Un mes después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló el uso del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRTH) para el desvío y la triangulación de recursos bajo un esquema similar al utilizado en la Estafa Maestra, el gobierno de Hidalgo hizo públicos los convenios suscritos entre el organismo paraestatal y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
A diferencia del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), que prefirió reservar por cinco años los contratos que firmó con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la administración hidalguense informó sobre los procedimientos en los que se asignaron millones de pesos sin licitación a presuntas empresas fantasma, ya que no fue localizado su domicilio.
Noé Mohedano Badillo suscribió entre 2014 y 2015, como apoderado legal del SRTH, dos convenios generales y siete específicos. En los documentos aparece la firma de Ramón Sosamontes Herreramoro, entonces Jefe de la Oficina y Comunicación, como representante de Sedesol.
El organismo local se comprometió en 2014 y 2015 a desarrollar la estrategia y programa anual de la dependencia; a cambio, la Sedesol entregó 955 millones de pesos; sin embargo, los servicios no se prestaron
Además, el personal del ente hidalguense recibió las instrucciones de a qué empresa contratar y les fueron proporcionados los entregables para comprobar los servicios en las oficinas de la Sedesol sin que los contratos se hubieran firmado aún, acreditó la ASF.
Parte del dinero que recibió el SRTH, más de 66 millones de pesos, terminó en los Banco Monex y CI Banco que más tarde lo transfirieron a cuentas en China, Corea y Estados Unidos.
La ASF también comprobó que tanto el SRTH como el SQCS contrataron a las mismas empresas, como Publicidad Natnit a las que entregaron más de 550 millones de pesos, “lo que deja ver una relación entre las empresas proveedoras, a fin de relacionarse con las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales para la simulada prestación de servicios y presunta aplicación indebida de recursos públicos”.
Las transacciones ocurrieron durante la administración de Sergio Islas Olvera, sentenciado en diciembre pasado por el delito de negociaciones indebidas por 77 millones 919 mil 524 pesos y quien enfrenta una otro proceso penal por peculado de 110 millones de pesos.
EMPRESAS FANTASMA
Las dos televisoras, lejos de atender los servicios solicitados por las dependencias federales, subcontrataron a empresas que se presume son fantasma, pues no fueron localizadas en sus domicilios fiscales.
En ambos casos se trata de documentos con los que la ASF ha señalado a dependencias que ha encabezado en diferentes momentos Rosario Robles Berlanga.
