Giovanni Flores I Pachuca
El mandatario Omar Fayad Meneses señaló que aún no define la “dinámica” del Segundo Informe de Gobierno ni si acudirá ante el pleno de la LXIV Legislatura el próximo 5 de septiembre para entregar el documento.
“Estamos trabajando sobre los datos, sobre las cifras, pero en los próximos días les voy a dar a conocer”, dijo tras el arranque del ciclo escolar 2018-2019 en la Secundaria Técnica 40.
Lamán Carranza Ramírez, titular de la Unidad de Planea-ción y Prospectiva, reiteró que el gobernador del estado aún no confirma si asistirá al Poder Legislativo, pues tiene la facultad de enviar su informe a través del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.
“Es una facultad, él puede tomar la decisión. Depende mucho de los vínculos que se establezcan. También de los temas de austeridad. El anterior fue un informe sin mayores costos y no tuvo mayor convocatoria. La intención era informar y por eso están los medios de comunicación, las redes sociales y el tú a tú con las personas”, aseguró.
La siguiente legislatura, a la cual toca recibir el informe del mandatario, tendrá mayoría de diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que ha sostenido diferencias con el Poder Ejecutivo local.
El 31 de julio, simpatizantes de ese instituto sitiaron la sede del Legislativo para impedir que se aprobaran las reformas a la Ley Orgánica, con las que por primera vez la presidencia de la Junta de Gobierno se rotará entre las fuerzas políticas con más representantes. Tras la intervención de elementos estatales, con quienes se enfrentaron, los morenistas acusaron represión.
El 2 de agosto, el gobernador declaró que no tiene diferencias con Morena ni con el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, responsabilizó a los diputados electos afines al Grupo Universidad, liderado por Gerardo Sosa Castelán, de la confrontación y aseguró que estos pretendieron asumir sus funciones antes de que concluya la legislatura actual.
El 8 de agosto, simpatizantes de Morena marcharon en Pachuca para exigir juicio político por los nombramientos y reformas aprobadas por el Congreso local.
