Si bien los resultados de las pasadas elecciones del primero de julio fueron una cátedra de voluntad democrática, la ciudadanía no dio un “cheque en blanco” a la clase política que habrá de tomar los puestos públicos, afirma el coordinador del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC), Mauricio Merino Huerta.
Durante su conferencia “El combate a la corrupción y la política nacional anticorrupción”, ofrecida en Oaxaca, sostiene que después del primero de julio “no nació otro México, ni tampoco se puede ir de espaldas al futuro”, de ahí que asegura, es necesario consolidar las instituciones y basar la política pública en evidencias.
Apunta en reiteradas ocasiones que, una cosa es la distribución democrática en las urnas y otra, el ejercicio democrático del poder, lo que ha sido confundido durante años en México y que ha provocado graves daños.
Al ofrecer un contexto de la situación del país, señala que persisten los agravios físicos, pero también la discriminación, la segmentación e inamovilidad social, todo lo que contribuyó a la determinación social de dar un nuevo rumbo, pero esto es apenas el principio.
*Construir escaleras
“México es un país de castas”, advierte. Y entre las razones se encuentran la corrupción, la opacidad y la falta de rendición de cuentas.
La “captura de lo público por parte del grupo político en el poder”, señala, ha mantenido estancado el país, al no existir movilidad social: solo el cinco por ciento de las personas que nacieron en situación de pobreza podrán salir de ella, sin importar su grado de estudios, el trabajo, ni ninguna otra circunstancia.
Y asegura, la clase política ha sido incapaz de reconciliar la libertad y la igualdad, por el contrario, ha generado mayor división. “Cualquier mecánica de exclusión o apropiación de lo público es corrupción”, afirma.
Entre lo público que se ha vuelto privado, refiere, se encuentra el presupuesto, que está en manos de unos cuantos, mientras que el resto acepta con “sometimiento” la repartición del dinero que es de todos, lo mismo ocurre con los puestos y las decisiones.
“Esto no cambió el primero de julio. Es necesario por tanto, exigir los derechos para que exista movilidad social y recuperar el sentido del mérito”, indica.
El profesor-investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asegura que si bien el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que la corrupción se barre como las escaleras, de arriba hacia abajo, no existen tales escaleras.
Y sostiene: no hay un sistema de evaluación de la política pública, ni tampoco un servicio de profesionalización en la administración basado en los méritos de los servidores públicos, ni contabilidad, se han perdido décadas de archivos a partir de la digitalización.
Por ello, plantea necesario construir esas escaleras para terminar con la corrupción que forma parte de un sistema y que alerta, no se acabará con meter a la cárcel a tal o cual servidor público, porque el sistema permanece pese a las personas.
El combate a la corrupción, señala, no es un problema de carácter moral, sino un sistema de gestión y administración, que requiere acceso a la información de manera más sencilla, rendición de cuentas, la modificación del sistema de contrataciones, transparentar los fideicomisos, una procuración de justicia eficiente con independencia judicial limitada, total apertura.
No basta con que el ejercicio de la autoridad sea democrático y honesto, se requiere vigilancia, exigencia, reclamo y someter al escrutinio las decisiones públicas, pero principalmente dejar de capturar lo público, concluye.
En el marco de la conferencia, también se firmó un convenio de colaboración entre el CIDE y el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIPO), el cual tiene como fin promover actividades de investigación y difusión en temas de rendición de cuentas, anticorrupción y transparencia.
