La poderosa trasnacional, a cuya familia propietaria pertenece la actual secretaria de educación de los Estados Unidos, impone un sistema de terror en los llanos del sur de Jalisco, donde los ejidatarios libran una batalla desigual.
El ejido San Isidro exhibe la misma condición miserable de casi cualquier caserío rural en México. Un sendero calcinado por el sol invernal atraviesa las fincas de adobe en el que un conjunto de pequeños cuartos sirven de almacén de semillas y enseres para el cultivo que aun sobrevive en la zona donde Juan Rulfo se inspiró para escribir el Llano en llamas. En las inmediaciones, habilitada por gobernantes y políticos, una trasnacional lleva años amenazando la tranquilidad campesina.
El temor no es infundado. Tampoco el oponente es cualquiera. Se trata de Amway/Nutrilite S.R.L. de C.V., la empresa propiedad de la familia DeVos, cuyo miembro más notable en la actualidad es Betsy DeVos, la secretaria de educación del gabinete encabezado por Donald Trump. Los empresarios se hicieron en 1994 de 280 hectáreas comunales, valiéndose de artimañas jurídicas que terminaron por configurar un caso de despojo. Con esa tesis, una abogada subió el caso ante la ONU el 27 de octubre de 2017, en el marco de una asamblea extraordinaria en la que se abrieron los micrófonos para escuchar testimonios de víctimas de violación a los derechos humanos.
El consorcio fabricante de suplementos alimenticios opera en la zona flanqueada por militares y guardias privados, que durante años han sofocado cualquier intento de manifestación de los ejidatarios. Nadie ajeno a la empresa puede acercarse, sin ser agredido. La intimidación es la cara menos visible de lo que allí ocurre. La otra atañe a la salud. En ninguna, sin embargo, las autoridades locales han maniobrado en favor de los afectados.
Pero la secrecía con la que Amway/Nutrilite ha operado por casi un cuarto de siglo terminó al momento en el que Carmen Figueroa González, una abogada especializada en temas agrarios originaria de Ciudad Guzmán, tomó la tribuna durante el panel “Las voces de las víctimas” frente un centenar de representantes convocados por la Organización de las Naciones Unidas y habló sobre el contubernio que ha ignorado la lucha de los campesinos.
Pero sobre todo, la historia que enciende los llanos en una entidad agobiada por la impunidad y el crimen.
LLANO INTERVENIDO
Las llanuras rodeadas por montañas y cerros de la semidesértica literatura rulfiana, ahora lucen extensas carpas blancas de sembradíos con nombres de empresas extranjeras, en donde principalmente siembran aguacate, agave y limón. Estas tierras, ubicadas en la zona sur de Jalisco (Ciudad Guzmán, Tolimán, San Isidro, San Gabriel, Tuxcacuesco y cerro del Petacal), fueron la base inspiradora de Juan Rulfo cuando escribió el Llano en llamas, uno de los pilares de la literatura de habla hispana.
Las principales empresas beneficiadas por el Estado Mexicano y diferentes gobiernos locales, son Bioparques de Occidente S.A. de C.V. y Amway-Nutrilite S.R.L. de C.V.
El despojo se ejecutó, según cuenta la abogada agraria, el día 15 de febrero de 1994. Ese día, reunidos en el Club de Industriales de Jalisco, un grupo de funcionarios y de empresarios extranjeros lograron fraguar un acuerdo para no entregar las 280 hectáreas, que por un decreto presidencial se adjudicaron al ejido de San Isidro. Entonces los campesinos se levantaron en lucha.
En el documento que prueba la reunión –cuya copia obra en poder de Newsweek Jalisco-, se cita entre los asistentes al entonces delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Alejandro Díaz Guzmán, ahora funcionario del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco CIMEJ; al secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Arturo Gil Elizondo, hoy empleado de la Universidad de Guadalajara; al delegado de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Industrial, Gustavo Martínez Güitrón, quien falleció en agosto del 2017; y al subgerente de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, Rafael Hidalgo Reyes, también del CIMEJ.
