista”. “No creo que el género sea importante. Tampoco creo que venga al caso la edad. Dudo que la raza tenga relevancia”, dice Hirschhorn. “La única pregunta que deben formular es, ‘¿Votaste por Trump?’”.

Hirschhorn agrega que también deberían contemplar a los demócratas conservadores. “Un jurado liberal lo quemaría vivo. Es un caso muy politizado porque se trata de Manafort y está estrechamente relacionado con Trump”.

Lichtman sugiere que el equipo legal también podría considerar jurados que hayan sido acusados de algún crimen, o que conozcan a alguien acusado de un crimen, porque “entenderían que, a veces, el gobierno se extralimita o es injusto, y también juega sucio”, explica. “Sin esa experiencia previa, el ciudadano promedio podría creer que cualquiera que sea arrestado es culpable, automáticamente”.

Debido a las condenas actuales, Manafort encara una sentencia máxima de 80 años de prisión, de modo que el segundo juicio tiene el reto adicional de encontrar un grupo de jurados dispuesto a pasar por alto los fallos del primer proceso.

Lichtman señala que, antes del segundo juicio de Gotti, su cliente tenía a favor la percepción pública de que se había separado de la Mafia. Esa impresión se vio reforzada por un hecho clave: el jurado del primer juicio lo exoneró, “y eso pareció ayudarlo”, revela Lichtman. “Manafort tiene el problema contrario, porque la gente ya cree que es culpable y muchos se preguntan, ‘¿Por qué no condenarlo otra vez?”. Lichtman agrega que los abogados “tienen por delante una labor titánica, no lo dudes”.

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Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek