En un hecho sin precedentes la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), a través de su Dirección General de Asuntos Jurídicos, admitió a trámite la Denuncia de Investigación de Situación Excepcional, la cual fue radicada bajo el número ASEG/DGA(DISE/04/2018.
La denuncia fue presentada por Verónica Cruz Sánchez, José Roberto Saucedo Pimentel y Arnoldo Cuéllar Ornelas. Verónica Cruz es directora del Centro de Derechos Humanos “Las Libres”, y quien fue la primera mujer en recibir el premio de derechos humanos que otorga la prestigiada organización internacional Human Rights Watch.
Roberto Saucedo Pimentel es un reconocido activista por los derechos humanos; mientras que Arnoldo Cuéllar es uno de los periodistas de mayor trayectoria y reconocimiento en el estado de Guanajuato, y quien es actualmente director de Zona Franca.
La presentación de la denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato tiene como base la denuncia hecha sobre la omisión del Gobierno Municipal, en el cobre por derechos a la empresa Telecom México, relativos a la instalación de infraestructura particular para la transmisión de televisión por cable.
Esa empresa es la que transmite la señal del Grupo Televisivo TV Guanajuato, propiedad de Jorge Rodríguez Medrano, y respecto de la cual se han documentado cuantiosos contratos de publicidad, otorgados por el Gobierno municipal de Guanajuato, y por otros entes público, como el Organismo Operador de Agua Potable del propio municipio.
El análisis que llevará a cabo la Auditoría Superior deberá dar como resultado la determinación de si lleva a cabo o no un ejercicio de auditoría respecto del anómalo caso del no cobro, por un monto que se ha estimado en alrededor de 88 millones de pesos, y el cual, de resultar cierto, equivaldría a cerca del 23% del presupuesto anual municipal.
Se trata de un caso delicado porque, además, se ubica en la discusión nacional respecto de la Libertad de Expresión, y del uso que hacen los gobiernos, en todos los niveles y órdenes, de los recursos públicos para “premiar o castigar” a los medios de comunicación o a periodistas, de acuerdo con la línea editorial y el tipo de información que manejan.
Ahora, la ASEG se encuentra ante una oportunidad también histórica de dar un ejemplo a nivel nacional a favor de la libertad de expresión, y sentar un precedente sobre la transparencia y manejo apropiado de los recursos públicos. Si inicia una auditoría, como sería lo apropiado en un Estado de derecho donde no cabe la impunidad, estará emitiendo una determinación de alcance nacional, a través de la cual el mensaje es claro: es hora de garantizar que los recursos públicos deben utilizarse de manera transparente y legal; y que es hora de ponerle un “hasta aquí” al uso patrimonialista del dinero de la ciudadanía.