La transnacional de los DeVos, envió a David Tuttle, José Roberto Vargas Maciel (quien posteriormente fungiría como director adjunto de la CONAFOR y también propietario temporal de una parte del predio “El Petacal”) y a sus abogados Enrique Romero Anaya y Adriana de Aguinaga, además de Sergio Vargas Maciel, hermano de Roberto. Es el grupo que representó al consorcio mediante un requerimiento legal dirigido a Arturo Warman Gryj.
Warman Gryj aparece como receptor del oficio en el cual el exgobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez solicita al entonces Secretario de Reforma Agraria la expropiación de tierras ubicadas en el ejido de San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, hoy municipio de San Gabriel. Lo anterior bajo el argumento de que dicho espacio, con una superficie de 2’800,000 hectáreas, sería utilizado con fines “de utilidad pública”.
El argumento aseguraba que el proyecto de Nutrilite S.R.L. de C.V. aparecía normado conforme al plan nacional de desarrollo 1995-2000, que pretendía superar la pobreza y el impulso a la producción de proyectos productivos.
Por su parte, Isaías Rivera, otro funcionario público, fungió como juez y parte durante el proceso jurídico. En su condición de procurador estatal, Rivera aparece como firmante en el expediente de la audiencia jurisdiccional registrada con el folio 350/16/200, y como asesor legal de la empresa Amway/Nutrilite. El desarrollo nunca llegó, pero la lucha por las tierras tenía ya un enemigo.
Y a partir de entonces las cosas cambiaron abruptamente para la comunidad de San Isidro, dice Raúl de la Cruz Reyes, actual miembro del complejo ejidal en disputa.
EL FIN DE LA LIBERTAD
Para llegar a lo que alguna vez fue una ranchería próspera, hay que viajar dos horas en autobús partiendo de Ciudad Guzmán rumbo a San Gabriel, pasando el poblado de El Jazmín y girar a la izquierda en el crucero de los Cuatro Caminos, donde según los propios pobladores, seguido funciona como tiradero de cadáveres. Un par de kilómetros adelante, la llegada al rancho la identifican ríos de árboles de aguacate enano, que fueron genéticamente modificados para que no pasen la estatura humana y se facilite su recolección. El oro verde es transgénico.
En el rancho, mientras Don Raúl explica, cuatro mujeres sentadas bajo la sobra de un frondoso encino platican y saludan a los transeúntes, que conforme pasan las horas se van haciendo menos. Una mujer espera junto a su hija el único camión que sale del poblado para refugiarse en Ciudad Guzmán –¡Ya casi pasa!–, le grita Raúl. Los más jóvenes hacen mecánica, mientras los niños persiguen animales o juegan con mazorcas y piedras. En el centro hay una cancha de basquetbol sin aro, enterrada parcialmente entre fragosidad vegetal y tierra seca. La vida en aparente calma.
Sin embargo, las aguas se agitan debajo.
“Es un problema que se vino dando con PROCEDE”, cuenta Raúl. “Ese programa venía siendo como un camino para las empresas trasnacionales que llegaban a un ejido para que pudieran saber cuánta superficie tenía cada quién y en qué estado estaba legalmente. Ahorita hemos tenido mucha represión nosotros como ejido; quieren adueñarse de nuestros terrenos. Hablando un poquito atrás, nosotros tenemos una resolución presidencial ejecutada parcialmente con 256 hectáreas que son las que tenemos. Ese es el punto rojo del huracán, porque las empresas quieren quitárnoslas. Son las aguacateras, las agaveras, los del limón… O sea, no quieren dejarnos nada”.
El intervencionismo a través de programas públicos, no fue el único obstáculo. Una vez que lograron ocupar el espacio que originalmente era de los trabajadores del sur de Jalisco, las transnacionales convirtieron en lucha la cotidianeidad de la vida campesina. Comenzando por el desalojo.
“Todo cambia radicalmente para la vida del campesino cuando llegan las trasnacionales, porque el campesino está impuesto a ir a su parcela”, prosigue Raúl. “Siempre en la parcela a donde vayas hay qué comer. Vas, traes tu leña, traes tus nopales, tus pitahayas, tus tunas y a lo mejor hasta puedes cazar un conejo. Pero llegando estas gentes que se adueñan de los terrenos y te vuelven esclavo en los invernaderos. Te levantan de tu casa a las seis de la mañana y regresas hasta las ocho de la noche. No te da tiempo ni de criar un puerco o una gallina. Finalmente es un tontismo: lo máximo que están pagando son mil pesos a la semana”.
El ejido se transformó. Ahora proliferan pequeñas edificaciones con menos de dos metros de frente habitadas por nativos y campesinos de pueblos aledaños que son utilizados como maquinaria de sustento en las grandes naves de siembra. Ahí mismo, dicen los empleados, se consiguen estupefacientes para que las arduas jornadas de trabajo bajo el sol del Llano Grande, no terminen por matarlos.
La brecha hacia aquellas parcelas se encuentra plagada por fosas con cruces improvisadas en concreto, algunas sin nombre ni flores. Otras simplemente en abandono.
Un ejidatario las explica de la siguiente manera:
“Pues se ha visto mucha drogadicción en esos albergues más que nada; la juventud ahí acaba. Aquí en San Isidro todavía no hay albergues, están más atrás. Ahí te tienen todo, ahí es como las tiendas de raya, ahí si te gusta la droga, ellos mismos te van administrando para hacerte rendir. Te traen todo drogado. No hay denuncias porque todo está muy aliado con las mafias y si alguien dice algo, al otro día no amanece. Conozco a varios jóvenes con los que yo he hablado y me han platicado lo que pasan ahí. Llegaron las empresas y llegó todo junto”.
IMPERIO FANTASMA
Nutrilete se publicita en internet como “un rancho”. Una serie de fotografías retocadas y saturadas de verde prometen en la web una empresa amigable con el ambiente y socialmente responsable. Está compuesta por 642 hectáreas y en sus instalaciones laboran 364 personas, el equivalente total de quienes habitan en San Isidro. En los hechos, es ahí donde se trabaja, desde que amanece hasta que anochece, en la siembra de alfalfa, berro, brócoli, espárrago, espinaca, mandarina, limón, nopal, orégano, perejil y toronja por mil pesos a la semana.
El consorcio Amway mejor conocido en México como Nutrilite, ha sido acreedor a más de 200 hectáreas de tierras jaliscienses. En algunos municipios donde tiene registro formal, como en Tepatitlán, el Gobierno del Estado de Jalisco aparece como proveedor de artículos de limpieza.
Sin embargo, los registros de cheques aún no se encuentran actualizados para consulta específica en el sistema de transparencia, por lo que la suma que recibe como proveedor se mantiene en la oscuridad.
Las tierras en discordia empresarial están ubicadas en el kilómetro 58 de la carretera a Ciudad Guzmán. Cuentan con una superficie total de 500 hectáreas, que originalmente pertenecían a la comunidad de San Isidro, la cual fue otorgada por Lázaro Cárdenas mediante un decreto presidencial en el año de 1939. Han pasado 79 años de una lucha constante ante el despojo.
Nada es producto de la casualidad, sino del oportunismo que permite la información privilegiada.
“Se da la compra de tierras para resolver el problema en Chiapas y toman el modelo para querérselo aplicar a San Isidro, el primero de enero de 1994 (…) Los de la reforma agraria, las tres gentes que vienen ahí que aparentan ser el comisariato, no eran ni siquiera ejidatarios. Los utilizó la reforma agraria diciéndoles —Señores, les voy a dar más tierras— porque en ese entonces, la reforma agraria estaba dando tierras por los problemas de Chiapas, pero nunca les dijo a ese grupo de gente —Ah, pero como ustedes van a firmar el ejido ya no va a recibir lo de El Petacal— los engañaron”, cuenta Carmen Figueroa, la abogada del caso San Isidro.
LAS CONCESIONES DEL OTRO CÁRDENAS
Otro de los exgobernantes que rechazaron apoyar a los campesinos, y que además se encuentra identificado por los ejidatarios como partícipe del despojo, es el panista Alberto Cárdenas Jiménez.
Según un documento emitido el 24 de febrero de 1999, registrado con el folio 122/95 y dirigido a la Secretaría General de Gobierno, el extitular del Ejecutivo se encontraba ya notificado del plan que ejecutaban otros empleados de gobierno a la par del consorcio Nutrilite, para sustraer a los campesinos de sus tierras. El documento también posee la firma del entonces secretario general de gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.
Se trata de una constante en la operación institucional, y ante ello los ejidatarios solicitan la ayuda internacional y se refugian en asociaciones civiles para recibir apoyo. Tal es el caso de la Red en Defensa del Maíz, quienes actualmente trabajan con el sistema de visibilización de la vida campesina en la zona rulfiana.
La red en defensa del Maíz es un espacio nacional de encuentro de comunidades indígenas, campesinas, organizaciones civiles, académicos y científicos que suele reunirse una o dos veces al año con la intención de idear la defensa del maíz, así como otro tipo de semillas y la vida campesina, sobre todo ante temas de despojo. Es el caso de San Isidro.
“Las tierras están invadidas por una empresa transnacional, de nombre Nutrilite, que su nombre real es Amway. Ellos llegaron en el 87 y compraron las tierras a través de un prestanombres porque antes de la reforma agraria del 94 las empresas transnacionales no podían adquirir terrenos en México”, dicen Evangelina Robles y José Godoy, encargados de la Red en Defensa del Maíz en Jalisco.
Actualmente, el amparo del ejido se encuentra en el Colegiado Segundo en materia administrativa del tercer circuito, en la ponencia del magistrado Filemón Haro, en espera de que se determine en favor de la ampliación del amparo. Dicho documento fue emitido durante el año 2000, cuando el presidente Vicente Fox Quesada era presidente de la República. El juicio continúa en espera de una resolución definitiva.
LA SEGUNDA EMPRESA INVASORA
Otra empresa calificada como invasora por las redes de defensa es Bioparques de Occidente S.A. de C.V., que cuenta con antecedentes de explotación y violación a los Derechos Humanos, e incluso fue acusada por la propia Fiscalía General del Estado de Jalisco por Trata de personas.
Sin embargo han recibido apoyo financiero del gobierno por más de 11 millones de pesos durante seis años, vía la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Newsweek Jalisco posee copias de algunos de los acuerdos que se efectuaron entre los grandes consorcios y los servidores públicos mencionados para lograr el incumplimiento de órdenes federales, con el fin de llevar a cabo la invasión de tierras que abarcan casi 300 hectáreas.
Según el sistema de transparencia de SAGARPA, el último cheque para la empresa Bioparques de Occidente S.A. de C.V., señalada por esclavitud, se emitió con el registro 1-3LK701 en favor de su apoderado legal, Leopoldo Ariel López Castelo, con el concepto de “Apoyos 2015”, por la cantidad de 160 mil 821 pesos.
La empresa dirigida por Leopoldo Ariel López Castelo, recibió dinero del erario en 2010, bajo el argumento de ser un consorcio socialmente responsable. En total fueron siete partidas presupuestales, que sumaron 5 millones 236 mil 345.55 pesos.
En el 2012, a través del programa de Atención a Jornaleros, Bioparques de Occidente recibió otra vez la misma cantidad, de acuerdo con las direcciones de transparencia del Gobierno de Jalisco.
Este caso fue revelado el 11 de junio del 2013 por la Fiscalía General del Estado, cuando se dio a conocer que 270 jornaleros eran víctimas de explotación en sus campos de cultivo.
Igual que con Amway, los intereses se imponen sobre la justicia. Al menos es lo que fue a denunciar la abogada Carmen Figueroa González ante la ONU.
